7 noviembre, 2014

Coincido plenamente en la lectura política del Gobierno: en un escenario de minorías legislativas, necesitamos dialogar para construir acuerdos que nos permitan salir del atascadero. En sí misma, esta actitud es una señal de cambio. Soy un fiel creyente en el potencial de las redes de cooperación entre actores públicos y privados.

Sin embargo, hay ámbitos de decisión política en los que el margen de acción y el tiempo disponible son cada vez más reducidos, y el diálogo no puede sustituir, ni mucho menos dilatar, decisiones estratégicas. Decidir implica asumir costos políticos, priorizar intereses y proponer rumbos de acción. Cada cuatro años elegimos un gobierno y un parlamento para que tomen decisiones en representación de la ciudadanía e, idealmente, en atención del interés nacional.

Uno de esos ámbitos es el de la política energética. El impacto del cambio climático y la urgencia de promover un crecimiento sostenible hacen de la política energética el área de acción más relevante en la actualidad.

Así lo entienden en Dinamarca, donde establecieron la meta de ser un país independiente de combustibles fósiles en el año 2050. Así lo entienden también en China, país que lidera las inversiones en energía solar, eólica e hidroeléctrica a nivel global. Así lo entienden Corea del Sur, Escocia y Reino Unido, entre muchos otros, que ven en la política energética la fuente de seguridad nacional y crecimiento económico del futuro. Un razonamiento lógico, inteligente y que no acepta apropiaciones cosméticas desde la derecha o la izquierda.

Largo camino. La decisión del Gobierno de convocar a un diálogo sobre política energética es relevante y positiva. Sin embargo, algunos rasgos de esta convocatoria pueden atentar contra la urgencia de algunas medidas. Siendo optimistas, luego del proceso de diálogo es previsible que el gobierno pueda identificar líneas de acción prioritarias hasta mediados del 2015. Sumemos a eso el tiempo que requerirá para traducir esas líneas de acción a proyectos de ley, decretos ejecutivos, reglamentos y proyectos de inversión pública.

Asumamos que las propuestas de ley y proyectos de inversión se aprueban en tiempo récord (algo inédito para nuestra venerada democracia).

En el camino, hay que agregar recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, apelaciones, entre otras tácticas dilatorias de grupos interesados. Así funciona nuestro marco institucional desde hace varias décadas. No estoy sugiriendo que el Gobierno deba tomar medidas inconsultas o apresuradas. Lo que sugiero es que la amplia convocatoria de diálogo no se convierta en un fin en sí mismo y sustituya los espacios de decisión política.

Según reporta La Nación , autoridades del ICE y el Minae solicitaron retrasar la discusión legislativa de tres proyectos sobre explotación de energía geotérmica, un área en la que el país tiene ventajas competitivas.

Algunas de las preguntas que surgen de inmediato son: ¿podemos seguir esperando decisiones estratégicas en política energética hasta que concluya el diálogo convocado por el Gobierno?, ¿qué margen de acción tendrán el ICE y el Minae para analizar estas propuestas de ley una vez que concluya la mesa de diálogo?, ¿acaso creen nuestras autoridades que disponemos de un gran margen de tiempo para pasar del diálogo a la acción política?

Algunos podrán argumentar que la mayoría de países que mencioné tomaron este tipo de decisiones luego de amplios procesos de diálogo y consulta. Efectivamente, ese puede ser el caso de Dinamarca, Escocia, Alemania, Reino Unido, entre otros.

La diferencia no solo radica en sus marcos institucionales, sino en la concepción misma del problema y la necesidad de adoptar decisiones con limitados recursos de tiempo e información. La diversificación de sus matrices energéticas no nace de la preocupación por los precios de la electricidad (por ejemplo, Alemania tiene la mayor cobertura de fuentes de energía renovable y a la vez los precios más altos de la electricidad en Europa), sino que surge de la profunda convicción de que la seguridad nacional y el crecimiento económico estarán íntimamente relacionados con la política energética.

Cuando un Gobierno debe tomar decisiones en materia de seguridad nacional y crecimiento económico, no puede confiar irrestrictamente en las bondades del diálogo. Sobre todo en un país donde desde hace mucho tiempo nos da temor decidir.

Fabio Jiménez Castro, estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales, The University of New South Wales (Sydney).

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