6 abril, 2015

Decía en un artículo anterior ( La Nación, 23/3/2015) que el Estado costarricense, con 276 instituciones en su catálogo, está metido en tanta cosa que ha perdido la capacidad de concentrarse en hacer bien lo que le compete.

Pero el dato revela mucho más acerca de la atrofia del modelo de desarrollo que la simple afirmación de que hay en el país unas 276 entidades públicas, cada una con su burocracia, presupuesto y regulaciones.

Cada vez que se ha dado el debate acerca de la necesidad de un nuevo paquete tributario en los últimos tres lustros, han citado los defensores de los impuestos cifras convenencieras acerca de la carga tributaria.

Importantes personalidades han defendido la necesidad de crear nuevos tributos argumentando que la recaudación en Costa Rica es de alrededor del 13% del PIB. Cifra que, si fuera cierta, sería la menor de Centroamérica (34,1%) y apenas poco más que un tercio de la recaudación promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Alegan que si queremos alcanzar el desarrollo del primer mundo, no podemos tributar como país de tercer mundo.

Manipulación. La cifra del 13% es una manipulación de la verdad, por cuanto no contabiliza las contribuciones que hacemos los costarricenses a la seguridad social, que en otros países se financia por la vía de impuestos. Las cifras de la OCDE sí las incluyen, y, bajo esta premisa, la recaudación costarricense fue del 22,04% del PIB en el 2013, la más alta de Centroamérica, la quinta más alta de Latinoamérica, y levemente por encima del promedio regional (21,3%).

Peor aún es el argumento de que hay que tributar como país de primer mundo para alcanzar el desarrollo, como si existiera una relación causal comprobable que dictara que los impuestos crean riqueza.

Chile tiene una carga tributaria inferior al promedio (20,2%), el mayor ingreso per cápita y la economía más competitiva de América Latina, siendo el país miembro de la OCDE que más redujo la brecha de ingresos entre ricos y pobres desde el 2007. Brasil (35,7%) y Argentina (31,2%) son los dos países latinoamericanos con mayor carga tributaria, cercana o superior al promedio de los países de la OCDE, pero son también dos de las economías más atribuladas del subcontinente.

Lo relevante para la discusión no es cuánto recaudan los países desarrollados, sino qué estrategias siguieron para alcanzar el desarrollo. Difícilmente encontraremos un caso de un país que haya salido de la pobreza a punta de impuestos.

Crecimiento del gasto. Rara vez se debate acerca de responsabilidad fiscal y del nivel de gasto del Gobierno. Hagámoslo, pues.

Como proporción del PIB, el gasto del Gobierno central creció un 32% entre el 2007 y el 2014, al pasar de representar un 15,16% a un 19,97% del PIB. No hubo en este tiempo una reforma fiscal que justificara el aumento del gasto, ni una mejora perceptible en la cantidad o calidad de los servicios prestados por el aparato estatal. Del déficit fiscal que hoy representa el 5,7% del PIB, la friolera de 4,8 puntos porcentuales se debe a ese insensato crecimiento del gasto. En otras palabras, si nuestros gobiernos hubieran tenido disciplina fiscal, podríamos tener hoy un déficit cercano al 1%, perfectamente manejable sin la necesidad de nuevos impuestos, y una economía más dinámica.

En el mejor de los casos, los nuevos impuestos vendrían a reducir la brecha existente entre gastos e ingresos. Pero a la vez darían nuevos aires a la imprudencia fiscal. Ya vimos que los gobiernos de Costa Rica no necesitan ingresos frescos para gastar irresponsablemente, y la inconstitucional aprobación del presupuesto del 2015, con un incremento del gasto del 19%, nos lo reconfirma. Pero, además, ha sido demostrado que poco tiempo después de cada reforma tributaria aprobada en Costa Rica en los últimos 25 años, la situación fiscal se ha vuelto a deteriorar. Por todo esto, es crucial hablar del nivel de gasto.

Si bien el gasto del Gobierno central representó prácticamente un 20% del PIB el año pasado, esa no es la historia completa. El presupuesto nacional aprobado por la Asamblea Legislativa para el 2015 asciende a la suma de ¢7,9 billones, pero representa apenas una tercera parte del gasto total del Gobierno.

Las municipalidades, instituciones autónomas y empresas públicas –gigantes como el ICE, la CCSS, Recope, el INS y la banca estatal – agregan otros ¢14,1 billones de gasto en el 2015. El presupuesto del Gobierno total para el 2015 es de ¢22 billones, lo que representa el 77% del PIB proyectado.

Esa cifra marea. Quiere decir que de toda la riqueza que se genera en el país cada año, el sector público se dispara más de tres cuartas partes. Tengamos claro que la riqueza la produce el sector privado; el sector público únicamente se apropia de parte de ella y la gasta con criterios que poco tienen que ver con justicia (gollerías consagradas en convenciones colectivas) y menos con eficiencia (basta con abrir el periódico cualquier día de la semana para constatarlo).

Aprieto cuantitativo. Simplemente, no queda espacio en la economía costarricense para permitir un mayor gasto público, cuando este ya representa el 77% de la producción nacional. Aun si descontamos el rubro de transferencias para evitar la doble contabilización, el gasto público total representa alrededor del 60% del PIB.

Uno podría escribir tomos enteros acerca de la calidad del gasto público. Pero no hace falta pasar cinco horas haciendo fila por un cupo en Migración o nueve meses esperando los resultados de una mamografía para darse cuenta de que algo anda mal. El problema no es solo cualitativo. Tenemos un severo aprieto cuantitativo.

Justo a esto me refería en mi anterior artículo cuando hablaba de la necesidad de reducir el tamaño del Estado, y de sacarlo de un sinfín de actividades que el sector privado puede desarrollar de mucha mejor forma. Ninguna economía es sostenible cuando el sector público estruja al privado de esta manera. Es como pretender ganar las 500 millas de Indianápolis con un carro de tracción en una sola rueda.

El autor es economista.