28 marzo, 2015

No hay duda de que Costa Rica es un país que, en el contexto latinoamericano, muestra diferencias importantes a su favor en calidad de vida, garantías laborales, seguridad social y otros indicadores que miden cuán llevadera es la existencia para las mayorías. Sin embargo, nada de esto es eterno e inmutable: siempre está en riesgo. Tampoco es gratuito: se origina en desarrollos históricos perfectamente identificables en nuestra vida republicana.

Quizás nos hemos acostumbrado a pensar que la defensa de ese conjunto de instituciones, costumbres y mecanismos debe hacerse, principalmente, con grandes discursos, debates, manifestaciones políticas o con planteamientos abstractos. Es posible que eso ayude; sin embargo, es, en todo caso, claramente insuficiente.

De un lado tenemos a quienes dicen que ese conjunto de privilegios sociales depende, exclusivamente, de la productividad de la economía. Sin embargo, esta tesis recibió, recientemente, un torpedo de parte del economista Thomas Piketty.

En la contraparte, tenemos a quienes creen, o actúan como si lo creyeran, que la promulgación de un derecho o la creación de una institución es garantía de acceso generalizado y permanente a su disfrute.

Les tengo malas noticias a unos y otros.

Generar riqueza de espaldas a los problemas de las mayorías –problemas que, por cierto, solo se enfrentan con instituciones y con una sólida cultura de defensa de lo público– no genera sociedades equitativas, seguras y felices. En este caso, la mala noticia es que ser rico en una sociedad insegura y desigual es como tener “confites en los infiernos”.

A quienes, por su parte, piensan que la sola existencia de una ley, institución o derecho es garantía imperecedera de su disfrute y de la obtención automática de sus beneficios, hay que decirles que no es así.

Tres consideraciones. Y aquí quería arribar. Permítanme hacer tres consideraciones que me parecen cruciales sobre el estado actual del aparato institucional costarricense, sobre el que descansa la construcción de lo público:

Por distintas razones históricas, políticas, económicas y de cambio tecnológico, nos encontramos en un punto de inflexión. Muchas prácticas institucionales que antes funcionaron con éxito hoy son completamente improductivas. La organización institucional costarricense responde, en general, a una visión de Estado de mediados del siglo XX, si bien su configuración definitiva concluyó en la década del 70.

Es cierto que hay versiones de las décadas del 80 y 90 de algunas leyes que rigen la institucionalidad, pero ninguna en particular, ni todas en su conjunto, alcanzaron a reorientar el desarrollo originalmente pensado.

Los programas permanentes, las funciones regidas centralizadamente, la ausencia total de monitoreo sistemático de la producción, la abundancia de incentivos perversos, la rigidez en la asignación de los recursos y otros graves problemas, tienen estancada la productividad institucional.

Es imprescindible entender que las instituciones públicas son las herramientas reales que llevarán a efecto cualquier propuesta de cambio, no los discursos ni las buenas intenciones. Pero para ello deben cambiarse a sí mismas. Eso requiere conocimiento, liderazgo, compromiso y visión estratégica. Hay que superar la degradación funcional que se origina en la confusión entre medios y fines, la ausencia de evaluación de impacto, el controlismo previo, el reglamentarismo enfermizo.

Hay que combatir la endogamia y recuperar el tiempo perdido. Si no se mete el bisturí, con precisión y determinación, en el funcionamiento del complejo entramado institucional, todo sueño de cambiar cosas quedará en palabras que el viento se llevará, y todos, sin importar a qué clase social pertenecemos, perderemos una oportunidad valiosa: heredar a nuestros nietos un país que siga en posición privilegiada en su contexto regional.

Como sociedad, debemos retomar la obra de Braulio Carrillo, Tomás Guardia, Alfredo González Flores, Manuel Mora, Rafael Ángel Calderón Guardia y José Figueres Ferrer, para refundar y reforzar la arquitectura institucional de cara al siglo XXI.

El autor es consultor en gerencia pública.

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