Diez acciones prioritarias en contratación pública

Primero . Reorientar hacia el camino correcto la implementación de una sola plataforma de compras electrónicas para todo el Estado costarricense, mediante el impulso de un proyecto de ley que regule un modelo de contratación sensato, acorde con nuestros tiempos, las tecnologías, y que garantice la estandarización y la mayor transparencia posible.

Segundo. Impulsar, mediante figuras flexibles como el fideicomiso, el desarrollo de los proyectos de obra e infraestructura pública más relevantes del país; proyectos que deben enlistar de mutuo acuerdo Conavi-Mopt y Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial.

Tercero. Convocar a una mesa nacional para analizar y proponer un cambio legal (algo posible dado que los tipos de controles por establecer competen al legislador derivado conforme fue analizado en sentencia constitucional 11210-2008) en torno a los controles previos (objeciones, apelaciones y refrendo de contratos) que imperan en las compras públicas.

Esto para determinar técnicamente si, en efecto, hay valor agregado en esos controles. Además, para precisar ajustes a un modelo en todo expedito, que traiga seguridad jurídica al inversionista y, por tanto, verdadera eficacia.

Cuarto. Impulsar la constitución de un instituto o centro de formación especializado en contratación administrativa, de manera que se avance en crear un cuerpo de jerarcas, funcionarios y empresarios bien capacitados, con el fin de evitar transgresiones técnicas y hasta al fuero de probidad en las contrataciones con fondos públicos.

Quinto. Desarrollar un programa de compromiso ético de los proveedores del Estado y de las instituciones públicas para “jugar limpio” en los procesos de contratación pública.

Así, acordar y monitorear la firma e implementación de convenios denominados “Soy probo” por parte de las empresas que quieren sostener relaciones comerciales con el Estado.

Sexto. Proponer un programa razonable y proporcionado en el tiempo para la implementación estatal de criterios de sostenibilidad medioambiental en las compras públicas, así como responsabilizar al Ministerio de Ambiente y Energía en cuanto al cumplimiento de lo establecido.

Sétimo. Acordar con Inteco y demás actores competentes e interesados, el establecimiento de normas de calidad para las condiciones técnicas de los carteles, de manera que cosas iguales se adquieran con paridad de precisiones, evitando pliegos que solicitan cuestiones ajenas a lo que impera en el mercado, a aquello que, en términos de pericia o buena práctica nacional o internacional, se ha avalado.

Octavo. Promover, de la mano con el sector privado, la opción de servicios públicos desarrollados y prestados mediante el binomio administración pública-empresa privada, constituyéndose para ello empresas de capital mixto.

Al respecto, se debe tener especial consideración a las municipalidades.

Noveno. Presentar y buscar aprobación de una ley que permita revocar el registro mercantil de aquellas empresas cuyos empleados (buscando beneficio para su empresa) hayan sido condenados penalmente por acciones impropias, indebidas o propias de corrupción o faltas al deber de probidad.

Décimo. Fomentar la participación ciudadana a través de mecanismos reales en los procesos de compra pública, sea en la determinación de necesidades, de escogencia de los proveedores o de ejecución de los contratos.