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Lo que duele

Actualizado el 09 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

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Creo que fue en 1998 cuando reflexioné por primera vez sobre la inequidad en el ingreso de la población de un país. El ejemplo negativo que aprendí para el examen de estudios sociales –en octavo año– era el de El Salvador. En clase se nos relataba una historia triste, de un país lleno de guerras, donde diez o quince familias acumulaban gran parte del dinero, y los pobres eran muchos y muy pobres. Y como contraste, nuestro país era un caso feliz de sociedad igualitaria, si se le comparaba con sus pares de la región.

Moderando el patriotismo del aula, los datos sustentaban aquel relato, al menos si comparamos el coeficiente de Gini de hace 14 años de varios países de la región. Bajo ese indicador, una sociedad en donde todos tienen los mismos ingresos registra un 0% de coeficiente de Gini, y en una donde una sola persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno, registra un 100%.

Para 1998, El Salvador mostraba un coeficiente de 54%, según datos del Banco Mundial, mientras Costa Rica un moderado 46%. Uruguay estaba mejor que Costa Rica, pero Guatemala, Honduras y Panamá nos levantaban el ánimo.

Sin embargo, lo registrado poco más de una década después es cruel. El ejemplo del colegio caducó. Para el 2009, bajo ese mismo coeficiente, El Salvador era ya una nación con una distribución de los ingresos más equitativa que Costa Rica –48% contra 51%, respectivamente–.

Algo pasa. Latinoamérica muestra una tendencia a la baja en la inequidad del ingreso desde el año 2000 (Gasparini y Lustig, 2011), pero Costa Rica no participa en ella.

Si bien el coeficiente de Gini no cuenta toda la historia de una economía, en el caso de nuestro país ese indicador nos dibuja una nación cuyo sistema productivo le retribuye cada vez más a los que más tienen y no tanto a los que menos. En 1987 el 20% de los hogares más afortunados recibía el 46% de los ingresos totales del país –según datos del INEC– y el 20% de hogares más pobres apenas el 5%. 22 años después, el 20% más rico percibe el 50% de los ingresos, pero el 20% de abajo vive con el mismo 5%. ¿Y los que vivimos entre esos extremos?

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Nuestro ingreso perdió terreno levemente. Se hizo menos relevante.

De hecho, el informe del Estado de la Nación recién publicado concluye que la desigualdad incrementó en el 2011 y que el país nunca había registrado tanta cantidad de habitantes pobres en términos absolutos.

Una creciente desigualdad puede derivar en problemas gravísimos. Menciono algunos:

1) Muerte: las naciones con alta desigualdad en el ingreso muestran tasas de homicidios cuatro veces mayores que las de las naciones más igualitarias (Global Study on Homicide 2011, ONU).

2) Fortalece la pobreza: la alta desigualdad hace que el desarrollo de una nación tenga un impacto más bajo en la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, según explicaba De Ferranti et al . en el 2004 (Banco Mundial), en ese momento Brasil podía reducir su pobreza a la mitad en 10 años con un crecimiento económico de 3% y una disminución del coeficiente de Gini de 5%. Sin embargo, esa baja en la pobreza se lograría en 30 años (¡el triple de tiempo!), con el mismo 3% de crecimiento económico, pero sin mejoras en el coeficiente de Gini.

3) Abuso de poder: Cualquier recurso que un grupo de personas utilice para influir en el Gobierno de una nación es un recurso político (Dahl, 1996), y esos recursos crecerán, entre otras formas, conforme crece su riqueza. Al multiplicarse el ingreso de la clase alta sin que otros sectores sociales le sigan el ritmo, es esperable que se multiplique también el músculo político de ese grupo aventajado, y con ello su poder de influencia –legítima o no– en el Estado. También se multiplica la necesidad de dar estabilidad a su poder o acrecentarlo. Y, como nadie tiende a ceder poder voluntariamente, estos grupos tienen todos los incentivos y medios para bloquear cualquier instrumento que pretenda redistribuir la riqueza –reformas fiscales, impuestos, inversión social focalizada, etc.– que también redistribuya un poco el poder y se lo de a otros grupos sociales menos favorecidos. Se fortalece así un círculo interminable de desigualdad social.

Pero lo grosero no es la dicha de los aventajados, sino lo que se vive y deja de vivir desde la desventaja de tantos. Entre miles de ejemplos, el sistema educativo evidencia esa odiosa exclusión: el año pasado nueve colegios del país no lograron que un solo estudiante aprobara el bachillerato, informó La Nación. Todos son de zonas pobres y socialmente complicadas.

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Al consultar el rendimiento de esos mismos centros en el proceso de admisión a la Universidad de Costa Rica (UCR) en la aplicación digital de nacion.com , publicada hace unas semanas, los resultados son igual de desalentadores: en seis años solo 5% (13 de 266) de los alumnos inscritos de esos colegios para hacer el examen de admisión logró un cupo en carrera en la UCR.

Como contraste, en esos años la media nacional de admisión osciló entre 10% y 13%. Esas son generaciones completas de jóvenes talentosos y esperanzados que se desperdician, y se les condena a la misma desdicha de sus padres y abuelos.

Como lo escribió la periodista de la revista The Atlantic, Rebecca J. Rosen, al comparar los brutales métodos abortivos a los que recurren las mujeres pobres, con los abortos practicados en condiciones salubres a los que tienen acceso las mujeres ricas en Estados Unidos, antes de la legalización de tal práctica: “Aquellos con más poder sufren menos, y aquellos con menos sufren más”. Eso es lo que duele.

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