20 febrero, 2015

Es ya mucho el tiempo que ha transcurrido a lo largo de la discusión nacional sobre la descentralización y el desarrollo local. El Estado Nacional creció aceleradamente durante los tres primeros cuartos del siglo pasado, justificado por la expansión de la población, la concentración urbana y la demanda de servicios para la producción y por parte de la mano de obra requerida. Sin embargo, desde la primera crisis del petróleo y sus posteriores repercusiones en la década del 80, el endeudamiento gubernamental, la burocracia y la corrupción cobraron su factura en forma de crónico déficit fiscal, deterioro de las funciones básicas y desconfianza pública.

En aquel momento, algunas miradas se volvieron hacia los gobiernos municipales como forma de recuperar los niveles de desarrollo alcanzados y sostener la credibilidad en el sistema. A pesar de ello, desde el origen de esa propuesta descentralizadora, muchos se declararon resistentes a dar espacios de poder y recursos de las autoridades locales.

Hoy, los críticos se mantienen firmes en su negativa, reafirmando sus argumentos: la crisis fiscal impide trasladar recursos desde el Gobierno Central hacia las municipalidades; estas son incapaces de administrar servicios de forma eficiente y con calidad; los ciudadanos no tienen control de la administración pública local; impera la improvisación y la visión clientelista y populista en las acciones de alcaldes, regidores y síndicos, entre otras expresiones reiteradas.

Tema ausente. En el actual período gubernamental de Solís Rivera el tema está totalmente ausente de la agenda. No se conoce una sola intención válida que conduzca a pensar que se avanzará. Mientras tanto, hay reformas constitucionales y legales aprobadas que abren la puerta a la transferencia de competencias y de recursos desde el nivel central hacia el nivel local, pero que cayeron en la gaveta de la letra muerta debido al desprecio y la conveniencia de grupos de poder, tales como sectores corporativos de políticos y empresarios, burócratas, gremios y otros. La gente espera recibir servicios de calidad y percibir el desarrollo de su comunidad, en lo social y económico; cuando eso no lo obtiene, entonces su impulso es castigar a quien lo haya engañado por el mal uso de los fondos que le confió. Siente que no tiene control de la situación y la única forma de resarcirse es desplazando cada cierto tiempo al partido político que puso en el poder. Ya lo hizo en la elección del año pasado, como también lo intentó hacer antes, pero las posibilidades se agotan. ¿Qué ocurrirá si nuevamente este pueblo se enfrenta a una decepción?

¿Es posible que el problema no está en los partidos o en las personas que elegimos? ¿Puede ser que el nudo que no hemos logrado desatar está en el modelo de Estado que practicamos? Si esto fuera así, ¿hay posibilidades de un acuerdo sostenible para modificar esta estructura de Gobierno? ¿Hay alguien pensando y diseñando soluciones en las organizaciones sociales, los partidos, en la Asamblea Legislativa, en el Gobierno y sus instituciones?

¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuándo empezaremos?

El autor es economista.