Tarifas de los servicios del ICE cargan con el peso de la corrupción institucional

 6 octubre, 2015

El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, demandó a la Contraloría General de la República, hecho que despertó uno de los pasajes más oscuros y de larga data en este sector, representado por la troika formada por Carlos Obregón, Julieta Bejarano y Randall Retana, quienes cuentan con la ayuda de algunos serviles dirigentes.

A finales de los 80, surgió la idea de privatizar las telecomunicaciones y para ello se envió un proyecto a la Asamblea Legislativa, en el cual se proponía formar una empresa de capital mixto (público y privado) llamada Ecotel.

Al gerente de Telecomunicaciones del ICE le parecía muy atractiva la relación que tenían las universidades con la Contraloría y deseaba una autonomía igual para la institución.

En ese esquema se gastaba primero y después se verificaba si el gasto estaba apegado a una sana administración pública. Esto resultaba muy atractivo para los políticos empresarios del ICE, quienes veían cómo la Contraloría, en alianza con diputados progresistas de todas las fracciones, les habían llevado al traste importantes negocios.

Fracasado este intento, y con una Contraloría fuerte, la estrategia de los políticos empresarios fue reestructurarla, y José María Figueres promovió la remoción de las jefaturas consideradas “incómodas” por quienes querían hacer negocios con el sector público.

Dentro de esas jefaturas había gente honesta de Liberación Nacional y del otrora Partido del Pueblo Costarricense.

Desde entonces, diversos sectores han apostado por una Contraloría cada vez más flexible con la Hacienda Pública y que las denuncias ante este órgano sean saludos a la bandera.

Se ha buscado minar legalmente los limitados esfuerzos del órgano contralor (Johnny Araya y su recurso de amparo contra las sanciones son un ejemplo).

Frente a estos propósitos, siempre hemos sostenido que debe existir una Contraloría más fuerte, más independiente, capaz de gestionar sanciones administrativas contra funcionarios corruptos y negligentes, y de elevar los casos al Ministerio Público, cuando corresponda, para que estos sean sancionados en lo penal, en lo civil y en lo ético, de manera pronta y cumplida.

La Contraloría debe jugar un papel fundamental en la urgente tarea de redignificar la función pública. Este es y debe seguir siendo uno de los ejes discursivos del Frente Amplio.

Transparencia. Ahora bien, la troika del ICE interpuso un contencioso administrativo contra un decreto de Laura Chinchilla porque le exige al Instituto algo tan sencillo, tan básico, como rendir informes de gestión financiera al Consejo de Gobierno.

También lo puso contra la capacidad de un órgano de la Asamblea Legislativa de dictarle medidas correctivas para la sana administración pública de una de sus subsidiarias, en este caso, Radiográfica Costarricense, quebrada a mansalva por ese sector político empresarial.

Carlos Obregón pudo pedirle a Luis Guillermo Solís una modificación al decreto de marras, pero el presidente sabe que un discurso de secretismo y de falta de transparencia con un patrimonio, cuyos propietarios somos el pueblo costarricense, no es una bronca que deba comerse. Sabe que el voto lo recibió con un propósito distinto.

En este contexto, un sindicato con limitada capacidad intelectual intenta hacernos creer que su defensa es por una justa y sana competencia con las empresas Claro y Movistar.

No debemos caer en la trampa, el ICE sigue siendo una institución pública, administradora de fondos públicos, y por tanto debe rendir cuentas públicas sobre la manera como utiliza el dinero.

Si con una Contraloría floja al ICE le han robado $800 millones en la última década, qué sucedería con una Contraloría más débil.

Muchos de los casos mencionados fueron denunciados por José Merino, José María Villalta, Luis Fishman, Leda Zamora, Alberto Salom y otros parlamentarios. Todos ellos siempre le pidieron a la Contraloría que desempeñara las funciones que por ley le corresponden.

Acciones debilitantes. Ahora resulta que el ICE y algunos de sus dirigentes sindicales toman las leyes de implementación (Ley General de Telecomunicaciones), que tanto criticamos, como herramienta legal para debilitar a la Contraloría General de la República, y recurren también a los mecanismos de control político que sobre el ICE tienen tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa.

Los serviles que quieren mantener sus puestos en la alta administración del ICE, los políticos empresarios y las mafias y redes de corruptos que tienen secuestrado al ICE continúan en su lucha por debilitar los pocos controles que pesan sobre el Instituto, pero son tan cobardes que están buscando, como decimos popularmente, “quién se coma la bronca”.

Los empleados honestos del ICE, en cambio, esperan que sigamos la línea de denuncia y de fiscalización fijada por los parlamentarios que nos antecedieron.

Las decisiones que toma la alta administración del ICE (Consejo Directivo y cuerpo gerencial) tienen una gran repercusión en la competitividad del país, pues se trasladan a las tarifas de electricidad y de telecomunicaciones.

Algunas son buenas decisiones, como mantener una red IP robusta, o tan malas como trasladar el costo del financiamiento de las plantas hidroeléctricas, cuyo esquema financiero se caracteriza por altos intereses y cortos plazos de pago, cuando en el mercado existen mejores opciones financieras.

Defendamos la transparencia en la gestión pública, defendamos que a las tarifas de electricidad y telecomunicaciones no se les carguen los costos de la corrupción.

Jorge Arguedas Mora es diputado por el Frente Amplio.