Opinión

Y después del discurso…

Actualizado el 22 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Se equivoca el señor presidente, si cree que todos los que hemos ejercido cargos públicos en Gobiernos anteriores estamos molestos por las denuncias que ha hecho sobre la corrupción en el sector público. Muchos estamos muy contentos. Precisamente porque ya no aguantábamos tanto “desorden”, nos fuimos de nuestro partido político, tal como lo hizo el presidente, para sumarnos al descontento de la mayoría.

No votamos –al menos, yo no– por un proyecto de gobierno cuidadosamente elaborado por el PAC. Ese proyecto no lo conocí ni en la primera ni en la segunda vuelta. Votamos para sanear al Estado, poniéndoles coto a la corrupción y al clientelismo, sin cambiar el rumbo claramente trazado en nuestra Constitución Política. El mismo rumbo, la misma ruta, pero con idóneos conductores.

Desde luego, no todo funcionario público es corrupto, ni todos los liberacionistas lo son, ni tampoco todos los empleados públicos son liberacionistas, ni… Ejemplos de estupendos funcionarios, probos y capaces, liberacionistas, o no, los tenemos a la vuelta de cada esquina gracias a Dios, y todavía pueden hacer mucho por Costa Rica.

Corrupción. Lleva razón el señor presidente al no establecer una tajante diferencia entre la corrupción y la mala administración públicas. La primera implica la decisión consciente de enriquecerse a costa del pueblo, y quizás podríamos encontrar algunos casos importantes entre los señalados por el presidente; la segunda solo requiere ignorancia, descuido o carencia de idoneidad. Sin embargo, la mala administración, que permite que los malos funcionarios se echen a la bolsa el dinero del pueblo sin trabajar, solo ocurre cuando los altos mandos la permiten, y eso implica corrupción y corresponsabilidad de los altos jerarcas.

Entonces, ¿qué debe hacer el presidente para poner orden en el charral? Este es un punto medular en su gobierno, y no creo que lo tenga claro. Nos ha hablado de mejores salarios para los burócratas, y de motivación, pero eso no le servirá. El presidente o jerarca que llega a ejercer su cargo, necesariamente se descubrirá rodeado de grupos políticos de poder, colocados vitaliciamente en los mandos medios por clientelismo, que se encargarán de entorpecer la labor del jerarca, según su propia conveniencia.

Malos funcionarios. El Servicio Civil consigna que el jerarca puede reprender a los malos funcionarios, verbalmente la primera vez; por escrito, la segunda; suspenderlos temporalmente la tercera vez; despedirlos sin responsabilidad, la cuarta vez…, pero, indubitablemente, ellos acudirán ante la Sala IV, que acogerá su recurso de amparo, suspenderá de oficio el acto administrativo, y el jerarca deberá aguantarse al mal funcionario en el cargo, hasta que, dos o tres años después, la Sala le dé la razón, si ha logrado aportar las pruebas que los amigos del funcionario han tratado de borrar.

Si tomamos como ejemplo a una institución descentralizada o una municipalidad, el funcionario reprendido puede acudir a la Junta Directiva o al Concejo Municipal, que puede vetar la decisión del jerarca; este acudirá al Tribunal Contencioso Administrativo para mantener su punto y, mientras pasan los años y el Tribunal decide, deberá verse con la presión administrativa del grupo cercano al funcionario reprendido. Algún miembro del Concejo directivo, políticamente afín al funcionario, puede presentar anónimamente ante la Contraloría una denuncia infundada contra el jerarca, quien puede ser destituido sin debido proceso, pues así lo dispone el reglamento de la Contraloría y lo ha refrendado la Sala IV.

Nuestro marco legal. Posiblemente, el jerarca tenga también que vérselas ante el Ministerio Público, debido a la denuncia que interpondrán las personas involucradas en el comportamiento incorrecto, objeto de la reprimenda. El caso terminará, si termina algún día, después de años y años; el jerarca habrá pagado un enorme costo pluridimensional; la institucionalidad habrá sufrido, y, sobre todo, el pueblo habrá sido castigado por la ineficiencia e ineficacia que nuestro marco legal permite.

Creo que el señor presidente no está dimensionando adecuadamente el problema de la mala administración, pese a que ya lo está sintiendo en carne propia. “Déjenme gobernar”, nos pide. Pero no lo logrará con mayores salarios, ni seminarios de ética para los mandos medios. ¿Quién querrá ser jerarca de una institución pública, si, para hacer las cosas bien, debe confrontar permanentemente tales escollos y amenazas?

Para cumplir su promesa, el señor presidente y su grupo requerirán muchísima asesoría legal y mucho apoyo del pueblo; de lo contrario, podría verse secuestrado, muy a su pesar y el nuestro, por una Administración Pública incompatible con la calidad.

Lo anterior se inscribe en los temas discutidos durante la campaña: eliminación de redundancias, despido de malos funcionarios, disciplina, calificación, excelencia y reforma del Estado, entre otros.

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