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El despertar de la sociedad costarricense

Actualizado el 20 de noviembre de 2012 a las 12:00 am

Se debe evitarla criminalizaciónde laprotesta social

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El despertar de la sociedad costarricense - 1
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Las manifestaciones públicas constituyen una de las principales formas de ejercicio de la democracia y, como tal, visibiliza el campo donde se ponen en juego derechos y obligaciones de la ciudadanía y del Estado en una forma altamente compleja. Con la excepción de algunos momentos cruciales donde la sociedad se movilizó marcando la historia de Costa Rica, lo cierto es que nuestro país se caracterizaba por ser uno donde los “problemas no duraban más de tres días”.

A diferencia de otros países donde la protesta social es práctica histórica y necesaria para la contención de abusos de poder y como respuesta a malos Gobiernos, nuestra sociedad ha ido incrementando su presencia en las calles, expresando con mayor fuerza su sentir. Por supuesto, y como es natural en el juego de intereses, grupos vandálicos se han aprovechado manchando el verdadero espíritu pacifista y de promoción de la igualdad de este derecho. Hoy la situación es diferente, como lo indica el XVIII informe del programa Estado de la Nación , donde en el último año se han realizado más de 600 protestas, poniendo de manifiesto la verdadera crisis de gobernabilidad que enfrenta este país, con un poder legislativo por mucho inoperante e ineficiente, junto a una Sala Constitucional que ha caído en la trampa de “legislar en paralelo” y que se encuentra desbordada.

Este crecimiento de ejercicio democrático plantea una serie de situaciones que podemos ir identificando con el desarrollo de las protestas y la forma en que se llevan a cabo. Por una parte, quiénes se manifiestan, y por otra, la correcta respuesta del Estado frente a las protestas.

En el primer punto, es evidente la ausencia de una entidad o figura líder que “cobije” a todos quienes se manifiestan en la calle. Lo observamos con la diversidad de personalismos y reclamos que motivan a movilizarse. El estudio da cuenta de grupos relacionados con el medio ambiente, tarifas de servicios, pueblos indígenas, servicios públicos y gestión municipal, por mencionar sólo algunos. Sin embargo, todos tienen un común denominador: se perdió el miedo para reclamar derechos.

Como segundo punto en cuestión, y relacionado con la capacidad de reacción del Estado que atiende las demandas, existe un tema de vital importancia: evitar la criminalización de la protesta social.

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En un país donde este tipo de mecanismo de rendición de cuentas va en crecimiento, el adecuado manejo de estos eventos que brinden los cuerpos policiales y aquellas instituciones a quienes se dirigen los reclamos sociales es un punto medular para evitar precisamente situaciones bochornosas como los acontecidos del jueves 8 de noviembre en la avenida segunda.

Por ello, es vital que la intervención estatal en la protesta social se encuentre orientada a proteger la integridad física, tanto de quienes se encuentran ejerciendo el derecho como del resto de la ciudadanía que se vea involucrada directa o indirectamente mientras se lleva a cabo la protesta y que tiene también tiene derechos. Asimismo, es responsabilidad absoluta del Estado capacitar de adecuadamente a sus cuerpos de seguridad (incluida la Policía de Tránsito) para que, sin caer en la indefensión y pérdida de autoridad, sepan cómo actuar durante un operativo cumpliendo en legalidad con los estándares y protocolos que rigen la materia. De esta forma, con el ánimo de evitar criminalizar la protesta social, bien vale debatir en torno a la intervención estatal, que debe tomar en cuenta elementos como la necesaria presencia y conducción de la autoridad política a cargo de los operativos de seguridad; la efectiva preparación intersectorial y gubernamental para la organización del espacio público donde se realizará la protesta (un ejercicio similar a la coordinación previa a eventos deportivos de alto riesgo), así como la debida regulación del uso de la fuerza en este tipo de situaciones que evite violaciones a los derechos humanos. Finalmente, acciones que garanticen la seguridad de grupos de personas vulnerables incluidos o no en la manifestación, así de la prensa que cubre el evento.

Dicho todo lo anterior, la protesta social es un nuevo reto que tienen por delante los Gobiernos, los cuales deben depurar los mecanismos de diálogo, transparencia y de rendición de cuentas en la función pública, como columnas de una democracia participativa como la que estamos ejerciendo por fin en nuestro país.

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