EscucharWASHINGTON, DC – América Latina podría estar en el umbral de una transformación fundamental. En los próximos años, casi la totalidad del crecimiento del empleo en la región se concentrará en puestos de trabajo de ingresos medios, en particular en el sector de servicios. Los expertos señalan que los países de la región podrían crear entre 14 millones y 23 millones de puestos de trabajo bien remunerados de aquí al 2018, si los empleadores pueden encontrar personal con las aptitudes que requieren.
Y es aquí donde está el problema. Los sistemas educativos de América Latina tienen dificultades para generar suficientes trabajadores calificados que contribuyan a aumentar la productividad. Más de un tercio de las empresas de la región citan el escaso nivel de capacitación de los empleados como una limitación importante.
Para reforzar el crecimiento económico, América Latina debe invertir en una fuerza laboral competente. Al ampliar el acceso a una educación de alta calidad, tanto de instituciones públicas como privadas, los países de la región aumentarían la productividad, elevarían los niveles de vida y reducirían la desigualdad.
Este desajuste del mercado laboral debería haberse abordado hace mucho tiempo. El primer paso para asegurar que los estudiantes de América Latina adquieran las competencias que necesitan para aprovechar las oportunidades que brinda la región es reconocer que, si bien es importante, no basta con aumentar los presupuestos para la educación o el tiempo que los alumnos pasan en la escuela.
Algunos países latinoamericanos han incrementado el gasto en educación. México y Brasil gastan entre el 5% y el 6% de su producto interno bruto (PIB) en educación, una proporción mayor que la de muchos países desarrollados y aproximadamente el triple de la de China. Pero la calidad de sus programas no refleja este volumen de recursos y se necesita mayor énfasis en la educación terciaria.
El segundo paso que deben dar los países latinoamericanos es promover (y hacer cumplir) parámetros claros de calidad en la educación pública y privada. Ello debe ir acompañado de soluciones de financiamiento que permitan que la educación superior de calidad sea más accesible para todos los grupos socioeconómicos.
Los costos de la matrícula pueden ser una carga, en particular para adultos que trabajan y estudiantes de familias de bajos ingresos. Los gobiernos deben asegurar que el sacrificio valga la pena, para que la educación obtenida permita acceder a buenos empleos, a ingresos más altos o movilidad social, todas cuestiones importantes en una región dividida por la desigualdad. Las medidas adoptadas por el gobierno de Brasil, por ejemplo, para mejorar la calidad a través de condiciones más estrictas en el financiamiento estudiantil subsidiado constituyen un enfoque acertado.
Como tercer paso, la región debería elaborar programas educativos que respondan mejor a las necesidades del mercado. Esto es particularmente importante en la capacitación en áreas técnicas, en las que América Latina va a la zaga respecto de la mayoría de las regiones del mundo.
En comparación con las universidades públicas, los programas de educación privada tienden a centrarse más en las competencias técnicas y profesionales. Su énfasis en la buena administración puede incrementar el atractivo de las instituciones privadas a los ojos de los estudiantes y los gobiernos, así como de los inversionistas. Los cursos por Internet y las instalaciones satélite, por ejemplo, constituyen formas innovadoras de ampliar la prestación de servicios educativos a costos razonables.
En Chile, las universidades como la Duoc UC son excelentes modelos de instituciones que generan valor para los estudiantes. Esta institución ha logrado alinear una serie de programas de educación técnica, profesional y de oficios con la necesidad del mercado de disponer de sólidas aptitudes prácticas. También ofrece amplios servicios de desarrollo profesional: en promedio, las cuatro quintas partes de sus egresados encuentran empleo en menos de seis meses después de su graduación, por lo general en el campo laboral para el que estudiaron.
Duoc UC también ha demostrado que las instituciones privadas, en colaboración con el gobierno, pueden ampliar el acceso a una educación de calidad a bajo costo. Afortunadamente, no es el único caso. Otro ejemplo de programas de éxito es la asociación entre el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA), una institución educativa pública financiada a través de los impuestos salariales que se cobran a empresas, y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), institución privada sin fines de lucro.
Uniminuto trabaja con el gobierno y la industria para garantizar que sus programas respondan a las necesidades de los empleadores. La institución ha elaborado una diversa gama de programas académicos dirigidos a estudiantes que trabajan y tienen poco tiempo para traslados.
Una encuesta reciente elaborada por la Corporación Financiera Internacional (IFC) reveló que los egresados de Uniminuto (de los cuales aproximadamente las dos terceras partes se ubicaban en los sectores de bajos ingresos) incrementaron sus ingresos y sus responsabilidades laborales, y sacaron provecho de su experiencia educativa. Además, los empleadores consideraban que las aptitudes de estos egresados eran comparables con las de los graduados de universidades más prestigiosas.
En Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) brinda educación de calidad a cerca de 46.000 alumnos mediante la implementación de un enfoque que maximiza el uso de la tecnología. La UPC es parte de la red Laureate de programas de formación profesional y universidades privadas, que en conjunto ofrece educación a más de 800.000 estudiantes de América Latina.
La educación es una inversión. Es un camino a la prosperidad y a la movilidad social. Según las previsiones para América Latina, de ahora al 2020, los estudiantes y sus familias gastarán aproximadamente $176.000 millones de dólares al año, una cifra ligeramente superior a la de Asia oriental. Ellos buscan buenos programas que les permitan mejorar sus aptitudes y ampliar sus oportunidades laborales, a un costo asequible, sin importar si se trata de una institución pública o privada. Por tal motivo, el eje central de la reforma educativa en América Latina debería consistir en promover la generación de valor para los estudiantes de entidades educativas públicas y privadas.
Martin C. Spicer es jefe regional de Educación, Servicios, Manufactura y Agroindustria para América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC). © Project Syndicate 1995–2016
