Por: Armando Mayorga 18 octubre

Fiasco. Engaño. Despilfarro… Son solo algunos de los calificativos que se me vienen a la mente cuando escucho de la rimbombante Soresco, la sociedad anónima creada en el 2009 para construir una refinadora chino-costarricense.

Cada nación aportó $50 millones para la moderna planta en Moín, Limón. Iba a ser un gran negocio para el país y un abaratamiento de los combustibles para los consumidores. Al menos, eso dijeron los políticos que metieron pies y cabeza en esta idea.

Pero, en nueve años, ese cuento chino se convirtió en un derroche de dinero en consultorías, estudios, viajes, comidas, alquileres y salarios que se han comido casi $70 millones de los $100 millones.

La Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S. A. (Soresco) –que de reconstructora no tiene nada– y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) –que de refinadora de petróleo tampoco tiene nada– nos burlaron.

Del fondo común solo quedan unos $30 millones, pero los gastos siguen como si nada, al punto de que ocho funcionarios que no se sabe quiénes son ni qué hacen en un proyecto varado hace cuatro años (junio del 2013), devengan en grupo $50.000 al mes, unos ¢3,6 millones cada uno.

Y, como informó La Nación el 4 de octubre, “los compradores de combustible seguirán pagando el frustrado proyecto de una refinería entre Costa Rica y China”. Eso, porque tanta plata se carga a tarifas y porque el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó una medida cautelar pedida por Recope para congelar el uso de los fondos que quedan en la cuenta común.

¿Perdedores?

Todos los costarricenses.

Nos quedamos sin la refinadora, vieja y obsoleta, pero que procesaba 18.000 barriles diarios. Recope la desapareció en días, pues la desmontó rápidamente en cuanto se firmó el cuento chino.

Hoy, sin refinería, pagamos a los más de 300 trabajadores que la operaban.

Hoy, sin refinería vieja ni nueva, pagamos a los “trabajadores” de Soresco que tampoco se sabe qué hacen.

Hoy, cinco años después de que la Fiscalía iniciara la investigación de posibles irregularidades, sigue recabando pruebas y nadie está incriminado en este despilfarro que nos pesa al llenar el tanque.

Armando Mayorga es jefe de redacción en La Nación.