La ley de Laica es para los pequeños agricultores una cadena perpetua a la pobreza

 2 julio

Parece que alguien leyó con atención el artículo que publiqué en estas mismas páginas el 29 de febrero del año pasado (“Póngale azúcar al privilegio”), donde desnudé el mecanismo clientelista de la Liga Agrícola Industrial de la Caña (Laica) para la protección de los grandes productores industriales de azúcar, en detrimento de los pequeños agricultores cañeros, porque se está tramitando en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende, entre otras cosas, crear un fondo de asistencia económica para los pequeños y medianos productores de caña. Suena bien, pero en realidad es un ardid.

El proyecto, tramitado bajo el expediente n.° 20245, ya cuenta con el dictamen afirmativo unánime de la Comisión Especial de la Economía Social Solidaria, por lo cual está listo para ser votado en cualquier momento.

La cadena de producción del azúcar es la siguiente: el agricultor produce caña, la entrega a un ingenio que la procesa y convierte en azúcar, y este la entrega a Laica, que la comercializa en condiciones de cuasi monopolio que le confiere la Ley 7818. Por esta razón, en la práctica, Laica define unilateralmente el precio final al consumidor, aunque se supone que el mercado lo haga.

Laica asigna cada año una cuota de producción a los 13 ingenios existentes en el país. Su Junta Directiva define para cada cosecha el precio que pagará a los ingenios por el azúcar procesado. De este precio, el 62,5% va para el productor cañero, de acuerdo con el artículo 92 de dicha ley.

Aquí viene la trampa: si el ingenio produce más de la cuota asignada, Laica fija un precio menor para esa producción adicional o extracuota.

Castigo. Los pequeños productores tienen limitada la cantidad de caña que pueden entregar a los ingenios dentro de la cuota (1.500 toneladas por zafra). Los excedentes pueden ser vendidos a los ingenios, pero a un valor que en la zafra del 2014-2015 fue apenas del 60,92% del precio de lo producido dentro de la cuota. En otras palabras, entre más produce un agricultor, menos plata recibe por su producto, lo cual es un castigo a la productividad y restringe las posibilidades de crecimiento.

Para la zafra del 2014-2015, última cuya información está disponible en la página web de Laica, el ingenio recibió ¢182,40 por kilogramo de azúcar producido dentro de la cuota. De ese monto, al productor de caña le correspondió en promedio ¢114 por kilo. Para la producción por encima de la cuota, los precios por kilo fueron ¢111,10 (al ingenio) y ¢71,25 (al agricultor).

Este complejo esquema de precios está diseñado para que la producción no exceda la cuota, que es uno de los mecanismos utilizados por el cartel de Laica para restringir la oferta y así elevar los precios al consumidor. Pero tiene un efecto aún más perverso, que es sumir a los pequeños productores –los supuestos beneficiarios de la ley– en un nivel de subsistencia básico, sin posibilidad de superación.

Detalles del fondo. El nuevo proyecto de ley pretende crear un “Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes” con el fin expreso de “mitigar la diferencia entre el precio de cuota y el precio de excedentes que puedan tener los pequeños y medianos productores de caña”. Dicho fondo se nutriría con el 0,3% del precio que Laica paga a los ingenios por el azúcar que recibe en cuota.

Usando los datos de producción y precios de la temporada 2014-2015, el fondo hubiera recaudado alrededor de ¢209 millones. Al repartirlos entre la cantidad de azúcar producida extracuota, el efecto hubiera sido aumentar el precio del kilo excedente en alrededor de ¢1,60 al agricultor. En otras palabras, el precio pagado por el ingenio al productor de caña hubiera subido de ¢71,25 a ¢72,85, lo cual comparado con el precio en cuota de ¢114, es a todas luces ruinoso.

En la exposición de motivos del proyecto se lee que las reformas propuestas “nacen del producto de una ardua, madura y solidaria labor de análisis y concertación a lo interno del sector cañero azucarero costarricense”. Es decir, estamos ante un proyecto de los azucareros, para los azucareros y por los azucareros. Las necesidades del consumidor nunca entraron en consideración, lo cual se hizo aún más evidente al constatar que las únicas entidades a las que los diputados solicitaron criterio técnico fueron el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Cámara de Azucareros, la Federación de Cámaras de Productores de Caña, Coopeagri, Laica y la Contraloría General de la República.

No se solicitó el criterio de ninguna asociación de consumidores ni del MEIC, ni a su Comisión para la Promoción de la Competencia o a la Dirección de Apoyo al Consumidor, ni tampoco a la Defensoría de los Consumidores.

Cuota mínima. Por otra parte, el proyecto de ley establece una cuota mínima de producción para los ingenios más pequeños, lo cual podría ser visto como una medida de protección para ellos. Recordemos que al decir ingenios hablamos de los industriales, no de los agricultores.

Sin embargo, lo que la reforma hace al crear estas cuotas mínimas es elevar la barrera de entrada a nuevos ingenios que ya existía en la ley de 1998. Es decir, hace más difícil la incorporación de nuevos participantes en el mercado. Este es otro mecanismo que utiliza Laica para restringir la oferta y mantener elevados los precios al consumidor.

La política de precios de Laica está diseñada para disuadir a los productores independientes de producir excedentes, y evitar la entrada de nuevos industriales al mercado. La reforma propuesta no hace ningún cambio sustancial que incentive al pequeño productor de caña a crecer y mejorar su condición socioeconómica, y más bien complica la aparición de nuevos competidores para los ingenios.

En conclusión, el proyecto de reforma a la ley de Laica es una operación cosmética para mejorar la imagen de los grandes productores industriales, que son los que se llevan el grueso de los beneficios de la protección azucarera. Pero es mucho más que eso. Es una burla a los pequeños y medianos productores independientes de caña, que pretenden ser endulzados con migajas para que sigan apoyando un mecanismo perverso que los condena al estancamiento, el conformismo y la inmovilidad.

La ley de Laica es para los pequeños agricultores una cadena perpetua a la pobreza, y las reformas planteadas no hacen nada por cambiar esa situación. Es una pena, una vergüenza y un desperdicio de recursos legislativos que, como siempre, pagaremos todos los costarricenses.

El autor es economista.