Casi la mitad de la ciudadanía (48%) confía poco o nada en la Corte Suprema de Justicia

 14 diciembre, 2015

Casi la mitad de la ciudadanía (48%) confía poco o nada en la Corte Suprema de Justicia, y solo un tercio considera que el Poder Judicial sanciona a los culpables de infringir la ley.

Esta percepción ha venido empeorando en la última década, según la ronda más actualizada del Barómetro de las Américas, del 2014. El reto de recuperar la confianza perdida está en manos de una jerarquía que enfrentará un importante relevo generacional, el cual empieza con tres nombramientos de magistrados que están pendientes al finalizar el 2015.

El punto que quisiera destacar en esta ocasión es la importancia de ampliar el escrutinio público sobre estas designaciones.

El nombramiento de magistrados ha cobrado especial importancia por el papel que estos cumplen como decisores finales en asuntos cruciales del desarrollo nacional, o lo que se ha llamado la judicialización de la política.

El actual entrabamiento político, acompañado de una ciudadanía más empoderada de sus derechos, trasladan de la arena política a la judicial la suerte de los cambios sociales, digamos ingenuamente una reforma fiscal.

En este contexto, el voto de un magistrado puede hacer una diferencia en la resolución de un caso determinante, pero también podría variar la distribución de fuerzas entre grupos dentro del pleno de la Corte y dentro de cada sala, y con ello inclinar la balanza de votación hacia ciertas posiciones, por ejemplo, podrían orientar hacia una Corte más beligerante políticamente o más autocontenida, más transparente o más opaca, más gestora o más jurisdiccional, más progresista o más conservadora.

Los tres nombramientos pendientes sobrepasaron el período establecido legalmente, es decir, están los diputados en mora constitucional.

Pese a ser decisiones tan importantes, no escapan a la lenta dinámica de la Asamblea Legislativa, documentada en el Primer Informe Estado de la Justicia (2015).

Antes de la década de los noventa del siglo pasado, no se sobrepasaban los 100 días para llenar una vacante de la magistratura, y en lo que va de este siglo se ha llegado a más de 500 días.

El requisito de una votación con mayoría calificada introducido en el 2003, junto con la conformación de un Congreso multipartidista, que hace un mayor escrutinio y exige una más amplia negociación, han sido las principales causas del aumento en la duración de los nombramientos.

En tales condiciones se ha notado también un cambio en el perfil de los 18 magistrados elegidos en el siglo XXI: 12 son funcionarios de carrera judicial exclusivamente (contaban desde un mínimo de 12 años hasta un máximo de 30 años de servicio judicial); además, presentan un perfil académico más alto y 7 son mujeres.

Pese a estos significativos cambios, el nombramiento de una persona a la magistratura es un acto político, decidido por medio de una negociación entre partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.

Una mayor duración del proceso no ha significado mayor transparencia en estas negociaciones. Más bien, estos retrasos han generado la acumulación de plazas vacantes (dos o más pendientes), con lo cual las negociaciones se hacen en “paquete”, entre al menos tres fracciones de partidos que logren una mayoría calificada.

Transparencia. Si bien el diseño constitucional promueve este tipo de acuerdos en los procesos de nombramiento, es necesario una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre estas negociaciones.

En primer lugar, se necesita más información proactiva y seguimiento de la actuación de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa.

Su papel es decisivo pues solo en dos ocasiones el Congreso ha escogido un magistrado que no integraba la lista de recomendados por la comisión (en el 2004 y el 2013).

El número de candidatos que la CEPN recomienda al plenario no es fijo, puede sugerir una terna o una nómina, en ocasiones hasta de diez personas, de tal forma que el plenario tenga un amplio abanico para negociar.

Desde el 2001, la comisión ha hecho más abierto que antes los nombramientos, un indicador en este sentido es una mucho más alta participación de postulantes desde su creación y la búsqueda de equidad de género. Sin embargo, la CPEN ha cambiado el mecanismo de evaluación de atestados en varias ocasiones, y puede hacerlo cada vez que lo considere.

Hasta donde se investigó para el mencionado informe, ninguna de las metodologías ha considerado el desempeño de los candidatos como parte de la evaluación, en especial si son funcionarios de carrera judicial, y no se hacen investigaciones de oficio, tales como las consultas de procesos sancionatorios, por ejemplo al Sistema Integrado de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública (Sirsa).

Males del tiempo. En segundo lugar, la tardanza para llenar estas vacantes tiene efectos perjudiciales en el funcionamiento del Poder Judicial, en el tanto este órgano es el que decide sobre las tres principales funciones de esta rama: la política judicial, la gestión administrativa y la jurisdiccional.

Mientras tanto, estas salas deben funcionar con magistrados suplentes, cuyo sistema de nombramiento no cuenta con la garantía de estabilidad laboral, principio básico que promueve la autonomía de las decisiones del juez, y además, presenta más riesgos de conflicto de intereres, en el tanto las suplencias pueden ser llenadas por abogados litigantes, que es posible que mantengan sus prácticas profesionales privadas.

Y, finalmente, la participación ciudadana continúa siendo la frontera en estas designaciones.

La prensa puede o no dar cobertura a algunos de estos procesos, con lo cual no es un medio sistemático para seguirlos.

La Oficina de Atención Ciudadana de la Asamblea debería tener un papel más proactivo en la difusión e involucramiento de las personas para posibilitar mayor escrutinio a las candidaturas; en fin, posibilitar una fiscalización ciudadana hacia una de las potestades más importantes de la Asamblea, y a que ahora como nunca a todos conviene blindar de intereses particularistas.

La autora fue coordinadora del Informe Estado de la Justicia, Programa Estado de la Nación.