EscucharFLORENCIA – El presidente ruso, Vladimir Putin, muestra un creciente desprecio por el derecho internacional – quizás esta postura se muestra con mayor claridad en el apoyo militar continuo de su Gobierno al régimen de Bashar al-Assad en Siria. No obstante, si se considera el régimen autoritario de Putin en su propio país, no debería causar sorpresa que él perciba el derecho internacional meramente como algo que es un poco más que un instrumento de política exterior.
Cuando el régimen de Putin quiere aniquilar a la oposición, típicamente implementa disposiciones exóticas e inverosímiles del código penal de Rusia. Por ejemplo, las jóvenes artistas de la banda punk Pussy Riot, quienes se atrevieron a cantar canciones despectivas de la imagen de Putin en una iglesia ortodoxa, fueron acusadas de “vandalismo motivado por odio religioso” y condenadas a dos años de prisión.
Del mismo modo, el abogado y político de la oposición Alexei Navalny fue condenado por haber brindado asesoramiento jurídico deficiente a una empresa maderera provincial, asesoramiento que causó que esta perdiera dinero, un “crimen” que significó una pena de prisión de cinco años. Afortunadamente, las autoridades suspendieron la condena después de que los partidarios de Navalny realizaran protestas masivas en Moscú; sin embargo, la condena se mantiene en los registros, y ha dificultado aún más el activismo político.
Los juicios por motivos políticos comenzaron a aumentar, hace diez años, con el encarcelamiento de Mikhail Khodorkovsky, quien fue jefe de Yukos, la mayor petrolera privada de Rusia; encarcelamiento que tuvo lugar después de que él ignorara advertencias sobre que no debía apoyar a los opositores de Putin. Desde entonces, se han llevado a cabo cientos de arrestos y condenas excesivas por motivos políticos. Más recientemente, las autoridades declararon una pacífica protesta contra el Gobierno por parte de una veintena de jóvenes moscovitas como una conmoción callejera, a pesar de que la transmisión en vivo, vía Internet, no muestra ningún tipo de disturbio, y no hay denuncias de testigos sobre cualquier desorden. Sin embargo, varios manifestantes, ahora, se encuentran en prisión o en hospitales psiquiátricos.
La intolerancia de Putin con la disidencia es cada vez más siniestra. Se sintió profundamente ofendido por la reacción negativa en las calles y en la prensa tras su controvertida elección el año 2012, a un tercer mandato presidencial, y acusó a la oposición y a Occidente de tratar de menoscabarlo. Ya sea que esta respuesta refleje una mezquindad personal, o el intransigente punto de vista de un exoficial de la KGB, su hostilidad hacia el mundo occidental, especialmente hacia Estados Unidos, es inquietante.
A principios de este año, Putin mostró las bajezas en las que se hundirá con el objetivo de castigar a presuntos opositores. Después de que en EE.UU. se aprobara una ley destinada a sancionar a las autoridades rusas responsables de presuntas violaciones de los derechos humanos, Putin prohibió la adopción de huérfanos rusos por parte de familias estadounidenses, miles de los cuales encontraban hogares felices en EE.UU., cada año. Cientos de niños, muchas de ellos con discapacidades, ya tenían padres potenciales y se preparaban para una nueva vida en el momento en que se impuso la prohibición; se les dijo que quienes iban a ser sus padres habían cambiado de opinión. También se han vetado a familias de otros países cuyos gobiernos tienen opiniones desfavorables sobre las políticas rusas. Mientras todo esto acontece, 75.000 niños rusos sufren deterioros en escuálidos orfanatos.
Cada año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibe entre 10,000 a 14,000 quejas desde Rusia, la cantidad más alta entre los países de Europa. Algunas de estas quejas terminan en la anulación de condenas injustas y en compensaciones para las víctimas (no obstante, Rusia rara vez compensa a los chechenos que han sufrido a manos de las fuerzas armadas de Rusia).
Hasta ahora y de manera general, Moscú había respetado los fallos del TEDH. Sin embargo, el 23 de octubre, la Corte Suprema de Rusia, por primera vez rechazó oficialmente una decisión de este tribunal en un caso relacionado a Alexei Pichugin, un exsubalterno directo de Khodorkovsky y jefe del servicio de seguridad de Yukos, condenado a cadena perpetua por fraude. La TEDH había pedido que se redujera la condena impuesta a Pichugin y que el Gobierno ruso le otorgase una compensación por “daño moral”.
Pero este no fue el único caso en el que Rusia da la espalda a sus compromisos internacionales. El Ministerio de Exteriores ha anunciado que Rusia no va a cumplir con la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en una demanda presentada por los propietarios de un buque utilizado por la organización ambientalista Greenpeace.
El proceso judicial surgió debido a un incidente ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando los activistas de Greenpeace, como parte de la campaña “Salvar al Ártico” trataron de colocar un cartel de protesta en la plataforma petrolera Prirazlomnaya de propiedad rusa. Dichos activistas fueron arrestados por los guardias fronterizos rusos y encarcelados en Múrmansk y su buque, el Arctic Sunrise, de propiedad holandesa, también fue incautado. Se sometió al capitán del buque, el estadounidense Peter Willcox, y a su tripulación internacional a procedimientos de revisión y se les acusó de piratería – un delito que conlleva una pena hasta de 15 años de prisión y la confiscación de bienes.
La explicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia relativa a los motivos por los que ignoró el fallo del tribunal fue tan siniestra como desconcertante: Rusia, según lo que el Ministerio declaró, no reconoce al tribunal. Sin embargo, este fue establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la que 166 países son parte, entre ellos Rusia. De hecho, Rusia ha apelado ante este tribunal, y ha ganado casos, en disputas que involucraban a sus propios buques.
Parece que Rusia se encuentra a la deriva en el mar. La creciente tendencia del Gobierno de Putin para eximirse del estado de derecho internacional es peligrosa para el mundo, pero muy probablemente va a resultar más peligrosa para la propia Rusia.
Andrei Malgin es autor del libro An Adviser to the President (Un consejero del presidente) y escribe el blog titulado Notes of a Misanthrope (Notas de un misántropo). © Project Syndicate.
