25 marzo, 2015

Desde las redes sociales, el grupo Pro Adopción Costa Rica está creando conciencia sobre las consecuencias de los lentos procesos de adopción que llevan a dos situaciones básicas: los niños a cargo del PANI viven en albergues, institucionalizados y sin ejercer su derecho a crecer en una familia; y envejecen mientras los trámites burocráticos y judiciales avanzan a paso de tortuga y, al llegar a los 18 años, quedan fuera del ámbito de la institución, sin familia y no pocas veces sin oficio.

Definitivamente, esta es una tragedia nacional en la que están sumidos alrededor de 4.500 niños y adolescentes que viven en albergues, más cerca de 3.000 que están ubicados de manera transitoria.

Nuestro país estableció reglas de adopción en el Código de Familia: individual por persona soltera, individual por persona casada, conjunta por cónyuges y que -tras ser valorados por profesionales del PANI- muestren aptitud y disposición para asumir la responsabilidad parental. Los miles de menores que están a cargo del PANI deberían ser asignados al cuido de personas o familias declaradas con capacidad de adoptar, y no en albergues. Muchas organizaciones no gubernamentales muestran interés en tener niños albergados porque subsisten precisamente por esa causa, pero si se da un albergamiento debería ser temporal, porque la condición jurídica de los menores debe resuelverse en semanas o meses, no en años.

Para no alargar innecesariamente los procesos judiciales, el PANI debe entender que si un familiar no se enteró de la situación de maltrato, agresión o abandono de un menor, es porque es distante y que no vale la pena buscar al hermano del tatarabuelo, quien ni siquiera sabe que el chiquito existe; tratar de ubicar al menor con alguien de su familia biológica no debe convertirse en el origen de la violación de su derecho más esencial a vivir en una familia.

Por otro lado, un PANI eficiente en adopción elimina toda posibilidad del eventual comercio ilícito de adopciones directas que podría generar esas historias que se cuentan de la muchacha que quiere abortar y a quien alguien le dice que mejor haga una “adopción directa”, y la convence, al tiempo que los futuros adoptantes asumen la alimentación y condiciones de salud y tal vez hasta le dan dinero para que mejore el “cuartito”. Estos son casos que parecen de novela y se cuentan, y son parte del “imaginario colectivo”, pero nadie ve. Y, tal vez, como se rumora, existen a la vuelta de la esquina.

De acuerdo con el Código de Familia, “la adopción es una institución jurídica de integración y protección familiar, orden público e interés social. Constituye un proceso jurídico y psicosocial, mediante el cual el adoptado entra a formar parte de la familia de los adoptantes, para todos los efectos, en calidad de hijo o hija” (art. 100). Es hora de convertirla en una institución eficiente, por el bien de las personas menores de edad, por su derecho a crecer y a ser educadas en el seno de una familia.

El PANI debe rendir cuentas y publicar (sin hacer público el nombre de la persona menor de edad) el censo de niños a su cargo con indicación de fecha de ingreso bajo responsabilidad del PANI, albergue donde se encuentra, situación jurídica de ingreso y situación jurídica actual y situación de escolaridad.

Cada expediente de una persona menor de edad debe estar bajo responsabilidad única de un abogado del PANI, el cual deberá rendir cuentas periódicas (a la Gerencia Técnica y al Consejo de Adopciones) del avance del proceso judicial que permita no solo actualizar el censo sino tomar decisiones oportunas.

En los casos en que los menores lleven años en los albergues, debe procurarse su traslado a cuido por personas o parejas declaradas aptas para la adopción, con el fin de que creen lazos de afinidad y puedan tener la oportunidad de crecer en una familia; cualquiera valorada positivamente por el PANI será mejor que un albergue.

yalenadelacruz@yahoo.com

La autora es odontóloga.