Es evidente que algunas decisiones y acciones de la administración Solís Rivera están guiadas y han sido adoptadas y ejecutadas con el propósito de favorecer, o de no perjudicar, electoralmente al partido oficialista.
Cuando así actuaban otros, esa práctica fue criticada con mordacidad y censurada con vehemencia por los líderes del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes prometieron que cuando llegaran al Gobierno acabarían con el llamado “ciclo electoral”, durante el cual los gobernantes tratan de influenciar a los ciudadanos mediante millonarias campañas publicitarias exaltando sus logros y la imagen de sus jerarcas o con decisiones populistas dirigidas a granjearse la simpatía del pueblo.
Pero esa promesa, como muchas otras, quedó en el olvido. Lo que prometieron no hacer, lo hacen con desparpajo. Ahora efectúan lo mismo que antes censuraron sin misericordia. Veamos algunas actuaciones que son claros ejemplos y constatan la existencia de una estrategia del gobierno de cara al proceso electoral del 2018.
Aumento del gasto. A inicios de este año, trascendió la noticia de que 11 instituciones autónomas aumentaron en un 32% el presupuesto para publicidad y, recientemente, la prensa informó, basada en un documento elaborado por el diputado Ottón Solís con datos de la Contraloría General de la República, que la administración Solís Rivera pagó ¢8.244 millones a las televisoras en el 2016, cantidad anual sin precedentes, récord que, sin embargo, podría ser superado este año de acuerdo con el aumento presupuestado. La intención de tal desaguisado no es otra que la de mejorar la imagen del gobierno y la de evitar un resultado catastrófico para el PAC.
Olvidado quedó también el compromiso de Luis Guillermo Solís cuando en abril del 2014 afirmó que iban a “hacer la publicidad más austera de la historia reciente del país”, así como el planteamiento que en ese campo había formulado el PAC durante varias campañas electorales y que fue una de sus principales banderas.
Igualmente dispendiosa ha sido la presente administración en consultorías: nueve entidades públicas triplicaron este año el monto de ese renglón presupuestario, probablemente también con la finalidad de promover el clientelismo político.
La actitud del presidente Solís en cuanto al aumento de la cuota obrera para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) aprobado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es otro ejemplo con un alto grado de irresponsabilidad y populismo; irresponsabilidad, porque atenta contra la estabilidad del fondo de pensiones, y populismo, porque con ella pretende congraciarse con los grupos que adversan dicho incremento.
Así, sin importar las nefastas consecuencias de su proceder, evita el costo político y la impopularidad que el aumento citado podría conllevar no solo para su propia imagen o la del gobierno, sino también para el PAC.
Pluses salariales. La falta de apoyo del presidente a las iniciativas para regular los pluses salariales en el sector público es una actitud más que pretende evitar algún costo político, en razón de la fuerte oposición manifestada por parte de grupos políticos y sindicales con los que dirigentes y diputados del PAC habían sellado una alianza en un rimbombante acto en el Teatro Melico Salazar en junio del 2015.
El condicionamiento de algunas fracciones legislativas de no tramitar ni aprobar nuevos impuestos, si antes no se aborda el tema de los pluses salariales, le ha proporcionado al gobierno la excusa ideal para “patear la bola” sobre el tema fiscal y eludir así otro aspecto que podría afectar los intereses electorales del partido oficial.
Activismo presidencial. También forma parte de la estrategia señalada el activismo presidencial en la apertura o inauguración de obras, aunque estas no se hayan concluido, como fue el caso de la habilitación de los tres carriles del denominado “puente de la platina”, en el sentido Alajuela-San José, en un acto oficial con la presencia del presidente Solís.
Asimismo, con el interés de poder inaugurar en agosto de este año la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por orden expresa de la Casa Presidencial, ha dejado para “las calendas griegas” la ejecución de importantes obras adicionales, como la señalización con pintura termoplástica, aceras, bahía para buses y accesos de pueblos a la vía, que son elementos necesarios para la seguridad de usuarios y vecinos.
Pero, como siempre, las autoridades del gobierno y los dirigentes del PAC justificarán su doble moral con el argumento de que eso siempre se ha hecho. ¡Aviados estamos!
El autor es exembajador.