Opinión

Un diputado indígena

Actualizado el 29 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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Habría que preguntarle a cada uno de los 104.000 indígenas del país si se siente identificado con el sistema de gobierno costarricense. No para verosímil una respuesta afirmativa. La nula representación en los poderes públicos y la escasa participación e interés en los procesos políticos nacionales son la norma entre los herederos de los pueblos originarios.

Los órganos del Estado encargados de la representación y el diálogo con estos grupos son deficientes en sus funciones. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) no es precisamente la institución con más prestigio entre los indígenas. Está deslegitimada por ser, como dicen algunos, un “grupo de blancos josefinos”.

Entonces viene la propuesta, modesta pero sagaz: asignar una curul de la Asamblea Legislativa exclusivamente para la representación indígena.

De la población total de nuestro país, hay aproximadamente 75.000 habitantes por cada uno de los 57 diputados. Entonces no suena tan descabellado que haya un diputado para los 100.000 indígenas costarricenses. Sin embargo, sabemos que por diversas razones nunca en la historia del país ha resultado electo alguno.

Lo mejor sería que la representación se alcance de manera natural por la vía electoral, pero sería iluso ignorar la imposibilidad de este escenario bajo las condiciones actuales. Siguiendo el mismo principio de los mecanismos de paridad de género, se puede buscar la inclusión de los grupos subrepresentados y un potencial cambio en la cultura política por medio de la ley. Esta variación ya se ha utilizado en países como Colombia y Venezuela, con resultados exitosos.

Circunscripción especial. Las especificaciones logísticas podrían entrar en un segundo debate, pero puedo introducir los aspectos más elementales. En los países en que se practica, se crea una circunscripción electoral especial que incluye a todos los pueblos indígenas e implica la creación de partidos exclusivos para estos comicios. Además, si se pretende conservar el número de diputados en 57, sería necesario restarle uno a alguna de las provincias. En este caso, la provincia de Cartago sería la indicada pues tiene la relación población-diputados más baja, con 70 mil habitantes por escaño (aunque este cálculo habría que realizarlo nuevamente una vez creada la circunscripción especial indígena).

Entre los múltiples beneficios que este mecanismo podría traer, me interesa señalar los dos principales. Primero, garantizaría una voz en la Asamblea a este grupo de habitantes tradicionalmente excluido de la política formal. Esto no solo implica presencia en los debates, sino también impulso especial a proyectos de ley de interés (el mejor ejemplo es la Ley de Autonomía Indígena, estancada desde hace 20 años en los archivos). Segundo, podría incentivar la participación electoral de estos grupos. En tiempos donde los símbolos son importantes, la posibilidad de tener un representante indígena puede generar más identificación y, por tanto, mayor involucramiento.

Es cierto que este método no asegura mejores condiciones de vida ni más inclusión en las políticas públicas para los indígenas, pero al menos brinda condiciones mínimas para un terreno más equitativo en la política electoral. Es cierto también que muchas comunidades cuentan con sus propios métodos de organización, a veces regulados por la ley y a veces no, pero estos no tienen por qué ser excluyentes con la propuesta realizada.

De cualquier manera, esta proposición no pretende repetir la actitud impositiva que tanto reproche merece. Mi pretensión es sencillamente poner el tema sobre la mesa. Iniciar la reflexión. ¿Por qué no?

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