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El dilema democrático

Actualizado el 22 de mayo de 2016 a las 12:00 am

El desarrollo demanda sacrificios y la democracia exige difíciles consensos

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Para países pobres, un desarrollo económico integral es posible. Buenas prácticas, políticas públicas y hojas de ruta sobran para quien quiera asumirlas. Esa es la buena noticia. La mala es que nunca es fácil y en democracia, menos.

El desarrollo demanda sacrificios y la democracia exige difíciles consensos. Tal vez por eso la democracia casi nunca ha sido una de las premisas del desarrollo de los países rezagados. Así lo confirma la historia en el sudeste asiático, donde sus emblemáticos tigres se fueron convirtiendo en potencias industriales sobre la base de regímenes autoritarios.

En algunos de esos países, meras formas democráticas simulaban apenas la mano militar que marcaba el trote. En otros fueron directamente generales de ilustrado autoritarismo que condujeron amplias concertaciones empresariales, con derrotero nacional y sentido de urgencia e impusieron, manu militari, restricciones laborales.

Cortar el pastel desde arriba, sin distracciones bizantinas, es la vía más fácil. Aparece menos conflictuada por la necesidad de atender las demandas sociales, en un camino que exige siempre abnegaciones en el presente, y que, en todas partes y sin excepción, perturba intereses creados e impone disciplina y austeridad.

Ese, por supuesto, jamás será el camino de Costa Rica, por mucho que se encuentre enredada en sus propios mecates, secuestrada por minorías y aletargada por una perniciosa sensación de autocomplacencia que nos contagia de irrealismo tenebroso.

Acuerdos nacionales. El desarrollo económico también es posible en democracia. Esa es la buena noticia. La mala es que exige liderazgo para alcanzar los mismos propósitos, pero no por la fuerza, sino gracias a acuerdos nacionales. Irlanda es el ejemplo más paradigmático de ese tipo de desarrollo por la vía concertada.

¿Cómo lo logró? ¡Cuidado! No busquemos lo que hizo para copiarlo. Yo sé que nuestra clase política no es ni muy creativa ni muy innovadora. Pero hay cosas que simplemente no admiten copy-paste criollos o malos plagios, como acoger aspectos aislados del programa Bolsa Familia de Brasil. Allá es un programa institucionalmente articulado y aquí, de compartimentos estancos.

Pero un acuerdo nacional presupone la existencia de una elevada capacidad de liderazgo au-dessus de la mêlée, como decía Romain Rolland, en otras palabras, por encima del marasmo nauseabundo de la mezquina refriega cotidiana. De eso carecemos casi a nivel absoluto. Nos falta liderazgo, a secas.

Es imposible alcanzar incluso arreglos parciales urgentes porque en esta tribu faltan indios y sobran caciques, ninguno de gran talante y mucho menos en el lugar de donde debería emanar el sentido colectivo de dirección. Es un “problema ontológico”, como dice don Eduardo Ulibarri; a saber, de naturaleza intrínseca. No aclaró, sin embargo, si esa ontología de discapacidad conductora era coyuntural o permanente.

Empantanados. La inhabilidad, administración tras administración, de alcanzar acuerdos mínimamente aceptables en materia fiscal, apuntaría a lo segundo. Estamos hablando de impericia elemental de acordar una fiscalidad sostenible en el sentido más básico de la matemática de ingresos contra egresos.

No hablamos de niveles de fiscalización más profundos y holísticos, como rendir cuentas de la calidad del gasto público, medido en términos de resultados, por ejemplo, en el área social, educativa y de atención de salud.

En todos esos espacios, una permanente insatisfacción ciudadana no ha sido capaz de lograr incidir en producir cambios, ni siquiera por la vía del castigo electoral. No hablemos ya de una fiscalidad que alcance la sabiduría de brindar estímulos a la innovación productiva o marque, como en Corea, el alineamiento educativo con las condiciones estructurales del desempleo. No, eso ni siquiera está sobre la mesa.

Estamos atascados en lo que aparentemente todos estamos de acuerdo: que la solución del desequilibrio meramente matemático no puede venir ni solo de la contención del gasto ni del mero incremento de impuestos. De acuerdo en lo esencial y, sin embargo, empantanados. ¡Increíble!

Y no nos faltan espacios de concertación. Sendos consejos presidenciales reúnen en su seno a los principales actores de las necesidades nacionales de competitividad, educación e innovación. Doña Ana Helena Chacón preside, con ahínco y donaire muy propios, el de innovación y gestión del talento humano. Por su mesa pasan las mejores ideas, y me consta que de ella reciben el más caluroso aliento, intentando abrir caminos que permitan mostrar resultados. Igual podría decirse del consejo de competitividad, presidido por el vicepresidente Helio Fallas.

En esos foros, el sector privado, la academia y las diferentes instancias públicas exponen sus inquietudes. Pero las iniciativas ahí fraguadas no logran, todavía, el poder de arrastre que les otorgue vida institucional activa. ¿Y cómo podrían lograrlo en este marasmo, donde hasta lo más elemental, como la educación dual, navega a la deriva?

“Para después”. Estancamiento e insatisfacción son pésimos consejeros, sobre todo cuando se acercan períodos electorales propicios a disparates colectivos. Será difícil escoger la sensatez por encima de la fanfarria. Deberemos abrazar un sentido realista y razonable de propósito común, que necesariamente deberá ser sacrificado y poco vistoso.

Ahora resulta que todos están de acuerdo en construir un gobierno de unidad nacional, con un sentido colectivo de propósito, aceptando esfuerzos y sacrificios. Don Ottón, don Rodolfo y Álvarez Desanti, en fin, todos apoyan esa idea… pero para “después”.

El presente se da por perdido. Frente a esa disyuntiva, sin resolver, se acercan tiempos que nos amenazan, sin que se perfile un liderazgo unificador y constructivo. Pero un liderazgo no se improvisa de la noche a la mañana, y mucho menos surge como subproducto de la maquinaria del mercadeo político, cuando se nos “venden” candidatos como coca-colas. Estamos en ese trance. Ese es nuestro gran dilema democrático.

La autora es catedrática de la UNED.

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