1 noviembre, 2014

En la edición de La Nación del 6 de octubre de 2014 se publicó una información titulada “La mitad de la cúpula judicial puede jubilarse pero se aferra al puesto”, en la que se indica que 12 magistrados y magistradas, y otros autoridades del Poder Judicial, integran una lista de 68 funcionarios y funcionarias que tienen aprobado su derecho a la jubilación.

De la forma como se expusieron los datos, es de suponer que surgen en las personas lectoras diversas interrogantes: ¿por qué estas personas no quieren abandonar sus puestos para disfrutar de una vida más pausada, sin responsabilidades laborales?, ¿no resulta mejor estar en la casa, disfrutando de la compañía de los seres queridos, que batallar día a día con las responsabilidades, la creciente demanda de los servicios, escasez de recursos y críticas a su labor?

Por respeto a la ciudadanía y transparencia en la gestión pública, es necesario explicar que quienes cumplen los requisitos para la jubilación en la administración pública han dedicado muchos años de su vida al trabajo. Con esfuerzos –generalmente no reconocidos– han luchado por la mejora de las instituciones donde laboran, han forjado compromisos y nutrido ideales para una mayor eficiencia, eficacia y transparencia en los servicios. Al pasar de los años llega la posibilidad de jubilarse sin que todas las aspiraciones de mejora en el servicio público se hayan concretado y, por eso, muchas veces se opta por continuar, para consolidar proyectos que se espera contribuyan a un mayor bienestar para todas y todos los habitantes.

Relevo gradual. La historia del Poder Judicial nos dice que los inicios de la institución fueron díficiles. Cuando se conformó la nueva nación y se intentaba crear un sistema de administración de justicia sólido e independiente, conforme a lo establecido en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica aprobada en 1825, la elección de los integrantes de la Corte fue lenta, había pocos abogados, muy poco presupuesto y las remuneraciones asignadas a los miembros del supremo tribunal no resultaban atractivas. Esa carestía se mantuvo hasta los años cincuenta, época en la que los registros históricos evidencian la lamentable condición e inadecuada ubicación de las oficinas judiciales, el hacinamiento y la ausencia de las mínimas condiciones para la prestación de los servicios.

No fue sino con la reforma del artículo 177 de la Constitucion Política, promovida por el magistrado Evelio Ramírez y aprobada mediante la Ley No. 2122 del 22 de mayo de 1957, que se dotó al Poder Judicial de un presupuesto más adecuado, consistente en “una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico.”

A partir de entonces, se evidencian los esfuerzos de la sociedad costarricense de invertir en una administración de justicia capaz de responder a las exigencias de las personas usuarias y del país. Por ello se mejoraron las condiciones de empleo en la institución con salarios dignos, se creó un Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el personal judicial, se dotó de estabilidad laboral, oportunidades de capacitación y mejores instalaciones.

Ahora, cuando todos los esfuerzos han dado como resultado un Poder Judicial reconocido en la región por su solidez e independencia, se cuestiona todo lo que se ha logrado, así como los recursos que se invierten en la institución, y se insinúa que los jerarcas con derecho a la jubilación deben retirarse porque conviene que cedan el campo a otras generaciones.

Este razonamiento no pondera la experiencia y el conocimiento acumulados, la conveniencia de que la sucesión en los altos mandos se produzca mediante un proceso gradual que permita la incorporación paulatina de personas; y sobre todo, omite la consideración de que quien se queda en su puesto, pudiendo jubilarse, no sólo quiere seguir aportando sino que le ahorra al país una suma cuantiosa, por cuanto el retiro le significa además del pago de la jubilación, el salario de quien le sustituya en el puesto.

En los países desarrollados se valora la experiencia, se respeta la vida dedicada al servicio público y se comprende que los procesos de cambio de los mandos de dirección no deben ser abruptos.

A manera de ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos establece que los magistrados de la Corte Suprema, una vez electos, se mantienen en el puesto de por vida, salvo que se acojan al retiro voluntario o sean removidos por conducta indebida. En ese país, el magistrado William O. Douglas sirvió desde 1939 hasta 1975 (36 años), el reconocido presidente de la Corte John Marshall sirvió por 34 años (1801-1835) y el actual Magistrado Antonin Scalia –de 78 año– ocupa el puesto desde 1986 (28 años), sin que haya anunciado alguna intención de retiro.

En Francia, los nombramientos de los jueces son de por vida y solo pueden ser removidos por causas disciplinarias.

Un anhelo legítimo. En nuestro país, la Asamblea Constituyente del 49 discutió y rechazó la propuesta de inamovilidad de quienes integran la Corte. Se optó, en su lugar, por el sistema de elección y reelección vigente, con el cual se pretendió proteger a los integrantes del más alto tribunal de los vaivenes políticos, garantizándoseles cierta estabilidad en el puesto y, con ello, la independencia jurisdiccional.

Este fue un logro para el fortalecimiento del Poder Judicial. Si esta solución ya no satisface, entonces debe iniciarse el debate para decidir qué es lo que ahora se quiere.

No se pretende argumentar en contra del cambio generacional, pues ciertamente en todas las instituciones deben llegar nuevas personas, nuevas ideas e ideales que propicien reflexiones y acciones distintas. Sin embargo, no parece razonable que a quienes se quedan, pudiendo irse, se les reproche por el deseo de mantenerse trabajando, lo cual es un anhelo legítimo de muchas personas trabajadoras que ya cuentan con el derecho de retiro. No procede la crítica a quienes se quedan a trabajar, ni censurar a quienes deciden retirarse.

El trabajo no solo es deber, es también un derecho y un medio de realización de todas las personas, no solo de aquellas que tienen una edad específica.