Una agenda nacional, que permita un acuerdo interpartidario, es de suma urgencia

 30 agosto, 2016

Una agenda nacional, que permita un acuerdo interpartidario sobre asuntos fundamentales para el país, es urgente. El tema ha vuelto a colocarse en el tapete y resumiré aquí los elementos indispensables para una propuesta viable y los antecedentes de esta idea.

Lo cierto es que en la historia reciente del país la idea de un acuerdo nacional nació en la campaña presidencial del 2013. En ese año, el Partido Liberación Nacional planteó al resto de candidatos en liza la necesidad de un gran acuerdo nacional para el desarrollo.

Lamentablemente, en aquella ocasión la idea no tuvo eco. Posteriormente, en el 2014, varios meses después de instalado este gobierno y ante la inacción de la administración en ofrecer un proyecto político para el cuatrienio, la fracción del PLN insistió en el tema. A ese clamor se sumaron después otros partidos de oposición, como el PUSC y la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).

Otras propuestas. El 30 de setiembre del 2014, en un artículo publicado en este diario, titulado “Un acuerdo posible” (30/9/2014), el expresidente de la República Oscar Arias Sánchez elaboró una atinada propuesta de acuerdo. Esta consiste en disminuir el déficit durante dos años en un 5% del PIB, donde un 3% se obtenga con nuevos tributos y un 2% con reducción de gasto.

Para ello, propuso la convocatoria a un diálogo en función de un acuerdo nacional. Meses después, en abril del 2015, el PLN volvió a insistir en la necesidad de un acuerdo nacional. En esa oportunidad, con ocasión de una audiencia que el presidente Solís ofreció a las autoridades del PLN, entonces presidido por el expresidente José María Figueres.

Allí, el Partido planteó la necesidad de que esta agenda priorizara en los problemas atinentes al crecimiento económico y la racionalización del gasto público. Dentro de ese mismo esquema, en julio del 2016, remití un oficio formal al presidente de la República, cuyo resumen fue también publicado en este foro, bajo el título “Una propuesta para el presidente”, ( La Nación 1/7/2016).

Allí planteé la posibilidad de un acuerdo nacional en torno a tres megaproyectos puntuales de infraestructura para el desarrollo. Igualmente, y aludiendo al ejemplo de la experiencia irlandesa, la académica Velia Govaere urgió, en este mismo foro, sobre la necesidad de un gran acuerdo social para el desarrollo.

Inadecuada. Pues bien, en este 2016, el diputado Ottón Solís ha unido también su voz para reclamar la necesidad de un acuerdo nacional. Por la prominencia y prestigio del firmante, a diferencia de las anteriores, la solicitud ha tenido una mayor cobertura de prensa.

Sin embargo, paradójicamente, por las razones que expondré, de entre las propuestas planteadas, lamentablemente esta es la inadecuada. En primer término, porque la propuesta del diputado procrastina. Deja para mañana lo que se puede hacer hoy. Pospone la agenda nacional hasta el próximo gobierno, desperdiciando casi dos años de la presente administración. ¿Por qué habremos de desaprovechar tanto tiempo para llegar a un acuerdo sobre una agenda nacional? Los problemas del país se acumulan, y es indispensable que las decisiones se tomen con prontitud.

El segundo elemento en el que difiero con la propuesta del diputado Solís, radica en el hecho de que su iniciativa prescinde del gobierno de la República, siendo el Ejecutivo el poder diseñado por el sistema jurídico para un cometido de tal naturaleza, como lo es dirigir un acuerdo nacional.

Tal poder es el responsable primario de la dirección de gobierno. No por casualidad nuestra Constitución Política lo faculta a ejercer iniciativa en la formación de las leyes, vetarlas e incluso lo privilegia con la potestad de una agenda de iniciativas exclusiva durante un período extraordinario de sesiones legislativas.

Si reconocemos que la agenda nacional es una necesidad que no debe ser postergada, no quepa duda de que es al actual presidente de la República a quien le corresponde la responsabilidad.

El agente político adecuado para arrogarse una facultad de esta naturaleza no es un diputado, y menos aún si este decide asumir una vocación opositora.

Objetivo de fondo. El tercer elemento en el cual difiero con Ottón radica en el hecho de que su propuesta implica la necesidad de un gobierno integrado por todos los partidos, cuando lo esencial del asunto es ponernos de acuerdo en la receta, y no enfocarnos en los cocineros.

Lo importante es convenir en una agenda nacional urgente e implementarla. Pretender instaurar un gobierno de todos los partidos es desenfocarnos en la definición de eventuales distribuciones de puestos políticos, lo cual no contribuye para nada al objetivo de fondo.

El objetivo es acordar la receta, hacerlo pronto, y que el actual gobierno de la República inicie el cometido definido. Para ello no es necesario exigirle que despida jerarcas de su agrupación para colocar gente de otros partidos.

Peor aún, la idea de que la agenda nacional deba estar condicionada por un gobierno de diferentes partidos estimula la peligrosa tendencia a la fragmentación y la insularización del poder.

Los partidos políticos deben tener la madurez de llegar a entendimientos sin que sea necesario el cobro de una suerte de “peajes” políticos que impliquen el otorgamiento de posiciones de poder para ello.

Por otra parte, no es viable una propuesta metodológica de diálogo y acuerdo interpartidario sin una propuesta concreta de planes. Repito, propuestas concretas. No temas generales, que es lo que él ha planteado.

Además, ¿por qué se plantea allí un mecanismo de acuerdo extraparlamentario? En una democracia madura, ¿no es acaso el Parlamento el escenario natural de entendimiento entre los partidos? En síntesis, la agenda nacional es una prioridad que no debe ser postergada. La dirección de esta es responsabilidad del gobierno de la República.

Las distintas fuerzas políticas del país hemos reconocido la necesidad de tal acuerdo, sobre todo, si tiene como objetivo el crecimiento económico, la racionalización del gasto y la inversión en infraestructura para el desarrollo.

La mayoría de los actores sociales y políticos nos hemos manifestado reiteradamente en favor de dicho diálogo. El que tiene la palabra es el gobierno de la República.

El autor es abogado constitucionalista.