EscucharEn el eje de transparencia y lucha contra la corrupción del vigente Plan Nacional de Desarrollo (PND 2015-2018), se propuso una ambiciosa meta: mejorar el índice de percepción de la corrupción (IPC) en 12 puntos para el 2018 y que para el 2030 sea de 33, calificación actual de Canadá, por ejemplo.
Este desafío es enorme para Costa Rica, que en los últimos años no ha mostrado una variación significativa en su puntaje, que en el 2014 fue de 54 puntos de 100, y en 2013, 53.
Actualmente, ocupa el lugar 47 entre 175 países evaluados y es considerada una nación de “corrupción media”. En América, es superada en más de 20 puntos por Chile y Uruguay, lo cual no es una brecha menor.
Todavía está muy lejos de las mejores prácticas del continente y de la OCDE, a la que se aspira ingresar. Los países mejor evaluados no están exentos de corrupción, sino que son aquellos que logran contenerla, sancionarla y generar confianza en sus ciudadanos.
El índice de percepción de la corrupción aproxima el nivel de corrupción de un país por medio de las percepciones (sensación) de expertos, y es construido a partir de la agregación de diversas fuentes (Barómetros, Banco Mundial, The Economist , etc.).
Así, para mejorar el índice, se requiere que el país también suba su calificación en otras mediciones internacionales. Estas fuentes por lo general tienen referencias de uno o dos años atrás; es decir, el IPC del 2014 no mide el año en curso, sino el anterior o el trasanterior, dependiendo de la actualización de fuentes de información en cada país. Cuando un país logra una mejora significativa en sus condiciones, esta se verá reflejada en el índice con uno o dos años de atraso. Como toda medición internacional, la utilidad radica en que permite la comparación entre naciones y a largo plazo.
¿Qué hacer para mejorar? El acierto de asumir la probidad y la lucha contra la corrupción como ejes del desarrollo se desperdiciará si no se acompaña por intervenciones eficaces. Los casos exitosos en el mundo están basados en una “estrategia país” de transparencia, anticorrupción y probidad (TAP).
Así como se plantean estrategias a largo plazo en áreas cruciales (energía, pobreza, educación), la lucha contra la corrupción no avanzará significativamente si las acciones son dispersas, puntuales, coyunturales, residuales y reactivas. Los valiosos esfuerzos desarrollados hasta ahora por muchas instituciones públicas se diluyen si no existe una plataforma que les dé coherencia, liderazgo y un norte común.
La TAP requiere de la participación activa de las instituciones y actores involucrados en la lucha contra la corrupción para que sean estos quienes acuerden metas y estrategias de acciones conjuntas, faciliten la priorización, disminuyan la duplicidad de acciones y monitoreen y evalúen las políticas.
Deben incluirse acciones que den resultados a corto plazo y con carácter de urgencia, con otras a mediano y largo plazo, que puedan construir la sostenibilidad y la credibilidad de la estrategia.
El plan debe estar en consonancia con las convenciones contra la corrupción de la ONU y de la Organización Americana de Estados, la Declaración de Guatemala y la Alianza para el Gobierno Abierto, ente otras. Cada instrumento de estos está suscrito por Costa Rica y cuenta con herramientas, informes de cumplimiento y recomendaciones, que deberían tener una amplia difusión, pero actualmente ni siquiera se hacen públicos.
Dos objetivos. Derivados de los planteamientos de Costa Rica Íntegra en sus diversos proyectos, se sugieren dos objetivos urgentes de esta estrategia:
a) Reducir la impunidad, que conlleva fortalecer a los existentes órganos de combate a la corrupción, dotarlos de recursos necesarios en áreas estratégicas, especialmente a la Procuraduría de la Ética y a la Fiscalía especializada en estos temas en el Ministerio Público, en las cuales se concentra la potestad de sanción de los responsables. Además, revisar y ajustar la legislación y aumentar las penas para los delitos de cuello blanco, que actualmente no son proporcionales con otras faltas.
b) Apoyo firme al desarrollo de los principios de gobierno abierto mediante la promoción de la participación de la sociedad civil en la cocreación del Plan Nacional de Gobierno Abierto 2015-2018, y que las instituciones públicas uniformen y amplíen su política de transparencia y la utilización de tecnologías de información (sistema de compras en línea, páginas web interactivas y dinámicas, redes sociales, elaboración de material audiovisual), con su rendición de cuentas y una gestión de prensa más proactiva.
Es difícil recordar otra coyuntura reciente en donde las condiciones políticas fueran más propicias para lanzar una “estrategia país” TAP, con gran anuencia a colaborar de parte de grupos organizados de la sociedad civil y las academias. La actual administración tiene la oportunidad de dejar un importante legado en este proyecto, coherente con los principios de su partido y su promesa de liderar un gobierno de acción ciudadana.
La autora es vicepresidenta de la asociación Costa Rica Íntegra.
