La precaria luchacontra la impunidaden Guatemaladebe seguir

 5 mayo, 2015

Como en otras oportunidades, las presiones desatadas durante las últimas semanas por quienes promueven y viven de la arbitrariedad, estuvieron a punto de descarrilar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Sin embargo, también como en otras oportunidades, la reacción de diversos grupos de la sociedad civil, medios de comunicación, sectores judiciales sanos, algunos políticos –incluido el presidente Otto Pérez Molina– y poderosas presiones internacionales, lograron salvarla.

El jueves 23 de abril, luego de que un comité presidencial recomendara la permanencia de la Cicig en el país, Pérez Molina anunció que pedirá a las Naciones Unidas otra prórroga de dos años a su mandato. La respuesta de la ONU será positiva, lo mismo que la de los donantes que financian su trabajo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y países individuales, dentro y fuera de ella.

A pesar de nuestros limitados recursos, Costa Rica ha otorgado un importante aporte a la Comisión, mediante el “préstamo” de expertos legales y de investigación. Además, el ex fiscal general Francisco Dall’anesse la dirigió con eficacia y energía entre julio del 2010 y setiembre del 2013. Su salida se debió, al menos en parte, por presiones de sectores que lo consideraban molesto para sus turbios intereses.

Decisión visionaria. La Cicig fue establecida mediante un inédito acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado guatemalteco, firmado en diciembre del 2006 y ratificado por el Congreso en agosto del siguiente año.

Su creación y diseño fueron una respuesta práctica y visionaria ante una necesidad apremiante: salvar del colapso total el Estado de derecho en Guatemala y crear condiciones para renovar y fortalecer su institucionalidad jurídica.

Gracias al convenio con la ONU, Guatemala, de forma voluntaria y sin ceder en sus potestades soberanas, obtiene el apoyo estratégico y operacional de la comunidad internacional para fortalecer su sistema de justicia y facilita las tareas de la Comisión.

Hasta ahora, la Cicig ha resultado clave para investigar y procesar varios casos penales de alto impacto. Pero lo más importante ha sido su aporte al impulso de varias reformas jurídicas e institucionales, al fortalecimiento de los cuerpos policiales, la fiscalía y los tribunales, y al fomento –siempre laborioso– de una cultura de transparencia y rendimiento de cuentas en distintos sectores de la sociedad guatemalteca.

En setiembre del 2013, cuando el mandato de la Cicig estuvo a punto de expirar, el gobierno de Pérez Molina no tuvo dudas en solicitar su extensión. Como muestra de compromiso nacional, la vicepresidenta de la República (ahora severamente cuestionada por un caso que destapó la Comisión), el presidente del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, junto con la fiscal general, el comisionado de la Cicig y el vicecanciller, se presentaron ante la ONU para rendir cuentas de su trabajo e insistir en su permanencia.

La solicitud fue acogida con entusiasmo. Los donantes ratificaron su apoyo y el secretario general, Ban Ki-Moon, prolongó el mandato hasta el 3 de setiembre del presente año.

Doble impacto. Las reticencias surgidas en esta oportunidad para gestionar otra prórroga contrastan con el aparente entusiasmo de entonces, y revelan las enormes dificultades que enfrenta la Cicig para cumplir con su misión, sobre todo en la construcción y desarrollo de destrezas institucionales.

Entre los casos más impactantes abordados por la Comisión están la resolución del asesinato de Rodrigo Rosenberg, un destacado abogado con extendidas vinculaciones político-empresariales, y el reciente destape de un fraude tributario de monumentales dimensiones: el que ha tocado a la vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ambos revelan que, con independencia, decisión, buenas técnicas y cooperación entre instituciones, la justicia puede avanzar y la impunidad retroceder.

Sin embargo, la funesta confluencia de intereses políticos, corrupción en todos los niveles, crónica inestabilidad en los órganos judiciales y policiales, amenazas, temores y falta de real compromiso desde el poder político y las élites económicas, han frustrado, hasta ahora, el enraizamiento de las reformas estructurales impulsadas por la Cicig, aprobadas por los legisladores y respaldadas por amplios sectores del país.

Al anunciar el pedido de extensión, el presidente Pérez Molina insistió en la necesidad de que la Comisión se concentre más en transferir capacidades a las instituciones locales. Tiene toda la razón. Esta aspiración es parte del convenio, y será la única forma de prolongar el aporte cuando la Cicig ya no esté. Pero su éxito dependerá, primordialmene, del compromiso de las propias autoridades guatemaltecas. Y este, por decir lo menos, hasta ahora ha sido irregular e insuficiente.

Eduardo Ulibarri es periodista y está dedicado al análisis sociopolítico y a estrategias de comunicación.