Todos debemos abrir bien los ojos ante las amenazas contra libertades tan atesoradas

Por: Armando González R. 12 marzo

La mal disimulada coalición de gobierno integrada por el Frente Amplio y un sector del Partido Acción Ciudadana fracasó en su intento de crear una comisión legislativa para investigar a La Nación y Canal 7 por asistir a una reunión donde el candidato liberacionista Johnny Araya informó de su intención de retirarse de la contienda electoral.

Los amigos me aconsejan pasar la página, con el fracaso del contrario como trofeo y sus bajezas como blasón. Quizá tengan razón, pero carezco de motivo para enterrar precipitadamente el asunto. Tampoco temo a infamias que, en razón de su origen, prestigian. Sobre todo, haría mal si dejara de desnudar el intento de pervertir el control político para utilizarlo como arma represiva de la libertad de expresión.

La maniobra parece extraída del manual del chavismo. El libreto, bien conocido por los venezolanos y otros desafortunados pueblos de la alicaída Alianza Bolivariana, consiste en erosionar gradualmente las instituciones democráticas, entre ellas las libertades de prensa y expresión. El primer paso es desprestigiar a los medios de comunicación independientes.

En efecto, el principal promotor de la moción, el diputado Víctor Morales Zapata, la defendió con exactamente las mismas palabras que utilizó pocos días antes para justificar la cancelación de la señal de CNN en Español por el gobierno de Nicolás Maduro. El 16 de febrero, el legislador se negó a apoyar un voto de censura contra la bárbara actuación de Caracas porque a los medios de comunicación “se les debe exigir respeto”, para que den “valor agregado a la democracia”. El primero de marzo, cuando anunció su propósito de crear una comisión investigadora, reiteró: “La libertad de prensa, como tal, tiene que agregarle valor a la democracia”.

Implícita en la afirmación está la idea de que CNN no añade valor a la democracia cuando denuncia la venta de visas y pasaportes venezolanos, Telenoticias le hace flaco favor cuando da a conocer el caso judicial que obligó al presidente Solís a pedirle a Morales apartarse de la campaña y nada aporta La Nación cuando denuncia las estafas cometidas con la deuda política en el PAC y en el Movimiento Libertario, cuyo representante, Otto Guevara, fue el único diputado ajeno a la coalición oficialista que firmó la moción.

La mención de las irregularidades parece producto de un ánimo vengativo, pero es esencial para explicar la perversidad de la maniobra. Basta señalar esas denuncias de los pretendidos objetos de la “investigación” para desnudar las motivaciones revanchistas y, también, la pantomima del procedimiento propuesto.

Consideremos, en primer lugar, a los “jueces”. La comisión estaría integrada por un diputado libertario, dos del PAC y uno del FA, cuyo intento de encubrir la renuncia de uno de sus diputados por acoso fue desnudado por La Nación, para citar un ejemplo de sus múltiples motivos de enojo. Por lógica, el integrante del PUSC saldría de los dos diputados que votaron a favor de la moción, ambos molestos por publicaciones de La Nación y Teletica, pasadas y recientes. Ya con eso hay mayoría de “jueces objetivos” en la comisión de nueve, pero si el lector recuerda la infinidad de denuncias que ha conocido por La Nación y Canal 7, no le será difícil imaginar la unanimidad.

Consideremos, ahora, el mandato. Si el resultado de la “investigación” se adivina por la integración del panel, el torpe texto de la moción no deja duda de la condena adelantada. La comisión debía investigar la “reunión político-partidaria” con Araya. Nadie, hasta ahora, la había calificado así, ni siquiera los autores de las más solapadas insinuaciones, pero los impulsores de la moción lo tenían claro antes de investigar.

Esa inclinación chavista a condenar primero y buscar la prueba con posterioridad explica las amplísimas facultades otorgadas a la comisión para hurgar sin límite en la vida y milagros de los investigados, incluidos sus “vínculos y relaciones”, así como las “sociedades en que participen”. Nuestros “imparciales” investigadores también se atribuyen la potestad de convocar y recibir a “cualquier persona o representante de cualquier organización” capaz de “brindar información sobre el tema tratado y los verdaderos objetivos de quienes participaron en dicho encuentro”. Es decir, hay objetivos ocultos o por lo menos la conclusión adelantada de que el encuentro no tuvo fines periodísticos.

El derecho a la defensa vale un comino. La Santa Inquisición legislativa se arroga la potestad de investigar lo que se le ocurra, en una expedición de pesca para ver si algo cae, y convoca a la muchedumbre a acusar a los previamente condenados. También podrán entrevistar a quienes ellos califiquen de “expertos”, sin que los investigados tengan derecho a interrogarlos. Es una ordalía chavista.

Para rematar, la violación al derecho a la defensa, la moción define objetivos, pero no menciona la posible violación de una sola norma, legal o ética, ni describe una causa probable, basada en indicios suficientes para abrir una investigación, salvo la sospecha de que algo anda mal porque “en el ejercicio periodístico no es común la realización de reuniones con las fuentes informativas en compañía de los propietarios de los medios de comunicación”. Esa afirmación es falsa, como lo demostré la semana pasada con ejemplos locales e internacionales. Pero si no fuera “común”, tampoco sería pecado.

Consideremos, pues, el procedimiento. Los investigadores, cuya recusación se cae de la mata, dado su plausible revanchismo contra los investigados, podrán hurgar en lo que quieran y dar crédito a los testigos y expertos que se les antoje para justificar la condena anticipada. En su empeño, tendrán la ventaja de la inmunidad parlamentaria, mientras obligan a los investigados a declarar bajo juramento. Así de asimétrico es el juicio medieval.

Pero si alguien tiene duda de los verdaderos propósitos (ahora sí) de la moción, escuche a su promotor cuando intenta atraer apoyo de los diputados liberacionistas y socialcristianos recordándoles cómo sus partidos también se han visto afectados a lo largo de la historia por publicaciones de este diario. El legislador se remonta a los gobiernos de don Luis Alberto Monge y don Rafael Ángel Calderón Fournier, y solo le falta rogar “súmense a nosotros, llegó la hora de la venganza”. El cargo de fondo, formulado a imagen y semejanza de Nicolás Maduro, incluida la voz engolada, tiene que ver con plumas prostituidas al servicio de la oligarquía.

La clara comprensión del papel de los medios de comunicación y la libertad de expresión de una holgada mayoría de diputados descarriló la táctica chavista y le evitó al Congreso una vergüenza que habría trascendido nuestras fronteras y generado condenas de organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos.

Pero el mayor mérito de la votación es sentar el precedente para que a ningún medio costarricense se le pueda someter a un procedimiento aberrante, autoritario e inquisidor como el que se quiso incoar en nuestra contra. La Nación estará siempre vigilante para no permitirlo, no importa cuál sea el medio objeto de persecución política. Esa es mi verdadera motivación para escribir esta nota, contra el consejo de los amigos. Es preciso celebrar que el país evitara un precedente funesto, aplicable en el futuro para reprimir y desprestigiar a cualquier medio de comunicación por publicar las justas denuncias que tanto exasperan a nuestros frustrados investigadores. Los demás ciudadanos tampoco estarían a salvo de una arbitrariedad semejante, por el mismo motivo o por cualquier otro. Todos debemos abrir bien los ojos ante las amenazas contra libertades tan atesoradas.

Pero no quiero exagerar los peligros. No estamos en Venezuela, y si los diputados no hubieran votado con tan buen tino, los tribunales no habrían tardado en poner límite al abuso porque, como bien dijo el legislador Carlos Arguedas, exmagistrado de la Sala IV y autoridad en derecho constitucional, la absurda iniciativa choca de pleno contra las garantías de nuestra Carta Magna.

Para comenzar, se estrella contra la jurisprudencia según la cual la potestad de nombrar comisiones investigadoras “solo puede utilizarse como instrumento de la función legislativa de fiscalización política y, por ende, únicamente para investigar negocios, o de la forma en que se invierten los fondo públicos o conductas de los entes, órganos o funcionarios públicos, nunca de los particulares, quienes están excluidos, por definición, de dicha fiscalización” (voto 4364-93). Y sería superabundante citar las razones fundadas en la garantía constitucional de la libertad de expresión y otras igualmente importantes.

La Constitución es sabia cuando erige barreras contra el abuso del poder, la desnaturalización de instituciones como el control político y el empleo del cargo para perseguir a los conciudadanos. Sin esos límites, no habría libertad ni democracia. No estamos en Venezuela, pero las razones de la diferencia hay que saber defenderlas. Ahora sí, paso la página, si me dejan.

El autor es director de La Nación.