“La ceguera biológica impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar”, Octavio Paz

 28 junio, 2015

En 1998, cuando por encargo del recién inaugurado presidente Miguel Ángel Rodríguez me puse a estudiar el Sistema Nacional de Evaluación, programa de monitoreo del desempeño de las instituciones estatales desarrollado por el Mideplán en el gobierno anterior, una de las cosas que encontré fue que entre las metas del AyA estaba la reducción de la pérdida de agua, que se cifraba en un 50%.

Mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que de toda el agua que ingresaba a los sistemas del AyA la mitad se perdía, en fugas no detectadas o en conexiones ilegales. Consecuentemente, uno de cada dos litros del líquido producido por el AyA no era facturado.

Diecisiete años han transcurrido desde entonces, y recientemente La Nación (8/6/2015) nos informó que “al día de hoy, el AyA solo cobra por el 50% del agua que posee bajo administración, debido a esas filtraciones y a la falta de monitoreo de los datos”. Pasaron diecisiete años en los que nada se logró.

Producto de esto, el agua que consumimos los clientes del AyA cuesta, aproximadamente, el doble de lo que valdría si dicha entidad no tuviera estas pérdidas.

Probablemente, el cálculo exacto sea un poco más complejo, pero no debe escaparse de nuestra atención que esta tremenda ineficiencia le sale muy cara tanto a los consumidores, como al medioambiente y a la madre tierra Gaia –tan de moda últimamente– que nos regala el liquido con tanta generosidad en esta franja de tierra tropical que nos tocó llamar Patria.

Según otro reportaje de La Nación (6/6/2015), ante una iniciativa de varios diputados para permitir que empresas cooperativas puedan operar acueductos en el país, Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del AyA, confiesa que “le aterra que el país dé el paso a una apertura al servicio privado”. Agrega doña Yamileth, para que no nos quede ninguna duda, que “este servicio no debe reflejar ganancias económicas”.

Con pleno conocimiento de las escandalosas cifras de las pérdidas de agua de la sacrosanta AyA, también el ministro de Ambiente, Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, manifestó estar “en contra del plan” y que “las cooperativas son organizaciones con un fin de lucro y el agua es un bien público”. Y agrega: “Vamos a tener que hacer un trabajo muy duro (para evitar la aprobación)”.

Falta de incentivos. Las anteojeras ideológicas que llevan puestas ambos funcionarios son tan gruesas que no pueden ver más allá de sus narices. Si bien el marco jurídico del AyA, conformado por leyes aprobadas entre 1942 y 1961, establece que el servicio de acueductos no debe percibir un beneficio económico, el problema radica justo ahí, como explicaré a continuación. Desconocen ambos jerarcas que muchos otros servicios públicos son prestados por empresas que sí buscan obtener una utilidad, y lo hacen, en general, sin tanto desperdicio como el AyA. Además, operan al amparo de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos de 1996.

Que en 17 años no se lograra reducir ni siquiera en un 1% las pérdidas de agua del AyA es justamente producto de la falta de incentivos que tiene esa institución por carecer del afán de lucro. Si fuera una empresa privada, hace rato habría mandado a detectar y reparar las fugas, a cambiar los medidores que no funcionan bien y a cortar las conexiones ilegales, o hubiera quebrado escandalosamente.

Ninguna empresa privada podría sobrevivir diecisiete años – y quién sabe cuántos más antes de 1998– con pérdidas del 50% de su producto.

Los Ebáis administrados por cinco cooperativas que atienden a más de 663.000 habitantes son, como mínimo, 35% más eficientes que los administrados directamente por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Resulta que la empresa privada, con esa maldita manía de lucrar, puede producir los servicios públicos de una manera más eficiente y, por ende más barata, que lo que pueden las propias instituciones del Estado “benefactor”. Pero no solo lo hacen de manera más económica, sino que, además, con un servicio de mejor calidad, según lo confirma un informe elaborado por la Dirección de Red de Servicios de Salud de la Caja ( La Nación, 13/6/2015).

Las instituciones públicas que pretenden funcionar como empresas padecen de un defecto de diseño, que bien podríamos llamar su pecado original. Cuando las cosas son de todos, en realidad no son de nadie. Y peor cuando no hay afán de lucro, pues no hay incentivo para buscar la eficiencia. Cuando existe garantía de respaldo financiero del Estado, no hay suficiente cuidado para evitar las pérdidas.

En el caso del AyA, no estamos hablando de poca cosa. Tampoco nos referimos a utilidades que se dejaron de percibir. Estamos hablando de que se pierde el 50% del agua; la mitad de lo producido.

Lo más curioso de esta situación es que personas con un alto nivel educativo, como lo es sin lugar a dudas el señor Ministro, no se den cuenta de que también en las empresas públicas existe el afán de lucro, pero de una forma terriblemente perversa y mal direccionada.

Cuando una entidad pública puede darse el lujo de pagar hasta 15 salarios anuales, otorgar incentivos a sus empleados por presentarse a trabajar, pagar dedicación exclusiva cuando ello no es necesario, dar tres aumentos salariales al año, etc., en realidad está distribuyendo dividendos. Pero lo hace de manera subrepticia, sobre una utilidad no declarada, a quienes no son, jurídicamente hablando, sus propietarios.

Concesión del servicio. El agua en Costa Rica está suficientemente regulada. Al igual que otros bienes y servicios de propiedad estatal, el agua podría ser concesionada con algunas modificaciones legales relativamente sencillas. Ninguna operadora privada de acueductos –cooperativa o no– sería propietaria del agua, con lo cual esta nunca saldría de la esfera de dominio o propiedad estatal.

También las tarifas están reguladas, por lo que los consumidores podemos estar tranquilos de que una empresa privada no va a llegar a incrementar el costo para mejorar sus utilidades, ya que no podrá cobrar precios diferentes a los que la Autoridad Reguladora establezca.

De manera que permitir la operación de acueductos por parte de empresas privadas de cualquier formato legal o asociativo –no solo cooperativo–, puede únicamente producir resultados favorables al mejorar la eficiencia en la operación, disminuir las pérdidas de agua y, eventualmente, terminar ahorrándonos a todos los costarricenses, sino en la factura mensual que pagamos, en la forma en que se financia la reparación de las fugas, la ampliación de la red de acueductos y las demás mejoras que requiere el sistema de agua potable en Costa Rica.

Es justamente el afán de lucro lo que le hace falta al servicio público de acueductos. Lamentablemente, como sabiamente dijo Octavio Paz: “La ceguera biológica impide ver, pero la ceguera ideológica impide pensar”.

(*) El autor es economista