5 mayo, 2014

Hace pocos días, amanecimos con la noticia de la muerte de un bebé en el Hospital Nacional de Niños, víctima de agresión, presuntamente por parte de su madre y de su padrastro. Las características físicas que presentaba eran propias de un menor que había sido agredido de muchas formas.

Ante un hecho tan lamentable, creo importante que analicemos la deuda que como país tenemos ante nuestra población menor de edad y las circunstancias sociales, en este caso, de la madre. La institución a la que por mandato constitucional le corresponde el cuido de nuestra población infantil es el Patronato Nacional de la Infancia. En este caso, un taxista se fue a una oficina y puso la denuncia. Sin embargo, esta no surtió efecto para evitar una muerte: el PANI llegó, pero según lo que se nos ha informado, el dueño de la cuartería en donde vivía el menor negó que habitaran ahí, y los funcionarios, ante la afirmación, se regresaron.

Excusas. Aquí cabe la primera interrogante: si un señor va hasta una oficina a poner una denuncia, y narra cómo vio al menor. ¿Una simple respuesta del dueño de la cuartería cobra más validez que la denuncia misma? ¿No era posible coordinar con la Fuerza Pública para que pudieran ingresar? ¿No es acaso que el Interés Superior del Menor debe de prevalecer? Pareciera que no.

La respuesta de los jerarcas del PANI es impactante: que se pondrá denuncia penal contra el dueño de la cuartería. No dudo de la responsabilidad de este señor, pero lo que realmente es preocupante es que la institución, con una gran dosis de patología mira hacia el afuera en su responsabilidad, en lugar de mirar hacia adentro. Es ante situaciones como estas, que una institución, con sana crítica, debe de denunciarse a sí misma.

Es claro que hay falta de personal, pero no se trata de seguir lamentando la falta de recursos, si la visión y misión están fallando: aquí se atendió la denuncia, pero no se fue más allá que con lo dicho por la santa frase “no viven aquí”. Entonces, ¿dónde queda la respuesta institucional del PANI ante la detección de situaciones de riesgo y la atención oportuna ante la vulneración de esos derechos dentro del marco jurídico vigente que le asigna como fin primordial la protección especial e integral de los menores y sus familias, como elemento natural y pilar de la sociedad? Pareciera que estamos ante una institución que busca un depositario de su responsabilidad y, de esta forma, evitar un análisis de su propia responsabilidad.

A su vez, encontramos un sistema de salud que tampoco pudo detectar a tiempo la sintomatología de agresiones hacia el menor, ya que este presentaba bastante prueba física, de sus múltiples agresiones, si es que anteriormente había sido atendido.

Exclusión infantil. Nuestro país está en deuda en la defensa de los derechos de la niñez, un caso basta para poder afirmarlo y las estadísticas muestran que el porcentaje de menores agredidos ha ido elevándose. El otro detonante de esta lamentable situación es la información que tenemos de la madre de este menor, toda una serie de circunstancias que la expulsaron de una sociedad, según informan, a los 10 años, por lo que también a ella se le violentaron sus derechos, y tampoco hubo una institución que la protegiera de la calle del consumo de drogas, de la prostitución, de tener hijos anteriores (en donde ya el PANI había intervenido) que hoy están al cuido de recursos familiares. Con estas exclusiones, también estamos en deuda.

Es en este momento, cuando vivimos un cambio de gobierno, como persona que defiende los derechos humanos de los más vulnerables, espero que exista una voluntad política para luchar por hacer de los derechos, acciones. De otra forma, quedan en un discurso demagógico.

Es urgente que se establezcan las responsabilidades de los que con solo una frase se conformaron y con los jerarcas que buscan en el afuera las respuestas y el castigo porque con estas acciones solo podemos preguntarnos: ¿cuántos menores están hoy siendo víctimas de agresión en silencio?

En el PANI es urgente una reestructuración. Se puede apostar por comisión entre Mideplan-Ministerio de Hacienda-PANI para conformarla. No se trata solo de dar recursos y plazas, eso puede ser peligroso, podemos crear un “elefante blanco”.

No tengo la menor duda que el PANI se encuentra en alerta roja y, por lo tanto, nuestros menores y sus familias también.