Todos los ciudadanos, incluidos los pobres, deben financiar las pensiones de lujo

 13 abril

Las pensiones, tema al cual prácticamente todos los políticos rehúyen referirse, ya sea por compadrazgo o por interés propio o indirecto, representan un privilegio obsceno, creado y concesionado por y para ellos y gremios específicos, en perjuicio directo del resto de la población. Privilegio que lesiona el espíritu colectivo nacional y genera un rechazo general a nuestra forma de gobierno, que incluye por igual a los tres poderes del Estado, que se han cohesionado para promover y mantener estas concesiones injustas y antieconómicas para el resto de los ciudadanos.

Esos regímenes especiales de pensiones son financiados en un 90% por el resto de los costarricenses, y representan un monto superior a $1.200 millones anuales, que equivale a más de 3,5 veces lo que el presente gobierno ha invertido en infraestructura educativa durante su gestión.

Todos los pensionados de los regímenes especiales reciben un monto mensual muy superior a las cotizaciones hechas durante su vida laboral, por lo que el subsidio recae sobre el lomo del resto de los costarricenses.

Grupo pequeño. Esas pensiones contribuyen a la desigualdad social, pues menos de 1.800 personas, que no cubren ni el 3% de los pensionados, absorben más del 15% del total pagado cada mes, con algunas pensiones que superan los ¢10 millones mensuales. Aquí se encuentra gente de todas las ideologías, que se consideran a sí mismos ciudadanos de primera clase, pues el resto de los costarricenses debemos soportar financieramente esos regímenes parasitarios, que al no generar sus propios recursos se los quitan al resto de ciudadanos, quienes a cambio solo reciben la condena de mantenerlos y endeudar a las futuras generaciones.

Durante la aprobación y modificación de esos regímenes se dejó de lado la técnica actuarial, no importó la proporcionalidad y razonabilidad de los ingresos y costos futuros, y mucho menos el componente mínimo de justicia.

La justificación que brindan quienes reciben ese obsceno privilegio es que son derechos adquiridos, pero en realidad son concesiones, propensas a ser eliminadas, por inconstitucionales.

El artículo 176 de nuestra Constitución Política establece que los gastos presupuestados no podrán exceder los ingresos probables, lo cual se viola año tras año; además, el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos dispone que no se deben financiar gastos corrientes con deuda, lo cual incluye los montos transferidos a los regímenes especiales de pensiones.

Ilegalidad. Aproximadamente el 50% del presupuesto nacional se financia con deuda, lo cual es inconstitucional. El 90% de los fondos de los regímenes especiales de pensiones se financian del presupuesto nacional, por lo cual la subvención a esos regímenes también es ilegal e inconstitucional pues tienen un componente de deuda muy importante, por lo cual deben eliminarse, al igual que el respaldo y aporte estatal, tanto directo como a través de las cuotas patronales, que también se financia completamente de un presupuesto público deficitario e inconstitucional.

Los últimos intentos realizados por diputados realmente son medidas distractoras, pues los montos y beneficios siguen siendo obscenos, pues tratan a esos regímenes con “guantes de seda” mientras que al resto de la población con “puño de hierro”, pues ya se discute subir el monto de cotización y la edad de retiro en el IVM.

La ironía y contradicción es un Estado de derecho, torcido y tuerto, donde los ciudadanos, incluidos los pobres, deben financiar esas pensiones de lujo, endeudando de paso a las futuras generaciones y recibiendo menos servicios y bienes del Estado.

En conclusión, o los políticos y magistrados actúan responsablemente, donde imperen los criterios de justicia e igualdad, y exista un solo régimen de pensiones con cargo al presupuesto nacional, o seremos los mismos ciudadanos quienes debamos acabar con ese “Estado de derecho” distorsionado, abusivo e injusto creado por ellos mismos para su propio beneficio.

El autor es informático.