Opinión

El empleo público y el INS

Actualizado el 21 de marzo de 2014 a las 12:00 am

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El empleo público y el INS

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El problema más serio que tienen las finanzas del Estado costarricense es el costo del empleo público. De un presupuesto anual que ronda los ¢6,6 billones, más de una tercera parte –¢2,2 billones– se destina a pagar salarios del Gobierno central.

Tomando en cuenta las transferencias corrientes, cuyo dinero casi en su totalidad se destina a remuneraciones, tenemos que alrededor de un 60% del presupuesto nacional queda en manos de 295.000 funcionarios, que representan un 15% de la fuerza laboral del país. Dicho sector cuenta con una cantidad irracional de privilegios que los convierten en el único gremio de trabajadores públicos de Latinoamérica que ganan entre un 23% y un 50% más que sus contrapartes en el sector privado. Las bonificaciones y los pluses que conceden las 54 convenciones colectivas de las instituciones estatales son tan bondadosos que un aumento a la base de un 0,43% se convierte automáticamente en un alza salarial de entre 5% y 9,17%.

Privilegios y desigualdad. Desde el 2009 a la fecha, los salarios del sector público han aumentado un 35%, más del doble de la inflación, y, aun así, los dirigentes sindicales no están contentos y convocan a huelga. El actual ministro de Hacienda, Edgar Ayales, explica con claridad meridiana que “se está creando un sector privilegiado, y está siendo uno de los elementos que más incide en la desigualdad”. Él mismo ha insistido en la urgencia de una reforma del empleo público para poner un freno al gasto, pues, de lo contrario, será muy difícil justificar un paquete de impuestos.

A propósito del empleo público, en el Instituto Nacional de Seguros (INS) se prepararon para ser más eficientes y así poder enfrentar la apertura del monopolio de los seguros. A sabiendas del lastre que significa una planilla con salarios de hasta 50% más de lo que paga la competencia, y ostentar el no muy honroso primer lugar en el ranquin de entidades públicas y privadas a las que más se les incapacita el personal, el presidente ejecutivo del INS, don Guillermo Constenla, afrontó el reto de mejorar la gestión y la eficiencia o, en su defecto, sentarse a observar cómo los competidores le pasaban por encima. Por medio de recursos de inconstitucionalidad, ha logrado eliminar algunas prebendas como las incapacidades, la posibilidad de acumular hasta seis meses de vacaciones, o retirarse con doble cesantía. Sin embargo, todavía quedan vicios como que el 63% del personal tiene 42 días de vacaciones al año, la convención colectiva tiene un costo anual de ¢10.000 millones, el tope de cesantía es de 20 años, y, de acuerdo al artículo 139 de la convención colectiva, la CCSS paga el 60% del salario por incapacidad y el INS debe cancelar el 40% restante para llegar al 100%.

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Insurance Servicios. Ante este panorama, el INS creó una subsidiaria llamada Insurance Servicios, que le ha permitido la flexibilidad de realizar actividades nuevas que no hacía antes o subcontrataba a proveedores externos. Dichas actividades incluyen el servicio de call center, inspección en sitio de accidentes, asistencia vehicular en carretera, recuperación, venta e importación de repuestos (Huaca-INS), cobro de incobrables, inspección de patronos que no pagan Riesgos del Trabajo, peritos de accidentes de automóvil y siniestros varios, y venta en línea de seguros autoexpedibles, para mencionar algunos.

Esto ha significado un ahorro para la institución de $40 millones solo en el año 2013. Insurance Servicios tiene una planilla de 1.300 funcionarios que se rigen por las políticas laborales establecidas en el Código de Trabajo y tienen los beneficios de una asociación solidarista, pero no lucran de los privilegios abusivos de la convención colectiva, ya que en un régimen de competencia sería insostenible. De hecho, cuando un empleado deja de laborar para la empresa, se valora la posibilidad de contratarlo a través de Insurance: De esta manera, finalmente se le está poniendo coto al crecimiento exponencial de la bola de nieve de gollerías sindicales.

Hospital del Trauma. El recién inaugurado Hospital del Trauma S. A. es otra subsidiaria del INS que, con una inversión de $70 millones, es el hospital más moderno de Centroamérica. El proceso de contratación de los 452 empleados se está llevando a cabo bajo el mismo esquema laboral de Insurance, por lo que proyectan ser igual o más rentables que un hospital privado, y de esta manera esperan ahorros anuales de $10 millones.

Los resultados de la buena gestión del INS saltan a la vista, del año 2006 al 2013 el patrimonio ha aumentado de $250 millones a $1.250 millones, y las utilidades después de impuestos ascienden a $95 millones en el año 2013. Por ley, el INS debe repartir un 25% de las utilidades anuales al Ministerio de Hacienda, por lo que, el año pasado, el fisco recibió $25 millones.

Por razones fiscales, urge que el próximo gobierno promueva una reforma del empleo público equitativa y respetuosa de los derechos adquiridos. Dicha negociación entre el Poder Ejecutivo y los gremios sindicales será muy compleja, y los frutos posiblemente no se verán a corto plazo. Por eso, don Luis Guillermo Solís debe considerar sin dilaciones congelar el empleo público, replicar el modelo de gestión del INS en instituciones como el ICE, Recope y Japdeva, y, respecto al nombramiento del presidente ejecutivo del INS, debe ser una persona que no ceda ante las presiones sindicales y se comprometa con el exitoso modelo implementado en la institución.

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