28 abril, 2015

Don Kenneth E. Morris ( Cartas, 22/4/2015) leyó mi artículo, “Castillos en el aire” ( Opinión, 19/4/2015), pero no lo entendió. Me achaca haber dicho que “las leyes de la oferta y la demanda, más las reglas de la lógica, hacen innecesaria una nueva ley para proteger a los inquilinos de aumentos excesivos de alquiler”.

Una relectura pausada le permitirá descubrir que utilicé los principios de la lógica únicamente para develar que los proponentes de dicho proyecto de ley se basan en prejuicios y corazonadas, mas no en datos reales ni verificables.

Me atribuye, además, de haber descrito “un sueño económico incompleto y falso” para argumentar después que en el mundo real “hay gastos de las transacciones que modifican las leyes de la oferta y la demanda”.

Si bien la primera parte es cierta –en la economía real hay costos de transacción –, es incorrecta la sentencia de que ellos modifican las leyes de la oferta y la demanda. A lo sumo, modifican la estructura de la demanda o de la oferta, según sea el caso. Pero las leyes de la oferta y la demanda sobreviven incólumes, como lo han hecho desde que el hombre vive en sociedad.

Para que nos entendamos, un ejemplo de costo de transacción es en el que incurre un consumidor al comparar precios en distintos comercios. Para comprar un paquete de chicles de ¢500, cuyas diferencias serán de ¢50 para arriba o para abajo entre un comercio y otro, nadie en su sano juicio se trasladará más que un par de cuadras para hacer comparaciones. En la compra de un vehículo, donde el ahorro puede ser de varios miles de dólares, es de esperar que el comprador potencial haga una comparación más exhaustiva, que le requiera trasladarse varios kilómetros.

Los costos de transacción, como cualquier otro serán incorporados en el análisis de las partes contratantes antes de acceder al trato. Lo que el señor Morris ignora en su comentario es la dinámica del contrato de alquiler, que por lo general es plurianual.

Durante la vigencia del contrato, el arrendante no podrá subir el alquiler más allá de lo pactado entre las partes, aun sabiendo que por los costos de mudanza el inquilino podría verse en la encrucijada de tener que aceptar un aumento mayor al pactado. El contrato es ley entre las partes.

El costo de la mudanza será considerado por el inquilino a la hora de tomar una vivienda en alquiler. Si dicho costo es significativo, como usualmente lo es, buscará pactar un contrato de varios años que le evite tener que repetirlo a menudo. Pero, de antemano, el inquilino habrá tomado en cuenta que al final del período contractual tendrá que estar dispuesto a incurrir en los gastos de una nueva mudanza o sentarse a negociar un nuevo contrato con el propietario. El aumento que se dé, en estas circunstancias, no está regulado en la ley actual ni en la propuesta, por lo que mi anterior artículo no lo menciona.

Todos los intentos conocidos por controlar precios a favor de los consumidores han terminado generando escasez del bien regulado, pérdida de calidad del servicio brindado y, en el caso específico de los alquileres, además de escasez, un marcado deterioro de la infraestructura inmobiliaria.

Los controles de alquileres, en resumen, causan una mayor afectación al consumidor que la de haber pagado precios de mercado. Para el consumidor que lo necesita, no hay bien ni servicio más caro que el que nadie quiere brindar.

El autor es economista.