En ausencia de una ley y de la discusión que los diputados vaticinan inevitable, la economía social solidaria, escasamente definida, está en marcha

 9 julio, 2015

Una comisión legislativa redacta la propuesta de ley de economía social solidaria y en un artículo publicado hoy, en esta misma sección, sus miembros se manifiestan conscientes del debate en ciernes. Habrá discrepancias, admiten, aunque todavía es difícil precisar cuáles, porque no hay un texto definitivo y solo se conocen generalidades.

En otros países, como en España, cuentan con definiciones del concepto ya plasmadas en la ley, pero en Costa Rica, por lo pronto, se habla del tema con una largueza que permite la inclusión de cooperativas, sindicatos y asociaciones solidaristas, para citar tres ejemplos de organizaciones de muy distinta naturaleza.

Nada de esto obsta para que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cuya misión, definida por ley, es formar a los trabajadores para facilitar su inserción como técnicos en el mercado laboral, se haya lanzado a la tarea de educar sobre los principios de la economía social solidaria, todavía en espera de definición y del debate anunciado por los diputados.

El INA pone la carreta delante de los bueyes, y define los conceptos a su parecer, mientras se da la discusión prevista. La Estrategia Nacional de Empleo también adopta el término de manera prematura. En defensa de su gestión, los integrantes de la comisión legislativa celebran que “ La Nación se haya ocupado, aun con precipitada alarma, del tema”.

Lamentan, sin embargo, “el sesgo ideológico con que se aborda el tema y la exaltación que se intenta hacer de visiones prejuiciadas, como las que el reportaje atribuye a Ottón Solís y a Rosibel Ramos”.

La respuesta llama la atención, porque La Nación no se ocupó del “tema”, sino específicamente de la inclusión en los programas de estudio del INA la economía social solidaria, todavía ayuna de definición legal y ampliada para incluir a organizaciones muy diversas, como el solidarismo y los sindicatos.

En suma, los diputados terminan por defender el cambio en el INA, no el proyecto de ley, y eso lleva a presumir su acuerdo con las definiciones adoptadas por la institución educativa, muy diferentes a las establecidas en la ley española, a cuyo tenor “forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior”.

En Costa Rica, está pendiente la discusión del tipo de organizaciones incorporadas al sector, la relación con el marco económico general, la posibilidad de exenciones, incentivos y privilegios a la hora de contratar con el Estado y otros aspectos medulares, pero el INA ya enseña sindicalismo, cooperativismo y, según dice, solidarismo. En resumen, para la institución educativa la ley está vigente antes de la discusión, las definiciones pertinentes son las suyas y ni siquiera cuestiona si hay compatibilidad entre los objetivos de su norma fundamental y la renovación del currículo para enseñar las nuevas materias.

Los diputados defienden al INA y al todavía inmaduro proyecto de ley como si fuera una iniciativa para potenciar el cooperativismo, un modelo de organización productiva ampliamente aceptado en el país. Todo el artículo trata sobre las cooperativas, con una rápida referencia al solidarismo y con omisión de las demás organizaciones sobre las cuales impartirá formación el INA.

Pero el cooperativismo tiene un rico marco jurídico e institucional, incluido el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), dotado de importantes recursos para capacitar en esa materia y, a diferencia del INA, está específicamente destinado por ley a llenar las necesidades de formación.

Las omisiones, indefiniciones y explicaciones a medias hacen pensar en la posibilidad de que existan otras pretensiones. El “sesgo ideológico” atribuido por los diputados a la información de La Nación resulta en sí mismo curioso. Contrasta con la falta de comentario sobre la consigna incorporada a un enorme cartelón en la sede del INA en los Santos: “Priorizar los intereses del colectivo sobre los individuales”.

Como bien señala el diputado Ottón Solís, el INA se aparta de sus objetivos para enseñar “una forma ideológica de organizar la actividad productiva del país”, y esto sin que el país haya decidido todavía tomar ese rumbo. Es comprensible, pues, la preocupación manifestada por la legisladora Rosibel Ramos. “Cuando se habla de economía social solidaria uno sabe de muchas experiencias que se dan en países de izquierda en este tema, como en Venezuela”, dice la diputada.

En ausencia de una ley y de la discusión que los diputados vaticinan inevitable, el INA ya se aparta de sus objetivos para “capacitar”, u ofrecer formación ideológica, el Banco Popular se suma al esfuerzo, la Estrategia Nacional de Empleo adopta la idea y la economía social solidaria, solo definida en la práctica, está en marcha.