10 junio, 2015

Las variables económicas y sociales de Costa Rica continuarán en el espacio de la mediocridad y, por tanto, seguiremos mirando desde muy lejos a los países desarrollados, si la eficiencia del sector público no se incrementa dramáticamente.

Aun si este sector lidiara con pocos recursos, deberíamos preocuparnos. Pero el hecho es que en el 2015 el aparato estatal administrará ¢22 millones de millones; es decir, emitirá facturas y órdenes de pago por este monto. Para dimensionar la magnitud de dicho presupuesto, recordemos que el PIB del 2015 será de ¢29 millones de millones.

Esos ¢22 millones de millones tienen como contrapartida la administración de ingresos por idéntico monto, los cuales se financian con la venta de servicios, deuda e impuestos. Así que administrar también conlleva opciones, decisiones y acciones complejas por el lado de los ingresos. De la buena administración de ese dinero no solo depende la estabilidad macroeconómica. Por el tipo de actividades en que participa el sector público, la competitividad de la economía y la reducción de la pobreza están estrechamente vinculadas a la eficiencia de cada uno de sus órganos.

Por lo anterior, urge que el tema central del debate sobre el sector público se mueva de lo ideológico (su papel y funciones) a lo administrativo (su eficiencia y productividad).

Puede ser que el socialismo bolivariano esté en lo correcto, de tal manera que un poco más de proteccionismo, nacionalizaciones y Estado ayuden; o puede ser que el neoliberalismo tenga razón, por lo que un poco más de apertura comercial, privatización y mercado sea lo que requerimos.

Pero creo que la contribución al desarrollo, si la estrategia que fuese correcta –cualquiera que ella sea– lograra imponerse, sería microscópica en comparación con lo que podríamos alcanzar con mejoras, aun marginales, en la eficiencia del aparato estatal.

Carencias y vicios. En todo caso, mi intención es resaltar que si bien es cierto heredamos excesos neoliberales, estos palidecen, en tanto obstáculos al desarrollo, ante las carencias administrativas, las ineficiencias y los vicios que se fueron insertando dentro del sector público.

¿Ejemplos? Primero, nombramientos de jerarcas tomando en cuenta lealtad partidaria, ideología, amiguismo, contribuciones monetarias de campaña, oratoria, número de banderas pegadas, años-profesor, ofertas de puestos en campaña, necesidad de contentar candidaturas a diputado fallidas, etc., y rara vez considerando la capacidad gerencial del potencial jerarca.

Segundo, administración laboral basada en garantías no en méritos, en ceder no en exigencias, en derechos no en deberes, en concesiones electoreras o clientelistas y no en necesidades de Estado.

Tercero, política social descoordinada y construida como si los montos presupuestados, el tamaño de la burocracia, lo complejidad de los trámites o el número de instituciones, jerarcas, programas e instrumentos determinaran la reducción de la pobreza y las desigualdades.

Cuarto, Indiferencia o desconocimiento de las leyes que organizan la administración pública y las potestades y obligaciones que esas leyes exigen al presidente y los ministros rectores de sectores.

Quinto, programación de presupuestos de inversión en obra pública sin la planificación requerida en relación con rentabilidad social, expropiaciones, diseños o carteles de licitación.

Sexto, presidentes cuyo único objetivo de vida ha sido alcanzar el puesto, por lo que la relación con sus ministros, presidentes ejecutivos y miembros de juntas directivas gira casi exclusivamente alrededor de demandas comunicacionales y de imagen, desdeñando el señalamiento de rumbos, objetivos y estrategias y la exigencia de metas anuales y cuatrienales sobre logros sustantivos y costos de operación.

Nótese que no estamos hablando de corrupción ni de transgresiones éticas, donde hemos estado lejos de lo óptimo. Pero es bueno recordar que un comportamiento ejemplar en esos campos por parte de todos los jerarcas es fundamental para mandar, liderar y gerenciar de manera eficiente.

Administración de mucho dinero. De esos ¢22 millones de millones, ¢1,3 millones de millones los administran entes cuyos jerarcas no son nombrados por el Presidente de la República.

Nos referimos al Poder Judicial, las universidades, las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes.

Entonces, el Presidente nombra jerarcas (ministros, presidentes ejecutivos, directivos, según sea el caso) de instituciones que en el 2015 administrarán ¢20,7 millones de millones. Estos jerarcas nombrados por el Presidente ejecutan estos gigantescos presupuestos y son jefes de 264.000 empleados.

¿Se han percatado los presidentes de este país de la enorme responsabilidad que conlleva administrar esa cantidad de recursos? ¿Han sido conscientes de que solo ellos pueden cuidar la eficiencia, la eficacia y la ética con que se utilizan? ¿Qué criterios han seguido los presidentes para nombrar los jerarcas que manejan esa gigantesca cantidad de recursos? ¿Comprenden los presidentes que se requieren más atributos gerenciales para ser el CEO del MOPT, Recope, la CCSS, el MEP, el MCJ, etc. que para ser el CEO de la multinacional más grande del mundo, en vista de los procedimientos y regulaciones que caracterizan la administración en el Sector Público?

Por otra parte, ¿qué órdenes han dado a los jerarcas al iniciar funciones? ¿Qué objetivos y metas les han exigido? ¿Qué sistemas de seguimiento a esas órdenes han establecido? ¿Tendrían inclinación a viajar fuera del país ante la menor excusa, si se percataran de la responsabilidad que tienen en la supervisión sobre la manera en que se administran los recursos públicos? ¿Han estado enterados los presidentes de la República de que capitanean a todo este sector público, no solo porque los jerarcas de cada institución les deben el puesto sino porque la Ley de Administración Pública les obliga y les da las herramientas para hacerlo?

Cambios contundentes. Las tareas necesarias para mejorar la gerencia dentro del sector público tendrán muy pocos enemigos y sí muchos amigos. Puede ser que haya grupos extremos de izquierda a los que les interese la ineficiencia del Estado para que así se “agudicen las contradicciones” y se facilite la revolución.

Ese maquiavelismo podría también estar presente en grupos de derecha que disfruten la ineficiencia en el tanto ello fortalece su argumento a favor de la privatización.

Sin embargo, en general, a la izquierda moderada, la que prevalece en Costa Rica, le debería interesar que el sector público funcione para que así cumpla con sus objetivos sociales y para que los argumentos de los neoliberales sean derrotados por la buena calidad de los servicios públicos. Por su parte, al neoliberalismo le debería interesar la “eficiencia” del Estado porque esa palabra es supuestamente inherente a su ideología.

Por ello, creo factible que dejemos las disputas ideológicas en una cancha secundaria para que en los espacios institucionales, privados, mediáticos y cívicos más importantes discutamos sobre las formas de hacer más eficiente el sector público.

Los problemas mencionados –y otros que no cito por consideraciones de espacio– se pueden corregir sin necesidad de una sola ley nueva. Lo nuevo que se requiere es estudio, convicción y actitud de quienes estén al frente de un Gobierno.

Lo cierto es que no saldremos de la modorra si en relación con la gestión pública no se hacen cambios radicales y contundentes, si no se violenta el orden establecido y si no se aspira a referentes y estándares en una dimensión muy superior a la existente.

Como esta revolución no enfrenta enemigos políticos explícitos (los que por intereses o errores pasados defienden el vergonzante statu quo, están silenciados o son vulnerables), ni requiere de reformas legales de mayor monta, se trata simplemente de “colectar las frutas maduras al alcance de la mano” ( low hanging fruits ).

Esperamos que el gobierno del PAC se percate de su responsabilidad y sea sensible a las esperanzas de cambio en la forma de gobernar y de gerenciar el aparato estatal, tanto de quienes votaron, como de los que no votaron por el PAC.

El autor es diputado a la Asamblea Legislativa por el Partido Acción Ciudadana.