EscucharLONDRES – Al parecer, los drones (“aviones teledirigidos”) están de repente por doquier. Han pasado zumbando por las tramas de series televisivas de suspense como 24 y Homeland, se los ha considerado una posible opción para hacer las entregas de la gigantesca minorista en línea Amazon.com, se los ha visto en acción en zonas de desastres en Haití y las Filipinas y se han cernido amenazadores sobre centrales eléctricas nucleares francesas. Esa tecnología, en tiempos secreta, ha pasado a ser casi omnipresente.
Como las autoridades de los Estados Unidos y de Europa se han comprometido a abrir el espacio aéreo civil a drones no militares, los aviones no pilotados llegarán a ser aún más comunes. Por eso, es fundamental que se determinen y aborden rápidamente las excepcionales amenazas que representan para las libertades civiles y la intimidad.
Para empezar, los drones están cambiando en gran medida la forma como se recogen datos. Hasta ahora, la mayoría de los drones civiles han ido equipados sólo con cámaras de gran resolución, que ofrecían a los agentes de policía, los equipos de búsqueda y rescate, los periodistas, los cineastas y los inspectores de cultivos e infraestructuras una vista de pájaro sobre sus alrededores, pero eso está a punto de cambiar. Los fabricantes están haciendo experimentos con drones que pueden obtener imágenes térmicas, prestar servicios de telecomunicaciones, hacer mediciones medioambientales e incluso leer y analizar datos biométricos. Además, algunas empresas se han interesado por la recogida de “megadatos” utilizando una diversidad de sensores al mismo tiempo.
Entretanto, los drones se están volviendo más pequeños, lo que les permite infiltrarse en espacios que normalmente serían inaccesibles. Pueden espiar a través de ventanas, entrar volando en edificios y permanecer, no detectados, en rincones u otros espacios pequeños. Su tamaño y su silencio permiten que se los utilice para la vigilancia secreta, lo que infunde preocupación por el espionaje industrial, los sabotajes y el terrorismo. El próximo drone que vuele por sobre una central eléctrica nuclear francesa podría ser demasiado pequeño para ser advertido.
También el precio de los drones está desplomándose. Ya se puede disponer de un modelo básico por no más de unos centenares de dólares. Las empresas comerciales, que necesitan mantener buenas relaciones con sus clientes, tienen interés en utilizar los drones de forma responsable, pero es probable que las personas particulares tengan menos escrúpulos para utilizarlos con el fin de espiar a sus vecinos, a sus familiares o al público en general.
Es necesario tomar medidas, pero, aunque las consecuencias para la intimidad de unos drones pequeños, ubicuos y poco costosos, equipados para obtener una gran diversidad de datos, son evidentes, la reacción adecuada al respecto no lo es. Limitarse a prohibirlos privaría a las sociedad de los muchos beneficios que los drones pueden ofrecer, desde su despliegue para tareas peligrosas, sucias o tediosas hasta los bajos costos de su funcionamiento y mantenimiento, en comparación con los aviones tripulados.
No es probable que la utilización de drones para la fumigación de cultivos, la vigilancia de la contaminación o la mayoría de las operaciones de búsqueda y rescate inspiren graves preocupaciones, pero otras aplicaciones, en particular por parte de policías, periodistas y ciudadanos privados, sí. La propia diversidad de las posibles aplicaciones de esa tecnología impide reglamentarla sólo con una legislación. En cambio, las partes interesadas en todos los niveles deben evaluar las posibles repercusiones en la intimidad, la protección de datos y la ética atendiendo a las características particulares de cada caso.
Los operadores de drones bien intencionados deben examinar detenidamente cómo podrían sus actividades violar la intimidad y las libertades civiles y adoptar medidas para reducir al mínimo sus efectos, recurriendo –en la medida de sus posibilidades– a instrumentos existentes, como, por ejemplo, evaluaciones de las repercusiones en la vida privada. Las autoridades encargadas de la protección de datos, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes encargados de proteger la intimidad en las empresas y las organizaciones públicas deben publicar orientaciones sobre la utilización de los drones, como han hecho en el caso de otras tecnologías existentes y recientes. Las directrices que rigen la utilización de circuitos cerrados de televisión podrían servir de punto de partida válido, pero se debe complementarlas para que abarquen los diferentes tipos de datos que puede obtener un drone.
Los fabricantes de drones deben desempeñar también el papel que les corresponde al respecto, entre otras cosas brindando orientación para ayudar a los usuarios –en particular los ciudadanos privados– a manejar sus productos dentro de los límites de la ley. Se deben incluir números de serie, para que se pueda seguir la pista a los drones. Las autoridades civiles deben complementar esas medidas examinando la forma como se podría utilizar la legislación vigente sobre la intimidad, la protección de datos, las intromisiones ilegítimas y el acoso para procesar a los operadores que violen los derechos humanos. Por último, las compañías de seguros pueden brindar incentivos oportunos explorando las posibilidades de mercado correspondientes a las responsabilidades en caso de utilización indebida o de accidentes.
Se trata de un imperativo a un tiempo urgente y complejo. Se deben proteger los derechos de los ciudadanos antes de que el mercado y los propios drones despeguen de verdad.
Rachel Finn es analista superior de investigación en Trilateral Research & Consulting, donde lleva a cabo investigaciones sobre la intimidad, la protección de datos y las cuestiones éticas relativas a las nuevas tecnologías.
David Wright es socio director en Trilateral Research & Consulting y autor de Surveillance in Europe (“La vigilancia en Europa”). © Project Syndicate 1995–2015
