Por: Armando Mayorga 19 abril

Uno sobre otro, los costarricenses tendremos que pagar en impuestos los $14 millones de más (¢8.000 millones) que despilfarrá este gobierno en la construcción de la vía de 2,05 km para conectar la ruta Limón-San José con el megapuerto que se construye en Moín, Limón.

Un reportaje de este diario, publicado el lunes, destapó que la “pifia” con los 80 metros que se les corrió el punto de enlace con la entrada al puerto no fue pifia, fue premeditada: los “expertos” del MOPT y Conavi ordenaron la construcción de la carretera de $72 millones a sabiendas del error en las coordenadas y les importó poco que ahora haya que pagar esos $14 millones de más para corregir este yerro planificado al detalle.

El problema en este despilfarro es que nadie en el gobierno, desde el presidente Luis Guillermo Solís, sus ministros y menos el responsable del MOPT y del Conavi, Carlos Villalta, se enoja o se entristece. Tampoco piden cuentas o responsables.

Menos, hablan de sanciones, destituciones o renuncias. Eso –no asumir responsabilidades–, se ha convertido en un deporte estatal.

Con $14 millones, por ejemplo, se habrían hecho dos puentes de la “platina” –incluidas las costosas pifias que hubo en su reparación–; se habrían hecho casi dos radiales a Lindora... y más.

Pero poco importa en el gobierno que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y su brazo “experto en construcciones”, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), hayan tenido una total desconsideración con el uso de dineros públicos.

Hasta aquí llegó la credibilidad en el mensaje de austeridad pregonado por este gobierno, abundante en palabrería, pero ante despilfarros como este, cero acción.

De no ser porque este periódico investiga y denuncia, nunca los costarricenses se habrían enterado de que una constructora ofreció hacer la obra por $60 millones, sin error de coordenadas, pero fue descartada por el consejo de “expertos” del Conavi y con la bendición del ministro.

Decisiones como esta se prestan para dudar y desconfiar sobre el buen uso del dinero público. En un gobierno digno, lo primero habría sido la renuncia, y, si no, la destitución. Pero aquí, ni enojo.

El autor es jefe de redacción en La Nación.