Cuando, en los albores de esta Administración, el capítulo más reciente sobre las diferencias entre Costa Rica y Nicaragua detonó, mi genuino deseo era tender puentes y consolidar una muy necesaria agenda bilateral, y así avanzar en los temas más relevantes para ambos pueblos como lo son la migración, el trabajo, la seguridad común, el intercambio comercial y, en general, el fortalecimiento de las históricas relaciones que nos unen a costarricenses y nicaragüenses.
Este deseo fue interpretado por algunos como una posición frágil e ingenua, y no como lo que en realidad pretendió ser: una posición de Estado de buena fe. Sin embargo, el Gobierno del país vecino no quiso aprovechar la oportunidad para avanzar en esa agenda bilateral, y las repetidas acciones unilaterales en violación del territorio y de derechos de Costa Rica convergieron en un grave conflicto internacional por la negativa de aceptar, como Nicaragua debió haberlo hecho, el error cometido.
El agravamiento de la situación nunca fue producto de Costa Rica. Solo defendimos nuestra soberanía e integridad territorial, y por mucho tiempo propuse y solicité el diálogo franco, sin encontrar eco. En respuesta, nos enfrentamos a una escalada verbal sin precedentes, por la cual se nos disputó todo el régimen fronterizo. Algunos han opinado que las declaraciones del gobernante de Nicaragua son boberías, pero lo cierto es que son posiciones de Estado de Nicaragua, que acarrean consigo un valor jurídico a nivel internacional, y que no han sido retractadas.
Por supuesto que deseamos el diálogo y la normalización de las relaciones, pero ello supone acciones en dos vías. Que Costa Rica lo proponga no es suficiente, Nicaragua tiene que aceptarlo, y un aspecto elemental en ese asentimiento es el hecho de que ese país debe retractarse oficialmente de las posiciones jurídicas que cuestionan el régimen fronterizo. No hay nada que los costarricenses anhelemos más en nuestras relaciones internacionales que Nicaragua acepte nuestra propuesta de un diálogo franco y constructivo, pero lo cierto es que ese diálogo se ve lejano y complejo, en tanto no tengamos las indispensables garantías que Costa Rica plantea y que Nicaragua se niega a considerar.
La ruta 1856. Todos los costarricenses debemos tener claro lo que esta ruta representa desde el punto de vista de la soberanía, de la defensa, de la comunicación y del desarrollo de nuestras comunidades fronterizas. Por ello es importante explicar lo que hemos hecho, y por qué la ruta debe ser evaluada en su justa dimensión.
Desde que denuncié los lamentables hechos de corrupción que investiga la fiscalía, propios y extraños se dedicaron a calificar esta obra duramente y, con frecuencia, sin una medida de la proporción. Como los propios científicos que Nicaragua contrató reconocieron, de los 108 kilómetros que tiene la ruta entre el mojón II y el Delta en el Río Colorado, solamente cerca de una tercera parte fueron objeto de estudio por parte de ese país, pues los casi 70 kilómetros restantes se encuentran en buenas condiciones, y su impacto al ambiente fue imperceptible.
El segmento del camino sobre el que han recaído críticas se localiza en una zona donde apenas se iniciaban los trabajos preliminares cuando nos vimos obligados a suspender las labores por las razones conocidas. Es lógico que la suspensión de una obra inconclusa permitiera observar que faltaban aspectos constructivos, como la estabilización de taludes, la corrección de pasos de agua y el tratamiento adecuado de la calzada. Pero se nos acusó de desarrollar una obra mal hecha a todo lo largo y ancho, y no sobre los aspectos puntuales sobre los que debía juzgarse.
Perdida la fe en la importancia de la obra por la severísima calificación que se daba, muchos dudaron y muchos se alejaron del proyecto. La obra estaba efectivamente satanizada, y era muy difícil pedir que se evaluara en su justa dimensión.
No obstante, convencida de que, aun en la peor de las circunstancias que afrontamos, no podíamos cejar en esfuerzo alguno, y acompañada por un comprometido grupo de profesionales de clase mundial, nos dimos a la tarea de continuar evaluando y mejorando la obra. Es así como dimos la autorización para que se realizaran estudios y diagnósticos comprensivos sobre la situación ambiental de la ruta 1856. Ello hizo que se produjeran diez distintos informes, entre estudios y reportes, en los que participaron las instituciones y los profesionales más prestigiosos de Costa Rica, como los del Instituto Costarricense de Electricidad, la Escuela de Ingeniería Civil (Ciedes) de la Universidad de Costa Rica, el Centro Científico Tropical, y varios destacados científicos. Este esfuerzo se hizo conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Energía, y el Consejo Nacional de Vialidad (MOPT), y fue coordinado ejemplarmente por nuestra Cancillería.
Asimismo, y con el objeto de emitir una evaluación objetiva, Costa Rica le pidió al Dr. Colin Thorne, experto británico reconocido como uno de los mejores del mundo en estos temas, preparar un informe en su condición de testigo experto para la Corte Internacional de Justicia. Ese informe deja clara la verdadera dimensión ambiental de la ruta 1856, y resalta el hecho de que la ruta no afectó el río San Juan, o el medioambiente en Nicaragua.
Esos estudios, que comprenden casi 900 folios de información técnica, forman parte de la contramemoria que Costa Rica presentó recientemente ante la Corte Internacional de Justicia. Aunque en este momento no se pueden hacer públicos, espero que, cuando la Corte dé su autorización, podamos hacer todos los informes y evaluaciones accesibles a toda la ciudadanía.
Compromiso de Costa Rica. Soy la primera en reconocer que la ruta 1856 requiere trabajo, particularmente en las secciones en las que se iniciaron obras y que fueron suspendidas. Por ello he pedido al MOPT que se hagan, mediante concursos públicos, los diseños para garantizar que la continuación de la obra se lleve a cabo con los más altos estándares constructivos. Hemos hecho una invitación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para que nos asesoren en la realización de los trabajos de mitigación más relevantes, y mantenemos programas de regeneración ambiental que se conducen por medio del Minae. Así las cosas, los trabajos de mantenimiento y mitigación continuarán hasta que Costa Rica pueda finalizar todas las obras.
El último fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia, denegando las medidas cautelares solicitadas por Nicaragua sobre la ruta 1856, confirma la seriedad con que hemos conducido los trabajos de construcción y mitigación de esa obra.
Hemos dicho a la Corte Internacional de Justicia que nuestro compromiso es mejorar el camino. Cualquier acción que Costa Rica tome será para perfeccionar esa importante obra, para tranquilidad tanto de costarricenses como de nicaragüenses. Es por ello que pido a todos, sin distingo de color político o posición ideológica, que aseguremos la continuidad y la calidad de la ruta 1856. Debemos mantener constancia y firmeza en su satisfactoria y pronta conclusión, ya que es una ruta símbolo de nuestro compromiso con Costa Rica y con la defensa de su soberanía.