Opinión

La difícil tarea del reclutamiento policial

Actualizado el 29 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

No hay una tasa ideal de efectivos policiales por una cantidad dada de habitantes

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La difícil tarea del reclutamiento policial

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La calidad de un reportaje periodístico no debe necesariamente determinarse gracias a un excesivo “alarde tipográfico” en la presentación y análisis de cualquier problema social de mediana importancia. Más bien, entre otras cosas, por su adecuado planteamiento teórico- político y la fiabilidad de las fuentes que le sirven de sustento. Tal es el caso, a mi parecer, del reportaje con respecto al tema concreto del reclutamiento policial publicado por el periodista Esteban Oviedo en la página 5A de La Nación del lunes, 24 de setiembre del 2012.

Tal reportaje muestra, ante todo, importantes debilidades en el planteamiento teórico-político del tema, superadas en gran parte –o, al menos, matizadas–, por el Editorial del mismo diario del martes 25.

En primer lugar, las referencias al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014, texto básico de todas las acciones de cualquier Gobierno, son criticables e, incluso, incorrectas: por ejemplo, aunque en este plan la meta del objetivo “incrementar la presencia policial” para el período era de 4.000 nuevos policías contratados, siendo la línea base de 800 en el 2009 (pp. 67 y 144), los datos del reportaje indican, sin ninguna justificación, que tal línea base es de 12.000 oficiales, por lo que debería haber 16.000 efectivos policiales al finalizar el mandato del actual Gobierno.

En segundo lugar, ni en el PND ni en el reportaje se establece el alcance del término genérico “policía”: ¿incluye las diversas categorías del personal –escala básica, oficiales, personal administrativo– y los numerosos servicios policiales -Fuerza Pública, Servicio de Vigilancia Aérea, Servicio de Guardacostas, Policía Turística, etc.?

¿Cómo encontrar, además, en el sector soluciones a la situación de un país que, por diversas razones, tiene tantos servicios policiales, dependientes de tantos organismos? ¿Cómo, asimismo, tomar en cuenta, para una reforma integral en materia policial, la dinámica propia de una de las instituciones más significativas del Estado, lo que implica, casi necesariamente, considerar las renuncias, jubilaciones y despidos de sus miembros?

Finalmente, ¿cómo se puede garantizar el carácter significativo de los datos expuestos en el reportaje si estos solo se refieren a “lo que va de este año”?

El descuido en el planteamiento teórico-político del tema, que en gran parte puede atribuirse al recurso poco riguroso a datos procedentes de diversas fuentes, no necesariamente coincidentes, suele llevar a un grado de confusión más o menos importante.

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Problema de fondo. Posiblemente el principal problema de fondo que esta disparidad plantea es la utilidad de determinar los efectivos policiales que necesita un país.

En el ámbito internacional, se observan, sobre todo, dos métodos para determinar la proporción de policías con respecto a la población que deben servir: tener en cuenta, o bien el número de policías por cien mil habitantes (PNUD Costa Rica, Venciendo el temor, San José, 2006, p. 196, cuadro 6.9) o la cantidad de ciudadanos por cada policía (Rico y Chinchilla, Las reformas policiales en América Latina, Lima, 2006, pp. 62-63).

Con respecto al primer método, la proporción era, en el 2002, de 519 en Panamá, 323 en Estados Unidos, 303 en Alemania, 252 en El Salvador, 235 en Costa Rica, 215 en Colombia, 186 en Canadá, 182 en Japón y 181 en Suecia; el segundo modelo ofrece cifras similares.

Sin embargo, la referencia a tales tasas, frecuente en las publicaciones sobre el tema, solo es útil en la medida de poder disponer al respecto de un indicador comparativo entre países.

En principio, no hay una tasa ideal con respecto al número de efectivos policiales por una cantidad dada de habitantes, como tampoco la hay en cuanto a la tasa de jueces. Pese a ello, una de sus aplicaciones más útiles debería darse en el campo de la planificación general (distribución de los efectivos policiales de acuerdo con el territorio, las funciones a cumplir, la frecuencia y gravedad de los delitos, y las demandas de servicios procedentes de la comunidad, así como evitar conclusiones apresuradas, etc.).

Para la determinación de las necesidades de personal se debería, entre otros factores, tener en cuenta con cierta periodicidad el promedio y las causas de salidas del servicio (renuncia voluntaria, incapacidades, vacaciones, suspensiones, despidos, etc.), así como la previsible jubilación masiva de oficiales de los niveles ejecutivo y superior, que podría justificar un fuerte incremento de las plazas actualmente disponibles.

Sugerencias. Teniendo en cuenta la situación y los estándares antes mencionados, los efectivos de los servicios policiales dependientes del MSP necesarios para los próximos años podrían ser de 300 policías por 100.000 habitantes, o sea, 14.000 policías hoy día (excluyéndose el personal administrativo). Esta decisión podría tomarse por decreto.

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Con los indispensables matices y una ubicación teórico-práctica más adecuada, los datos del reportaje son importantesal mostrarlas dificultades existentes, antes y ahora, en el reclutamiento policial, cuya superación, en el marco general de una profunda reforma del sector policial dependiente del Poder Ejecutivo, representa la primera –y quizás, más importante– etapa del acceso de las próximas generaciones de policías a la Academia Nacional de Policía que, con el firme propósito de ser un modelo en América Latina entrará en funciones antes de que el actual Gobierno, que desde el inicio ha auspiciado su creación, termine su mandato.

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