1 octubre, 2014

Luego de los primeros cinco meses del Gobierno, queda muy claro que el Partido Acción Ciudadana (PAC) de Ottón Solís sigue siendo consecuente con los enunciados de austeridad, disciplina fiscal y rigurosidad en el gasto que le dieron origen al partido.

Sin embargo, el PAC de Luis Guillermo Solís no es consecuente y ha demostrado con suficientes hechos que no son tan celosos ni estrictos con el dinero público. En la campaña malgastaron recursos y, ya en el Gobierno, con ciertos tintes populistas, se han congraciado económicamente con el sector sindical y universitario, que fueron artífices del triunfo electoral.

Contradicción. Resulta discordante que, por un lado, el ministro de Hacienda insista en la importancia de aumentar la recaudación y, por otro lado, sea tan generoso en consentir de un plumazo un aumento salarial a los empleados públicos que, en términos reales, es de entre 10% y 12%, equivalentes a la nada despreciable suma de ¢62.570 millones, y, prácticamente sin negociar, le reconoce un incremento presupuestario de ¢51.000 millones a las universidades, a sabiendas de que en el 2013 solo ejecutaron un 63% de lo girado. Estos dos rubros representan ¢113.570 millones, una tercera parte de lo que el Gobierno anterior pretendía recaudar con la reforma fiscal.

El rumbo que ha marcado el Gobierno en el tema económico no augura nada bueno: voracidad fiscal en cuanto a la recaudación, e indisciplina en materia del gasto. Prueba de ello es el presupuesto que presenta el ministro de Hacienda, con un aumento de un 19% en comparación con el del 2014. La conmoción que ha generado la presentación de un plan de gastos que supera los ¢7,9 billones, y en el que se prevé un déficit fiscal del 6,7% del PIB, ha llegado a tal extremo que la contralora hizo una visita inédita a la subcomisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, urgiéndoles a los diputados a recortar el presupuesto.

La contralora propone rebajar al menos ¢200.000 millones, cifra basada en estudios técnicos que demuestran el promedio de subejecución anual registrado entre los años 2007 y 2013, dinero que quedaría ocioso en vista que el Gobierno es incapaz de gastarlo. Por su lado, el diputado Ottón Solís, presidente de Hacendarios, se une a los esfuerzos de la contralora y propone recortar unos ¢300.000 millones (1% del PIB) en rubros como horas extras, anualidades, dedicación exclusiva, alimentación y alquileres.

Aceptación de recortes. La tarea que no se generó con la rigurosidad suficiente en el Ministerio de Hacienda sí la están ejecutando la contralora, Marta Acosta, y el diputado Ottón Solís, ya que, con sus propuestas, bajarían el déficit fiscal de un 6,7% a un 5% del PIB. Si en el Ejecutivo estuvieran realmente preocupados por el déficit fiscal, deberían estar apoyando dichos esfuerzos con mucho entusiasmo.

Los ¢300.000 millones en recortes que ha propuesto Ottón Solís equivalen a lo que se pretende recaudar con el impuesto al valor agregado (IVA). Tomando en cuenta lo dificultosa que resulta la aprobación de leyes tributarias en el Congreso, es necesario que el presidente acepte los recortes, tal como en parte acaba de hacerse, según el reciente anuncio del Gobierno, y, a su vez, dé un golpe de timón, pues un Gobierno que ya demostró ser dispendioso no la va a tener tan fácil para que le aprueben más impuestos.

No se necesita ser un erudito para saber que la raíz del problema fiscal radica en que el 60% del presupuesto se destina a pagar salarios, pensiones y transferencias a las universidades. Las baterías del Gobierno deben enfilarse a crear una nueva ley de empleo público, cuya redacción no debería ocupar más de un párrafo. No es justificable que un 85% de la fuerza laboral trabaje para financiar privilegios y pensiones de una élite que representa solo un 15%. Toda nueva contratación de personal debe regirse por las normas estipuladas en el Código de Trabajo. Aunque los derechos adquiridos por los trabajadores son intocables, se estaría partiendo de cero y la bola de nieve del gasto se revertiría inmediatamente.

Igualmente, se debe proceder con las pensiones, a fin de dejar fenecer para eventualmente agrupar los regímenes en un solo sistema, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para que, de verdad, sea solidario con todos. Las universidades deben seguir subsidiando a los estudiantes que lo requieran, pero los que no necesitan becas deben pagar una matrícula que, por lo menos, cubra los costos reales del estudio.

Estas medidas deben complementarse con un impulso expedito, sin tantas trabas, para construir obra pública como carreteras y muelles que ya gozan de financiamiento, y que solo esperan que el entramado burocrático dé su visto bueno. Pensemos en grande, tomemos en serio el proyecto del metro y el tren, abramos el mercado eléctrico y de combustibles, permitamos la inversión en proyectos privados de energía renovable y generemos empleo.

En la Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda no pueden sentarse a esperar a que les aprueben más impuestos.