22 septiembre, 2014

Desde 1949, en el caso de electricidad con la ley del ICE, y desde 1993, en el caso de hidrocarburos con la ley de Recope, Costa Rica decidió que estas dos actividades fueran monopolios estatales. En electricidad hay regulación de tarifas por el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) desde 1928, y en hidrocarburos por la Aresep, creada por ley 7593 en 1996.

La población de Costa Rica en 1961 era de alrededor 1,4 millones de personas; en 1993, de alrededor de 3,2 millones de personas, y en 2014 se estima que la población es de unos cinco millones. El país hoy es muy diferente, pero la regulación para las empresas estatales monopólicas de servicios públicos se basa en el mismo principio de “servicio al costo” del SNE de 1928.

Sindicatos fortalecidos. Entre 1949 y el 2014 podemos identificar varios capítulos políticos importantes: el Estado benefactor, el Estado empresario, el Estado asistido por Estados Unidos en la crisis del 80, el Estado sometido a los planes de ajuste estructural (PAE) como tabla de salvación a la deuda externa asfixiante, el Estado volcado a las exportaciones y los TLC, y ahora el Estado deficitario, endeudado, trabado y sin rumbo. Déjà vu: no hubo aprendizaje.

Durante estos capítulos las organizaciones sindicales de las empresas monopólicas del Estado, como el ICE y Recope, se fueron fortaleciendo y favoreciendo con convenciones colectivas que los políticos de turno, por clientelismo, alegremente aprobaban. El modelo monopólico sindical se fortaleció y ese estatismo se extendió al sindicato de funcionarios de la Aresep, quienes durante todos estos años se apegaron al principio regulatorio de 1928 de “servicio al costo”.

En otras palabras, la regulación de tarifas en el sector energía de Costa Rica no regula ni las inversiones ni los costos de las empresas monopólicas antes de que esas empresas incurran en ellos: las regulan después de que están realizados, por lo que su falta de discreción o competencia regulatoria previa desprotege a los usuarios de esos servicios públicos. Lo perverso es que regulados y reguladores se benefician de las “conquistas laborales” de las convenciones colectivas, y los reguladores no cuestionan antes las malas inversiones ni los excesivos costos de las empresas reguladas.

El concepto de “servicio al costo”, basado en inversiones y costos ya incurridos, estimula a las empresas reguladas a hacer no tan buenas inversiones e incurrir en costos excesivos, no estimula la competitividad ni premia la “buena gestión”; al fin, todo va a las tarifas.

Lo primero que se debe hacer para realmente controlar los costos de la electricidad y los combustibles es regular a esas empresas con regulación moderna, que solamente autorice inversiones y costos después de que se demuestre la conveniencia e idoneidad de ellos para los usuarios de esos servicios públicos. Se trata de procurar el bienestar del mayor número, no de privilegiar intereses de quienes promueven costos abusivos e inversiones cuestionables, ni de alcahuetear malas gestiones.

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