9 septiembre, 2014

El pasado domingo 31 de agosto, el señor Álvaro González, presidente ejecutivo del INVU (2012-2014), publicó en estas páginas el artículo “La verdad sobre el INVU”, en el que expresó opiniones sobre la situación en que entregó la institución. Al respecto, me siento obligada a hacer algunas aclaraciones a la ciudadanía.

Don Álvaro reclama para la Administración Chinchilla el haber iniciado un plan para el saneamiento del INVU y sugiere que, si tan solo la actual Administración se dedicara a seguirlo al pie de la letra, se lograrían los objetivos deseados. Las cosas no son así. Basta mencionar que la consultora contratada durante su administración para elaborar ese plan aclaró en su oportunidad que no se ejecutaban una serie de medidas que debían ir de la mano para no dejar áreas institucionales desatendidas y dar continuidad a la misión del INVU. Estaba claro que solo reducir la planilla no era suficiente.

Por otra parte, las observaciones más graves de los informes de la Contraloría, tanto la mencionada como las omitidas por don Álvaro, datan de antes de la década de 1990, no de este siglo como él dice, pero no fueron atendidas efectivamente por ninguna Administración anterior, ni la prensa misma. Ejemplos: las deficiencias de orden interno, la modernización de sistemas de información y archivos, etc.

En los últimos días de su administración, don Álvaro promulgó un nuevo reglamento con la buena intención de acabar con el oneroso “Modelo de Contratación de los Agentes del Sistema de Ahorro y Préstamo”, sustituyéndolo por la contratación directa de sociedades como agencias vendedoras. Olvida mencionar que, al percatarse de los vacíos que dejó ese nuevo reglamento, después de publicado en La Gaceta, su misma Junta decidió retractarse y promulgó un transitorio que dejó vigente la normativa anterior. Insiste en que le dejó a esta nueva Administración listas y “debidamente confeccionadas” las cartas de despido a los agentes. La pregunta que cabe aquí es por qué él no las entregó.

La realidad es que ese nuevo reglamento está plagado de omisiones y violaciones a disposiciones legales y reglamentarias, al punto que resulta insostenible su aplicación e iba a ser objeto de demandas y cuestionamientos legales evidentes. De haberse hecho tal como él lo propuso, a los costarricenses la medicina nos hubiera salido más costosa que la enfermedad.

Se pregunta también por qué se declaró desierta la licitación para la contratación de las agencias. Aclaro que, además de estar basada en un reglamento viciado, el cartel de licitación publicado bajo su administración requería 40 agencias licitantes (número definido por él mismo), pero licitaron solo seis agencias y, por ley, el mínimo era 20 (50%), términos que no son aceptables.

Entonces, queda claro que el concepto de “institución encharralada” que él mismo menciona, no está tan lejos de la realidad, aunque él la pudo haber recibido en situación precaria.

Finalmente, se refiere al tema polémico de la adquisición de vivienda por “cesión de acciones o cuotas de una sociedad”, que dice haber sido autorizada en el 2004. Omite don Álvaro que la autorización de personas jurídicas –que incluye a asociaciones solidaristas y de empleados del Estado– data del año 1960, con ampliaciones en los años 1984, 2004 y 2005, es decir, que, por más de 50 años, esta práctica se consolidó y contribuyó a que el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) se fortaleciera gracias a esos aportes voluntarios y significativos. Es solo a la Procuraduría General de la República a la que ahora corresponde pronunciarse al respecto.

Conviene tener presente que, pese a todos los problemas mencionados –que la actual Administración está decidida a resolver integral y responsablemente–, la solidez del SAP sigue siendo envidiable y el sistema es codiciado por muchos. Consideremos solamente que, por cada ¢100 que los suscriptores tienen depositados como ahorro en el SAP, el sistema tiene ¢230 para respaldarlos de esta forma: hay ¢130 con la liquidez de depósitos de corto plazo en el Sistema Bancario Nacional, que tiene respaldo estatal, y otros ¢100 en recuperación de préstamos a costarricenses que ya viven en su casa y que la están terminando de pagar al INVU.

Por más de medio siglo esta institución benemérita ha beneficiado a decenas de miles de costarricenses. ¡Hagamos patria! ¡Rescatemos al INVU!

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