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El derecho fundamental a los servicios públicos

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La gigantesca administración pública costarricense, de insospechadas e incontrolables dimensiones, tal y como lo demuestra cada cierto tiempo el Mideplan, está sujeta a un mandato constitucional: prestar sus servicios –en sentido amplio– de modo continuo, regular, célere, eficaz y eficiente. Así lo señala de forma enfática, incansable y reiterada la Sala Constitucional. Con todo, no se trata de un señalamiento constitucional y legal que sea seriamente considerado, al menos por ahora, por los responsables del funcionamiento del Estado costarricense al asumir sus funciones.








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