El gobierno quiere más impuestos para seguir gastando más, no para reducir el déficit

 21 febrero, 2016

Las economías altamente abiertas al comercio exterior, donde las exportaciones e importaciones tienen mucho peso en el cómputo del valor de la producción interna (PIB), como la costarricense, necesariamente reaccionan a lo que ocurra en el resto del mundo; en particular, en los países con los cuales mantienen mayores vínculos comerciales y financieros.

En el caso de Costa Rica, el primer “socio comercial” son los Estados Unidos. Importantes también son el resto de Centroamérica y la Unión Europea. No tanto Asia, América del Sur, Oceanía o África.

Por fortuna, en el pasado reciente, las variables internacionales claves se han comportado muy favorables a nuestros intereses (y, también, a los de los demás países centroamericanos). En efecto, la significativa baja en el precio internacional del petróleo (que tiene en grandes penurias a los países exportadores de ese producto, como Arabia Saudita, Rusia y la República Bolivariana de Venezuela, entre otros) y de otras materias primas, para Costa Rica han aparejado un ahorro cercano a los mil millones de dólares anuales.

El “componente importado” de la inflación doméstica ha sido casi nulo, pues en muchos países con los que comerciamos el nivel de precios más bien ha bajado en los últimos años. La reducción de la tasa de interés internacional (por ejemplo la Libor) también ha favorecido el servicio de nuestras deudas en moneda extranjera.

Si bien el crecimiento de China se ha desacelerado en los últimos meses, nuestro vínculo comercial con ella es bajo. A nosotros nos afecta más lo que le pase a la economía de Estados Unidos, que por ahora va bien.

El Banco Central de Costa Rica no solo ha podido acumular divisas, sino que puede mostrar como logro una inflación doméstica históricamente baja. Pero –debemos tener presente– esto más obedece a las referidas favorables circunstancias externas que a nuestras acciones. O sea, como diría Hanna Gabriel, ha sido más que nada una “guaba”.

Otro panorama. En lo interno, sobre lo cual sí tenemos (o al menos deberíamos tener) control, la situación es diferente. El déficit fiscal (cercano al 7% del valor de la producción anual del país) es altísimo y el endeudamiento del Gobierno que eso conlleva ha llegado ya a niveles preocupantes. Tan preocupante es, que las agencias calificadoras de riesgo nos han bajado la calificación.

Dicho déficit obedece a crecimiento exagerado, incontrolado, del gasto público durante los últimos años, más que a insuficiente recaudación tributaria.

Además, el que el gobierno haya optado por financiar su déficit en el extranjero, ha aparejado un ingreso de divisas superior al “normal”.

Este ingreso, entre otros, ha mantenido el tipo de cambio en un nivel relativamente bajo, lo que –unido al fortalecimiento del dólar respecto a casi todas las principales monedas del mundo– ha afectado al sector exportador del país, así como al sector doméstico productor de bienes y servicios que compiten con los extranjeros, del que tantas familias dependen.

El elevadísimo desempleo (cercano al 10% de la población económicamente activa) tiene, en mucho, una explicación en este fenómeno.

Más gasto. La administración Solís, que para algunos connotados analistas optó por no hacer nada al respecto, y parece haber decidido esperar pacientemente que llegue el año 2018, ve el problema del déficit solo como sinónimo de insuficiencia de impuestos y aboga por subirlos a como haya lugar (por fortuna, en la Asamblea Legislativa una mayoría de diputados no participa de esta idea).

El gobierno quiere más impuestos para seguir gastando más, no para reducir déficit. Y para muestra un botón (o varios): el rector de la UCR propuso al Consejo Universitario reducir las anualidades, automáticas, que hoy rondan el 5% de los sueldos, y argumentó que con el ahorro producto de esa reducción podrían financiar obras de interés universitario.

La respuesta que obtuvo de ese órgano fue un no rotundo: la anualidad del 5% ha de continuar y las necesidades de la UCR han de financiarse exigiendo (con la amenaza de huelgas, de ser necesario) que el gobierno aumente las transferencias a la educación superior pública (FEES). Punto.

El ministro de vivienda prometió a un grupo de demandantes de casas de interés social que cuando la “reforma fiscal” pasara (según su criterio: cuando la Asamblea Legislativa aprobara más impuestos), iba a estar en posición de financiar más proyectos de esa índole.

Su colega de Agricultura considera que la investigación en su campo es importante (quizá lo es) y apela a los diputados, no al ministro de Hacienda, cuando aparece en escena, para que le asignen más recursos a su cartera. Léase: más impuestos.

Es posible que la investigación agrícola (bien dirigida, no hecha por el MAG) prometa altos réditos sociales, pero (de ser tal el caso) su financiamiento debió plantearse contra una reducción de partidas presupuestarias menos importantes.

Espacio para recortar. ¿Y cuáles partidas de gasto público son menos importantes? ¡Un montón! Lo son una buena parte de los gastos de las convenciones colectivas de entes públicos (que hasta financian fiestas con carne de primera y “toro mecánico”), buena parte de las transferencias a la educación superior pública, vía FEES, que se constituyen en subsidios de pobre a rico –no al revés, como pide la teoría– y los exagerados sueldos de una gran cantidad de cargos públicos (me vienen a la mente los $20.000 mensuales de sueldo que habría recibido la “intendenta de pensiones”, un cargo que ni siquiera tiene funciones asignadas, y otros similares), que luego se transforman en pensiones de lujo, que pagan a los recipientes beneficios actuarialmente desequilibrados a su favor (por ejemplo algunas de las pensiones del Magisterio Nacional y muchas del Poder Judicial).

Pero no todo son nubarrones ni desesperación. Es menester reconocer que –en la defensa del interés común en esta materia– la labor de los diputados Otto Guevara y Ottón Solís ha sido destacada.

La de Ottón es muy meritoria pues (cual coherente liberal) lo ha hecho enfrentando al propio partido político que él creó y que apoyó para que llegara al poder, pero que en su corazón siente que, una vez que tomaron posesión, muchos de quienes por él actúan traicionaron sus principios… si es que, para comenzar, en efecto los entendieron.

El principal enemigo de la “inclusión” y de la “redistribución de riqueza a favor de los más necesitados” (mantras favoritos en el discurso de los políticos socialistas y de los intelectuales de las universidades públicas) es el propio gasto público.

Mientras los gobernantes no entiendan esto, y no tomen eficaz acción correctiva al respecto, la sociedad costarricense no debe aprobar ni un cinco más de impuestos para el Gobierno.

La actual desigualdad de ingreso en nuestro país es, en mucho, función del alto desempleo que las políticas públicas han permitido, de la mala focalización del gasto gubernamental y de la incoherente política (o quizá mejor: práctica) salarial de nuestro sector público.

Mientras no se resuelvan estos grandes males, seguiremos durmiendo con el enemigo.

El autor es economista y escritor.