Con la tramitación del primer presupuesto extraordinario 2017 el PANI perdería recursos

 2 julio

Desde setiembre del año pasado en la Asamblea Legislativa existe un choque de opiniones sobre los recursos que, a través del presupuesto nacional, tienen que girarse al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). En realidad, no ha sido toda la Asamblea, sino un pequeño grupo de diputados quienes insisten en desacreditar a la institución rectora en materia de niñez y adolescencia.

Que los recursos son muchos, que la ejecución del PANI es baja, que los funcionarios son ineficientes y hasta descalificativos contra su presidenta ejecutiva, son solo algunos de los argumentos más utilizados para incumplir con las obligaciones que el país tiene, no con el PANI, sino con casi un millón y medio de menores de edad que viven en esta tierra, muchos de ellos en condiciones de riesgo e inseguridad social.

En estos 10 meses de polémica, he visto como algunos simplemente han olvidado, o no les importa, el juramento ante Dios y la patria, de observar y defender la Constitución y las leyes de la República.

Pero también han irrespetado las disposiciones de tratados internacionales y la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales de justicia.

Preguntas. Gracias a eso, lograron en un primer momento “quitarle” ¢47.000 millones al PANI y hoy, aprovechando la tramitación del primer presupuesto extraordinario 2017, quieren seguir perjudicando a uno de los sectores que más ayuda requiere. Y yo me he venido preguntando:

¿Sabrán estos diputados “recortistas” que el porcentaje histórico de ejecución presupuestaria del PANI supera el 80%?

¿Habrán ido alguna vez mis compañeros a visitar la oficina local del PANI, de los cantones que representan, para conocer de primera mano el déficit de personal técnico y administrativo, la acumulación de expedientes, la saturación de trabajo y la cantidad de denuncias que se reciben a diario? Es más, ¿tendrán la certeza de que si en el cantón donde nacieron o fijaron su residencia existe una oficina local del PANI que defienda y garantice los derechos que asisten a los menores de edad?

¿Tendrán plena conciencia los legisladores del contexto de violencia, abuso, abandono, maltrato o negligencia al que son sometidos miles de niños, lo que hace necesario y urgente la presencia del PANI en prácticamente todo el territorio nacional?

¿Estarán informados de que, con los recursos contenidos en este presupuesto extraordinario, se abrirán 30 nuevas oficinas locales en comunidades como Matina, La Cruz, Guácimo, Guatuso, Nandayure, Bagaces, Acosta, Zarcero, Palmar Norte y Sur, Parrita, Aguas Zarcas y Hojancha?

¿Tendrán idea de que casi el 90% de las 845 plazas que el PANI pretende crear serán destinadas para la atención de denuncias, brindar atención integral, desarrollar programas de prevención y educación de derechos?

¿Conocerán los diputados la observación general n.° 19 del Comité sobre los Derechos del Niño, respecto a estándares para la elaboración de presupuestos públicos en aras de hacer efectivos los derechos del niño?

¿Comprenderán el hecho de que, por cada dólar invertido en buenos programas de atención infantil el retorno previsto es de $17?

Tiempo para decidir. Yo esperaría que la respuesta a las anteriores interrogantes sea un rotundo sí. Pero las acciones, el comportamiento y el mensaje político de algunos sectores en el Parlamento me hacen suponer que no. Sin embargo, aún estamos a tiempo de ser consecuentes con nuestras responsabilidades.

No es el futuro de una institución pública lo que está en juego, lo que verdaderamente está en juego es la protección especial que los niños merecen recibir a través del PANI. Pero de un PANI fuerte, comprometido, con presencia, pero, principalmente, con suficientes recursos técnicos, humanos y financieros que faciliten el cumplimiento de su mandato constitucional y legal.

La autora es diputada del PLN.