La dignidad de la familia Payá

Muchos han sido los obstáculos que tanto el Gobierno cubano como el español han puesto en el camino, con el objeto de que nunca se sepa toda la verdad de cómo murieron el dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) y el también opositor Harold Cepero. No obstante, gracias al tesón de la familia Payá, a las posteriores revelaciones de Ángel Carromero, el joven político español que conducía el día del extraño siniestro automovilístico en una carretera de la provincia de Oriente, y la solidaridad de un puñado de políticos del Partido Popular que se apartó de la línea oficial, es evidente que lo que se pretendió disfrazar de accidente fortuito bien pudo tratarse de la embestida de un auto de la policía política, que acabó por provocar la muerte de la figura más relevante de la disidencia cubana.

De todos es sabido que Carromero fue acusado de homicidio involuntario, y por ello permaneció retenido en la Isla antes de ser devuelto a España para cumplir el resto de su condena bajo libertad vigilada.

De todos es sabido, también, que durante su encierro en La Habana el Gobierno castrista divulgó un video del representante de Nuevas Generaciones del PP, autoinculpándose al estilo de las grabaciones a las que los secuestrados suelen ser sometidos.

Y de todos es sabido que en aquella farsa de juicio se les impidió el acceso a los familiares de las víctimas.

Mentiras y silencio. En medio de las calumnias y mentiras vertidas por las autoridades cubanas y el ominoso silencio del Ejecutivo español, la viuda, los hijos y los hermanos de Payá se negaron a presentarse como acusación contra Carromero, seguros de que él también era víctima de un montaje político que impidió una investigación independiente.

Hoy, poco más de un año después de aquel fatídico 22 de julio, Carlos Payá, uno de los hermanos de Oswaldo que vive en Madrid y es miembro del MCL, le ha revelado a la periodista de El Mundo Rocío Galván que la misma tarde en la que familiares y amigos despedimos a su hermano en una misa en la iglesia madrileña de San Fermín de los Navarros, el secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Jesús Gracia, se reunió con él para, según afirma Carlos, pedirle algo a lo que se negó “rotundamente”: que la familia acusara a Carromero, ya que eso facilitaría su liberación en cuestión de 72 horas y, a cambio, los Payá serían indemnizados.

Recuerdo la noche en que nos enteramos de la muerte de Payá y los días posteriores, incapaces de recibir respuestas claras por parte del gobierno de Rajoy. Recuerdo la indignación de Regis Iglesias, discípulo de Oswaldo y su mano derecha en España. Recuerdo bien la atribulación de Carlos, procurando que se hiciera justicia por su hermano y a la vez bajo la presión de que sus palabras, y lo que entonces ya sabía sobre los mensajes de texto que el acompañante de Carromero en el vehículo, el sueco Aron Modig, había enviado al exterior (en los que presuntamente contaba que habían sido embestidos) no perjudicaran al español, con la esperanza de que fuera liberado cuanto antes.

Como dice Carlos Payá en la entrevista, siguiendo las indicaciones de la cúpula del PP para no entorpecer la salida de Carromero, calló durante meses. Pero ni él, ni Ofelia, la esposa de Oswaldo, ni su hija, la activista Rosa María Payá, se habrían prestado nunca a una propuesta que habría desvirtuado para siempre las verdaderas circunstancias en las que murieron los dos opositores. El propio Carromero sostiene que el personal médico del hospital llegó a decirle que Payá llegó consciente al centro sanitario, lo que contradice la versión oficial de que murió en el acto.

Lo que más le desconcierta a Carlos Payá es que, a pesar de que Carromero ya se encuentra en su país y se ha encargado de contar su propia versión de lo que sucedió, el Gobierno no ha hecho nada para desenmascarar las manipulaciones y chantajes de La Habana.

Quienes conocemos desde hace años a los Payá, una familia de demócratas con sólidos valores, no dudamos de lo que dice Carlos. Otra cosa bien distinta son los presuntos acuerdos del Ejecutivo español con la dictadura castrista. Sucede cuando los políticos anteponen los intereses a los principios. Nadie le puede arrebatar a la familia Payá su dignidad.