EscucharSecretos de alcoba aparte, el conflicto interno de Gas Zeta –que generó el desabastecimiento del mercado nacional– desnuda algunas de las principales debilidades de los mercados excesivamente regulados e intervenidos por el Estado.
En un mercado libre, los conflictos internos de una empresa serían inmediatamente aprovechados por sus competidores para llenar el vacío dejado e incrementar su porcentaje de participación. En Costa Rica, los distribuidores de gas pueden participar en el mercado únicamente mediante concesión o permiso otorgado por el Minae, cuya obtención presupone una carrera de obstáculos digna de Combate, pero con neuronas, amén de mucho capital y algo de “patas”.
Hasta el inicio de esta crisis, operaban en Costa Rica únicamente Gas Nacional Zeta, con un 72% del mercado, y Gas Tomza con el restante 28%. Ahora, a la carrera y bajo presión, el Minae ha otorgado un tercer permiso a una empresa que no cuenta aún con los equipos necesarios para brindar el servicio de manera adecuada.
Peor aún, hasta hace pocos días, el Minae prohibía a las gaseras llenar los tanques de sus competidores, lo cual impedía a Tomza aprovisionar a los clientes de Gas Zeta que se estaban quedando sin gas para cocinar. Nuevamente a la carrera, el Minae se vio obligado a eliminar tan ridícula regulación, y permitió, como en todo país civilizado, el llenado universal.
Duopolio inflexible. El desabastecimiento del mercado lo originó un divorcio mal resuelto entre los dueños de Gas Zeta, pero es culpa de un sistema perverso que no permite el surgimiento de nuevos competidores que vengan a llenar el vacío. Lo que tenemos es un duopolio inflexible –cortesía del Estado costarricense– e incapaz de responder a las necesidades de los consumidores.
Para agravar la situación, la Comisión para Promover la Competencia no tiene potestad para intervenir y forzar la apertura del mercado del gas a nuevos distribuidores, según lo explicó su directora, Victoria Velásquez, en enero del 2012, cuando se fusionaron las empresas Zeta y Tropigás. Hasta ese momento, había al menos tres gaseras, cada en posesión de alrededor de un tercio del mercado.
Por si fuera poco, la Aresep, encargada de fijar las tarifas y, por ley, de velar por la calidad y continuidad de los servicios públicos que regula, se declaró inicialmente incompetente en este asunto, por cuanto no es esa Autoridad la que emite las concesiones a las gaseras.
En su opinión, correspondía al Minae, como ente concesionante, encontrar la solución y determinar las sanciones por la interrupción del suministro.
El Minae, por su parte, alega que, a pesar de ser el que otorga la concesión, sus potestades sobre el mercado son de carácter técnico y la supervisión que hace de las concesionarias se limita a aspectos relacionados con la calidad del producto y la seguridad de la operación.
Y así se estuvieron tirando la pelota de un lado a otro, mientras sodas, pulperías, hoteles y hogares se quedaban sin gas para cocinar. Finalmente, la Aresep accedió a iniciar la investigación para determinar si cabe la revocación de la concesión de Gas Zeta o alguna otra sanción.
No ha faltado, por supuesto, quien sugiriera que la solución al problema es autorizar a Recope a distribuir gas a los consumidores finales.
Es decir, poner al Estado –a una empresa pública en este caso– a adquirir camiones distribuidores, planteles y puntos de atención al público, contratar choferes y personal de envasado con privilegios y gollerías de convención colectiva, etc., para dedicarse a una actividad netamente comercial. “Un divorcio no produciría desabastecimiento”, dicen. Pero una huelga sí, y los perjuicios serían de mayor magnitud.
Más apertura. Ciertamente, tratándose de un producto cuyo trasiego es delicado y potencialmente peligroso, son necesarias las medidas y regulaciones de seguridad que garanticen el bienestar de quienes trabajan en ese campo, así como de los consumidores finales y del resto de la ciudadanía que, aun sin utilizar gas para cocinar, podría ser víctima de un accidente en su transporte o almacenamiento. Pero nada de esto tiene que ver con limitar el número de participantes en el mercado.
La solución es más apertura, no más intervención. El Minae debería publicar los requisitos de seguridad y autorizar la operación de cualquiera que demuestre que los cumple.
La discrecionalidad del funcionario público para escoger concesionarios, la maraña regulatoria que encarece la actividad y fomenta la informalidad, la excesiva concentración del mercado en dos o tres operadores, son todos factores que atentan contra la eficiencia, la transparencia, la seguridad y el bienestar de la mayoría.
Hay que poner los intereses de los usuarios de los servicios públicos de primero. Y eso solo se logra permitiendo mayor competencia en el mercado.
EliFeinzaig es economista.
