5 octubre, 2014

La Asamblea Legislativa realmente necesita una nueva sede. Y no se trata de un capricho. Todo lo contrario: es una necesidad. Durante 20 años, las distintas Administraciones han intentado llevar a buen puerto, en ocho ocasiones, la construcción de un inmueble con las condiciones adecuadas para su sano funcionamiento, pero todos fueron intentos fallidos. Intereses ilegítimos de todo tipo y sin fundamento, así como el cálculo sobre los efectos del qué dirán, dieron al traste con esas iniciativas, aun cuando había proyectos con contenido económico.

Hoy, la realidad sigue siendo un proyecto en mora ante más de 1.000 funcionarios que, día a día, laboran en condiciones de hacinamiento, en inmuebles insalubres donde los sanitarios alcanzan la proporción de 1 por cada 100 personas, y cuyas estructuras no son las más adecuadas para enfrentar sismos, según han ratificado informes emitidos en su momento por el Ministerio de Salud y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

Los 57 diputados no escapamos a esta realidad, pues también a diario enfrentamos las mismas incomodidades, y ni qué decir de los ciudadanos que nos visitan continuamente, pues muchas veces no hay espacios adecuados para recibirlos y atenderlos bien.

Nosotros heredamos un proyecto de nuevo edificio legislativo, con un contenido económico a través de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), cuya vigencia culmina el próximo año. Además, ya se había realizado un concurso público en el que se eligió un innovador diseño por parte de un jurado calificado, todo esto bajo un proceso técnico riguroso y transparente. Pero encontró escollos en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, donde se alegó que el diseño ganador perjudica los inmuebles históricos del Congreso, por cuanto afecta el paisaje tradicional que los ha rodeado, es decir, en palabras sencillas: rechazan la obra porque subjetivamente piensan que su arquitectura “estruja” las edificaciones patrimoniales al pasar por encima de estas.

Criterio subjetivo. El criterio lo califico de “subjetivo”, pues, efectivamente, no existe reglamentación que regule el paisaje en las edificaciones, y, si bien hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que refiere al entorno, ciertamente existen criterios técnicos emitidos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, los cuales indican que el diseño no lesiona los inmuebles históricos de la Asamblea Legislativa, ni tampoco su alrededor.

La obra en sí considera tres edificios, de los cuales uno pasa de manera “aérea” por los inmuebles históricos conocidos como el Central, Castillo Azul y Casa Rosada. Este, precisamente, ha sido el más criticado por Cultura debido a esta causa, pero no se está lesionando ni su arquitectura, ni su entorno, porque existe una distancia importante que, diametralmente y de manera armoniosa, integra las construcciones del Parlamento.

Un elemento muy importante, que tampoco puede dejarse de lado, es que el proyecto en sí considera una partida de $5 millones para el mantenimiento y resguardo de estas edificaciones históricas.

En varias ocasiones intentamos llevar un diálogo sensato y apegado a la legalidad con el sector de Cultura, pero no hubo éxito debido a una posición radical, sofocada e intransigente, y hasta, si se quiere, salida de tono por algunas expresiones reflejadas en los medios de comunicación.

Esta Asamblea Legislativa no puede seguir esperando a que los años pasen y no se tomen decisiones. Ante esto, hemos decidido continuar mediante la aprobación un proyecto de Ley Habilitante, el cual habilite la construcción de la obra. Dejamos en claro que no se trata de una construcción antojadiza, sino de una iniciativa respaldada por criterios de expertos, como lo son los profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con recomendaciones de mejora para aminorar cualquier tipo de riesgo o impacto al que se pueda someter cualquier trabajo de estos.

Aporte innovador. La iniciativa también viene a dar un aporte innovador, en su diseño, al entorno que rodea el Congreso, pues se trata de una propuesta que enriquece el aporte estructural y cultural ya dado por la plaza de la Democracia, Museo Nacional, las edificaciones patrimoniales, Tribunal Supremo de Elecciones y el parque Nacional a través de la conexión de jardines. Así, pues, abre espacios para que más costarricenses encuentren acceso al primer poder de la República, conservando y rescatando su historia, e incorporando un aire de modernidad y evolución, como pasa en todas las ciudades del mundo. No es de gratis que este polémico diseño para algunos se encuentre expuesto en la Bienal de Venecia, representando a nuestro país.

Creemos que tenemos una oportunidad de oro para llevar adelante una obra que está en deuda desde hace 20 años. No es un capricho, reitero, es realmente una necesidad sobre la cual seguiremos avanzando para cumplir con nuestra obligación bajo el marco de legalidad y acatamiento de las normas existentes.

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