26 febrero, 2015

La información periodística “Hacienda dará pensión a 1.000 docentes sin cumplir requisitos”, publicada el pasado 20 de febrero en La Nación , incurre en una serie de imprecisiones, que es pertinente aclarar ante la confusión que ello pueda generar en los trabajadores del sector educativo.

En primer término, es imperativo señalar que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, con base en lo establecido específicamente en los artículos 3 y 4 de la ley 8721, procedió al traslado de 3.500 trabajadores que, por fecha de nacimiento y nombramiento por primera vez en el Magisterio Nacional, se encontraban mal ubicados en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y, por ende, su verdadera pertenencia es al Régimen Transitorio de Reparto (RTR). Por lo anterior, esos trabajadores deberán pensionarse bajo las condiciones que establece la ley 7531.

El informe de la Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, al que hace referencia La Nación , determina como un posible hallazgo que una parte de esa población incumple lo dispuesto en la ley 8721, pero partiendo de una premisa falsa y errónea, pues para ello usa como referencia la “fecha de nacimiento del funcionario”.

Como puede observarse ampliamente en las actas de la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa, así plasmado en la ley 8721, el legislador eliminó la fecha de nacimiento como requisito para pertenecer a uno u otro régimen del Magisterio Nacional.

Pues bien, el error radica, precisamente, en que, para determinar la pertenencia a uno u otro régimen, sea al RCC o al RTR, la referencia que debe usarse es exclusivamente la fecha de nombramiento por primera vez en el Magisterio Nacional y no la fecha de nacimiento, posición que fue establecida por la Sala Constitucional, la cual ha sido clara en fijar este como el único parámetro a seguir, dada la contradicción que establecen los artículos 7 y 34 de la ley 7531, pues de la lectura de ambos artículos se infiere que son imprecisos y contradictorios.

Por ello, el Tribunal Constitucional, mediante voto No. 202-I-96,del 14 de mayo de 1996, dejó claro que debía prevalecer la fecha de ingreso a laborar por primera vez al Magisterio Nacional, lo que, posteriormente, quedó debidamente amparado en el artículo 7 reformado por la ley 8721.

Por otra parte, además de los aspectos jurídicos indicados, es relevante señalar que el Ministerio de Hacienda, en el año 1995, le trasladó a la Junta de Pensiones los trabajadores de la educación pertenecientes al Régimen de Reparto, por así disponerlo la ley 7531. Sin embargo, no trasladó sus cotizaciones, que ascendían a ¢40.000 millones, y, por eso, la decisión de las autoridades de Hacienda y los legisladores fue retornar dichos trabajadores al Régimen de Reparto para no ocasionar un impacto inmediato a las finanzas públicas.

¿Corroboró la Junta de Pensiones que todas las personas trasladadas al RTR cumplieran con los requisitos legales? Conforme lo dispone la ley 8721, el proceso de traslado de los trabajadores fue debidamente verificado al alero de las disposiciones legales: Asimismo, se efectuó la respectiva coordinación con los patronos para corroborar la fecha de ingreso a laborar al Magisterio Nacional, único parámetro establecido en la norma, como se ha señalado ampliamente.

Por lo tanto, es erróneo e incorrecto aseverar que casi 1.000 personas incumplieron requisitos de la ley 8721. Las personas trasladadas del RCC al RTR, reiteramos, cumplen con lo estipulado en los artículos 3 y 4 de la ley 7531 reformada por la ley 8721, de acuerdo con el parámetro establecido por la Sala Constitucional, donde prima la referencia de la fecha de nombramiento sobre la de nacimiento.

Repetimos: pueden corroborarse las actas de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera, que determinó con claridad y contundencia que el único parámetro para pertenecer a uno u otro régimen es la fecha de nombramiento. Por ello, estos trabajadores sí pertenecen al Régimen de Reparto. Sin embargo, no es cierto que, automáticamente, tendrán derecho a una pensión, dado que ese régimen exige requisitos mínimos de cotización que deben ser cumplidos estrictamente. Así, pues, se equivoca la información periodística al señalar: “Hacienda dará pensión a 1.000 docentes sin cumplir requisitos” , además de que la pensión debe ser otorgada por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, luego de cumplir los requisitos de cuotas establecidos en la ley.

Hacemos un llamado a los trabajadores de la educación costarricense para estar atentos a publicaciones de este tipo, que, de manera malintencionada, ponen en tela de duda los derechos de los educadores costarricenses, con el fin de debilitar, ante la opinión pública, la credibilidad de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Víctor Julio Valverde Moya, presidente de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.