El domingo 14 de agosto, algunos colectivos cuya agenda e intereses se oponen a la enseñanza cristiana, participaron frente a la catedral metropolitana en una manifestación con la que, supuestamente, expresarían su desacuerdo con la doctrina de la Iglesia respecto a la dignidad de la mujer.
Como consta a la opinión pública, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, respetuosa de la libertad de expresión que asiste a todos los ciudadanos, particularmente a quienes piensan de forma diferente a la Iglesia, nunca obstaculizó la realización del evento.
Lamentablemente, lo que en apariencia era un pronunciamiento en contra del hostigamiento y la violencia sexual hacia las mujeres, se convirtió en una protesta violatoria de la moral pública y el Estado de derecho, el cual garantiza: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
En un Estado de derecho no puede haber un sector que se declare “por encima de la ley” o que se atribuya libertades sin límites, como si los otros ciudadanos estuviéramos en la obligación de sufrir todo lo que a estos grupos se les ocurra en el aparente “ejercicio” de sus derechos. Asimismo, la “marcha” en cuestión fue, claramente, injuriosa y ofensiva a la fe cristiana que ha identificado e identifica a la inmensa mayoría de los costarricenses. Lejos de haber sido un canal para expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, este mitin tuvo como base el irrespeto a la piedad mariana afianzada en los costarricenses de ayer y de hoy.
Por tal razón, como pastores del Pueblo de Dios, unidos a los sentimientos de los fieles católicos, lamentamos, particularmente, el uso irreverente de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, venerada con sumo y sagrado respeto por generaciones de costarricenses desde 1635. De hecho, el año jubilar, recientemente concluido, fue expresión del inmenso amor de los costarricenses y las costarricenses a la Madre de Cristo que, bajo el título de La Negrita , ha sido el baluarte de la unidad nacional y la protectora, tanto de las familias y las mujeres, como de los más pobres, los indígenas, los negros, los excluidos y los sin voz.
Precisamente, en este año 2011, el papa Benedicto XVI hizo un llamado para combatir la intolerancia religiosa que constituye un constante riesgo para la vida y la libertad personal de hombres y mujeres: “Es inconcebible que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos – su fe – para ser ciudadanos activos”.
Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica instamos a todos los ciudadanos a seguir proponiendo y manifestando nuestra fe, pensamientos, ideas, necesidades y opiniones en una atmósfera de paz y de serenidad, respetando a quien no piensa como nosotros, según el modo civilizado como las personas conviven en la tolerancia a sus legítimas diferencias y en la resolución de sus conflictos. Frente a estos hechos, resulta aún más urgente para la Iglesia, “experta en humanidad”, motivar el compromiso de los cristianos para que sean, en todos los lugares y ambientes, los primeros promotores de una cultura que reconozca, verdaderamente, a la mujer la dignidad que le corresponde. En la lucha por la dignidad de la persona humana y sus valores, es como el pueblo costarricense ha cimentado la paz, ha fortalecido la democracia y ha consolidado la libertad.
Óscar Fernández Guillén Obispo diocesano de Puntarenas, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica