11 mayo, 2014

MELBOURNE – ¿Debería poder un Gobierno privarnos de la ciudadanía?

En el Reino Unido, el Gobierno ha tenido competencia jurídica desde 1918 para revocar la ciudadanía de los británicos nacionalizados, pero, hasta los ataques terroristas con bombas en el sistema de transporte de Londres en el 2005, raras veces la ejercía. Desde entonces, el Gobierno de Gran Bretaña ha revocado la ciudadanía de 42 personas, incluidos 20 casos en el 2013. La ministra del Interior británica, Theresa May, ha dicho que la ciudadanía es “un privilegio, no un derecho”.

La mayoría de esas 42 personas tenían doble nacionalidad. No así Mohamed Sakr. Sus padres llegaron a Gran Bretaña procedentes de Egipto, pero él no era ciudadano egipcio. Así, pues, al privarlo de la ciudadanía, el Gobierno del Reino Unido lo convirtió en un apátrida.

Sakr apeló la decisión desde Somalia, donde estaba viviendo. Su fundamentación era muy sólida, porque más adelante el Tribunal Supremo del Reino Unido falló en un caso diferente que el Gobierno no tiene competencia para convertir a una persona en apátrida. No obstante, no continuó con su apelación, al parecer porque le preocupaba que la utilización de su teléfono portátil estuviera revelando su localización a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Unos meses después, estando aún en Somalia, fue muerto por un ataque de un avión americano no tripulado.

Ahora, en parte por el temor a que los británicos que se han incorporado a los combates en Siria regresen a cometer actos terroristas en su país, el Gobierno ha propuesto una legislación que le permita revocar la ciudadanía de los británicos nacionalizados, sospechosos de participación en actividades terroristas... aun cuando con ello se conviertan en apátridas. (Desde el comienzo de este año, más de 40 británicos han sido detenidos como sospechosos de participar en actividades militares en Siria). La Cámara de los Comunes aprobó esa legislación en enero, pero en abril la Cámara de los Lores votó a favor de enviarla a una comisión parlamentaria conjunta para que la examinara más detenidamente.

En los Estados Unidos, los motivos para revocar la ciudadanía son limitados: por ejemplo, haber cometido un fraude al solicitar la ciudadanía o prestar servicio en el ejército de otro país. Seguramente, incorporarse a una organización terrorista hostil a los Estados Unidos es aún peor que incorporarse a un ejército extranjero, porque es más probable que los blancos de las organizaciones terroristas sean civiles.

Pero una diferencia importante es la de que, si las personas que se incorporan a las fuerzas militares de otros países pierden su ciudadanía estadounidense, es de suponer que se conviertan en ciudadanos del país a favor del cual están luchando. Las organizaciones terroristas no suelen tener semejantes vínculos con un Estado determinado.

La Convención de las Naciones Unidas para reducir los casos de apatridia, de 1961, de la que Gran Bretaña es signataria, sí que permite declarar apátridas a sus ciudadanos, si se demuestra que han hecho algo “perjudicial para los intereses vitales del país”. La legislación que el Parlamento del Reino Unido tiene actualmente ante sí no requiere prueba judicial ni pública alguna, ni siquiera la alegación menos grave de que la presencia de una persona en el país es perjudicial para el bien público.

En caso de que la persona cuya ciudadanía se revoque recurra esa decisión, el Gobierno no está obligado a revelar al recurrente las pruebas en que se basa. Aunque es inevitable que los Gobiernos cometan errores de vez en cuado en casos semejantes, los jueces o los tribunales no podrán investigar las pruebas que se les presenten. Otra posibilidad, más siniestra, es el abuso deliberado de dichas competencias para librarse de ciudadanos cuya presencia en el país sea simplemente inconveniente.

Dice mucho en favor de un sistema de apelación que permita un examen exhaustivo y justo de las decisiones de revocación de la ciudadanía, pero los Gobiernos responderán que poner las pruebas a disposición de una persona de la que se crea que forma parte de una organización terrorista podría revelar las fuentes y los métodos de los servicios de inteligencia, con lo que pondría en peligro la seguridad nacional.

La capacidad para revocar la ciudadanía sin presentar pruebas en público es una razón por la que un Gobierno puede preferir esa vía en lugar de la de detener y someter a juicio a sospechosos de terrorismo, y, sin embargo, la simple revocación de la ciudadanía no resuelve el problema de dejar en libertad a un sospechoso de terrorismo, que después podría cometer un ataque en otra parte... a no ser que, como Sakr, lo maten.

La cuestión más amplia planteada por la legislación propuesta en el Reino Unido es el deseable equilibrio entre los derechos individuales, incluido el de la ciudadanía, y el bien público. Supongamos que el Gobierno acierte 19 veces de 20 cuando se base en la sospecha de participación en actividades terroristas para revocar la ciudadanía de personas. Si fuera así en el caso de las decisiones adoptadas por el Gobierno del Reino Unido en el 2013, seguiría habiendo una gran probabilidad de que un ciudadano naturalizado inocente quedara convertido en apátrida. Se trata de una grave injusticia.

Sin embargo, supongamos que las 19 personas de las que se sospeche correctamente su participación en actividades terroristas pudieran regresar a Gran Bretaña y una de ellas cometiese un ataque terrorista similar a los perpetrados con bombas en el sistema de transporte de Londres, que mató a 52 personas inocentes (también murieron los cuatro terroristas). Ante semejantes atrocidades, resulta difícil insistir en que los derechos individuales son absolutos. ¿Es mejor que se convierta injustamente en apátrida a una persona inocente o que mueran 52 personas inocentes y muchas otras resulten heridas?

No se puede pasar por alto el daño mucho mayor causado por el ataque terrorista, pero, cuando un Gobierno democrático empieza a revocar la ciudadanía y a convertir en apátridas a personas, sienta un precedente para regímenes autoritarios que deseen liberarse de los disidentes expulsándolos, como hizo la antigua Unión Soviética con el poeta y después premio nobel Joseph Brodsky, entre muchos otros. A falta de una ciudadanía mundial, puede ser mejor conservar el principio de que no se debe revocar la ciudadanía sin una audiencia judicial.

Peter Singer, profesor de Bioética en la Universidad de Princeton y profesor laureado en la de Melbourne, es autor de varios libros, entre ellos One World (Un solo mundo) y The Life You Can Save (La vida que podéis salvar). © Project Syndicate.