La Comisión Económica para América Latina (Cepal) llama la atención desde 1994 sobre los estrechos vínculos que existen entre educación, pobreza y empleo al identificar la escolaridad de las personas y la inserción laboral como elementos clave para lograr reducciones sostenidas en la incidencia de la pobreza por ingresos. Investigaciones realizadas en Costa Rica en el marco del Informe Estado de la Nación han sido claras en concluir que los errores cometidos en la década de los ochenta, al reducir la inversión en educación y, por ende, la cobertura educativa, especialmente en secundaria, aún repercuten en el bienestar de la población. Gran parte de las personas afectadas en aquel momento son las que actualmente viven en la pobreza y tienen dificultades para encontrar un empleo de calidad, debido a su baja calificación.
Asimismo, investigaciones de Trejos (2004,2010) han demostrado cómo en los años noventa no fueron las políticas focalizadas en el combate a la pobreza lo que tuvo más impacto, sino la inversión social en educación. Este fue el factor más influyente en la mejora del ingreso y el empleo de las personas y los hogares en esta condición.
Con la finalidad de explorar el vínculo entre pobreza, desempleo y baja escolaridad, para el Vigésimo Informe del Estado de la Nación se realizó una serie de ejercicios de simulación, en los cuales se consideró la situación actual (según la Enaho 2013) y lo que sucedería en diversos escenarios donde varían las condiciones antes mencionadas, a fin de hacer visible el impacto de estas últimas en las posibilidades reales de las personas de percibir ingresos y superar la pobreza.
Resultados concretos. El primer escenario tiene que ver con el ingreso que percibirían las personas desempleadas si estuvieran ocupadas. Como resultado, la pobreza extrema del 2013 disminuiría en 2,2 puntos porcentuales y la pobreza no extrema, en 2 puntos porcentuales. En un segundo escenario, si a todas las personas que carecen de educación secundaria completa (cursaron solo primaria o algún año de secundaria) se les atribuye el ingreso promedio de alguien que sí concluyó, la pobreza total se ubicaría en un 10,2% de los hogares. En tal situación, la pobreza extrema se reduciría a la mitad (-3,2 puntos porcentuales), al igual que la no extrema (-7,3 puntos). En un tercer escenario, se analizó el efecto que se obtendría si las personas que cursaron estudios secundarios, pero no se graduaron, lograran hacerlo. En este caso, la pobreza total caería a un 17,9%.
Tema central. Estos resultados llaman la atención sobre tres aspectos importantes: primero, toda política de empleo y combate a la pobreza debe darle centralidad al tema educativo. Segundo, la inversión en educación de corte universal que el país ha promovido históricamente debe fortalecerse y ser el eje fundamental alrededor del cual se articulen las políticas selectivas de combate a la pobreza, especialmente aquellas orientadas a garantizar la permanencia y el logro educativo de los jóvenes en el sistema. Finalmente, la política educativa debe ser un elemento clave, no solo para potenciar las capacidades y oportunidades de la población joven que está en el sistema educativo, sino también de la población que ya está en el mercado laboral con bajos niveles de calificación y aquella que requiere reconvertir sus habilidades para atender las nuevas demandas del mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida.
Isabel Román, coordinadora del Informe Estado de la Educación, Conare-Estado de la Nación.
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