EscucharLONDRES – La relación entre los negocios, la política y el medioambiente está a punto de tornarse más complicada. A medida que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con desmantelar protecciones ambientales vitales, algunas de las cuales han existido durante décadas, los líderes empresariales están cada vez más conscientes –y actúan consecuentemente– en cuanto a la necesidad de tener medidas políticas ambientalmente sostenibles.
Trump, que en alguna ocasión llamó al cambio climático un engaño de la China destinado a debilitar la economía estadounidense, ya ha derogado la norma de protección de riachuelos, que impide que los productores de carbón descarguen desechos en las vías fluviales.
Lo siguiente que pase por la guillotina pudiese ser el Plan de Energía Limpia, que limita las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las plantas generadoras –de lejos la fuente más grande de emisiones de CO2 de EE. UU.–, cuyo objetivo es reducir, hasta el año 2030, la contaminación de carbono del sector de energía a niveles 32% por debajo de los del año 2005. La administración Trump ha amenazado incluso con retirarse del Acuerdo Climático de París, al que los gobiernos del mundo se comprometieron en el año 2015.
Hace una década, los líderes empresariales habrían, en gran medida, dado la bienvenida a tales políticas ambientales regresivas, que pueden reducir los costos y ampliar las oportunidades mediante la reducción de las restricciones al comportamiento de sus empresas, pero hoy, si bien los mercados responden con optimismo a las promesas de Trump –no solo con respecto a la desregulación y los recortes de impuestos, sino también a las promesas de un plan de infraestructura de millones de millones de dólares que incluye la reactivación del carbón– los líderes empresariales permanecen cautelosos.
En particular, ellos tienen serias reservas sobre una posible retirada del Acuerdo Climático de París. Cualquier beneficio que se pudiera derivar de una economía de baja regulación no compensaría el daño causado por la renuncia a compromisos ambientales que se consideran vitales para el éxito empresarial estadounidense.
Algunos ya están haciendo oír su voz sobre el asunto. Desde la elección de Trump, cientos de empresas e inversionistas, muchos de ellos estadounidenses, han firmado una carta abierta, llamada “Las empresas respaldan el carbono bajo” pidiendo que la administración Trump no retire a Estados Unidos del Acuerdo de París. Estas empresas, que incluyen grandes multinacionales, creen que el fracaso en la construcción de una economía baja en carbono pondría en peligro la prosperidad de Estados Unidos.
Hay investigaciones recientes convincentes para apoyar este punto de vista. El mes pasado, un estudio de Energy Innovation mostró que la sola eliminación del plan de energía limpia podría costar $600.000.000 y causar 120.000 muertes prematuras hasta el año 2050.
Por el contrario, los esfuerzos por construir una economía más sostenible traerían beneficios de largo alcance. Un informe de diciembre del 2016 del proyecto Risky Business, dirigido por directores ejecutivos estadounidenses y exlíderes municipales y federales, muestra que los ahorros en costos de combustible provenientes de una reducción del 80% en las emisiones de CO2 hasta el año 2050 podría superar la cifra de inversión requerida de capital en $150.000 millones.
En enero pasado, la Comisión de Comercio y Desarrollo Sostenible que presido, calculó en su informe insignia que las empresas podrían desbloquear 12 millones de millones de dólares a escala mundial en ingresos y ahorros mediante la búsqueda de modelos sostenibles de negocios. Estos modelos también pueden crear hasta 380 millones de empleos, hasta el año 2030 en sectores económicos clave, incluyendo los sectores de agricultura y alimentos, energía, transporte, salud y gobierno municipal. Solo en el sector energético, las oportunidades se valoran en $4,3 millones de millones.
Las estrategias empresariales están cada vez más en línea con estos hallazgos. En el año 2005, muy poco después del huracán Katrina, que devastó la costa del golfo de Estados Unidos y afectó a una importante base regional de consumidores de Walmart, el entonces director ejecutivo de esta compañía, Lee Scott, pronunció un discurso revelador titulado “Liderazgo del siglo XXI” que estaba dirigido a todos los empleados de la compañía. Scott estableció metas ambientales significativas, como parte de una visión más amplia para que Walmart se convierta en un ciudadano corporativo más responsable.
Hoy, Walmart es una empresa comercial líder en energía solar y energía renovable in situ, derivando alrededor del 25% de su consumo de energía total a partir de fuentes renovables. (El objetivo de la compañía, tal como fue establecido por Scott, es llegar a depender totalmente de energías renovables). Al aumentar la eficiencia de su flota estadounidense de camiones, Walmart evitó la emisión de casi 650.000 toneladas métricas de CO2 entre los años 2005 y 2015, y ahorró cerca de 1.000 millones de dólares en el año 2016 solamente.
Otra compañía estadounidense, Mars, Inc., está en un camino similar. Mars una de las compañías signatarias de la carta “Las empresas respaldan el carbono bajo” está trabajando para eliminar totalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2040, a través de una mayor eficiencia e inversión en proyectos de energía renovable, como turbinas eólicas. El director ejecutivo de la compañía, Grant Reid, es también miembro de la Comisión Comercial de Negocios y Desarrollo Sostenible.
Pero, si bien se necesita de los líderes empresariales y de la acción colectiva para crear una economía sostenible e inclusiva (un mensaje central del informe de nuestra Comisión), el sector privado no puede hacerlo solo. El gobierno debe ser un socio activo, ayudando a escalar las actividades sostenibles mediante la creación de condiciones de mercado que estimulen una “carrera hacia la cima” y desbloqueen el financiamiento necesario para mantener a EE. UU. competitivo e innovador.
Por lo tanto, no es suficiente simplemente oponerse a las políticas ambientalmente perjudiciales de Trump; las empresas necesitan poner a la administración Trump de su lado, de manera que las autoridades de EE. UU. creen un entorno que aliente las prácticas sostenibles y la innovación verde. Ese entorno podría incluir la fijación de precios del carbono, precios que una cantidad creciente de empresas ya busca implementar internamente, y créditos de impuestos otorgados por la eficiencia de carbono.
Los propios negocios de Trump se han beneficiado de tales intervenciones gubernamentales. Como el New York Times reveló recientemente, en el año 2012, Trump se cercioró de recibir casi un millón de dólares en incentivos de eficiencia energética y préstamos a bajo interés del estado de Nueva York.
Una oleada de apoyo de base no partidista proveniente de los directores ejecutivos podría ser la clave para estimular la acción necesaria. Antes de la conferencia climática de París, los políticos sabían que los activistas ambientales querían un acuerdo para limitar el cambio climático; no obstante, es posible que, en última instancia, lo que los llevó a actuar fue descubrir que los directores ejecutivos y juntas directivas tenían los mismos sentimientos que los activistas.
Los líderes empresariales tienen que mostrar a Donald Trump que no baten palmas a favor del carbón, la contaminación y el calentamiento global. Ellos son campeones decididos de un ecologismo ilustrado que va a favor de los intereses de todos quienes tienen intereses en sus empresas, es decir de sus clientes, accionistas y empleados, y de las comunidades en las que todos ellos operan.
Mark Malloch Brown, ex subsecretario general de la ONU y ministro de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido para África, es presidente de la Comisión de Comercio y Desarrollo Sostenible. © Project Syndicate 1995–2017
