1 noviembre, 2014

MAPUTO (MOZAMBIQUE) – Las economías de África subsahariana experimentaron un auge en los últimos años. Sin embargo, las cifras en los titulares, a menudo, enmascaran problemas a largo plazo, en particular, una dependencia excesiva de los recursos naturales y desigualdades crónicas. Estos problemas incluyen el hecho de que el crecimiento sostenible sería alcanzable, pero solo si se hace uso de la mayor reserva de energía y creatividad del continente: las mujeres y niñas africanas.

Los expertos en salud y desarrollo, los economistas, las organizaciones no gubernamentales, los organismos de las Naciones Unidas y los bancos están de acuerdo en que la clave para liberar el potencial de África recae en la expansión de la educación, la libertad y las oportunidades de trabajo de las mujeres. Hoy en día, no solamente se espera que muchas mujeres africanas cumplan con los roles tradicionales, como, por ejemplo, criar a los hijos y cuidar de los ancianos, sino que se espera más de ellas. Sin embargo, estas mujeres también se enfrentan a la discriminación legal y social con respecto a la propiedad de tierras y bienes, los derechos a recibir herencias, la educación y el acceso al crédito y a la tecnología, además de que sufren costumbres sexuales opresivas y violencia.

No obstante, la igualdad de género es necesaria para el bienestar del continente. Hay que considerar el apremiante problema de la seguridad alimentaria. Las mujeres constituyen la mitad de la fuerza laboral del sector de la agricultura, ya que ellas cultivan, venden, compran y preparan alimentos para sus familias. Los estudios sugieren que el acceso equitativo a los recursos aumentaría la producción agrícola en un 20% a 30%, compensando los efectos de la sequía y el cambio climático. El acceso a la educación, capital, mercados y tecnologías permitiría que las mujeres procesen, empaqueten y comercialicen sus productos, en especial para su consumo por parte de la creciente clase media de África, reforzando tanto las ganancias como los suministros de alimentos.

La agricultura es solo un ejemplo. Una mayor participación de las mujeres en ocupaciones dominadas por los hombres en todos los ámbitos incrementaría la productividad laboral, de manera general, hasta en un 25%. Lo mismo es cierto en cuanto a la política, ámbito donde la participación y liderazgo de un mayor número de mujeres iría a mejorar la gestión pública y los servicios públicos, tal como lo demostraron experiencias prometedoras en algunas partes de África y en otros lugares.

El primer paso para mejorar las condiciones para las mujeres debe ser el fortalecimiento de su salud y derechos sexuales y reproductivos, un ámbito de preocupación en el que África tiene algunos de los peores indicadores del mundo. En pocas palabras, las mujeres deben tener derecho a tomar decisiones, sin que medie la coerción o la violencia, sobre su sexualidad y salud, es decir, si quieren, o no, casarse, y, en caso afirmativo, cuándo y con quién quieren casarse, y si quieren o no, y cuándo quieren convertirse en madres. Esto no puede suceder, si no se proporciona a las mujeres y niñas la información, la educación y los servicios que necesitan para tomar sus propias decisiones.

Los problemas relativos a la salud sexual y reproductiva cobran a las mujeres africanas, sus familias y sus comunidades un precio enorme, pero que es en gran medida evitable. Los costos, por lo general, atacan en la flor de la vida económicamente productiva de las mujeres, devaluando sus futuras contribuciones a la sociedad. En el caso extremo, más de 400 mujeres y niñas africanas mueren cada día durante el embarazo o el parto, dejando cicatrices en sus familias y hundiendo en dificultades a los niños que sobreviven a sus muertes.

Muchas de estas muertes son causadas por los cerca de los cinco millones de abortos inseguros que se realizan anualmente en el África subsahariana. El costo para la sociedad por la pérdida de ingresos derivados de las muertes y discapacidades es de casi $1.000 millones. Casi todas estas muertes se producen en países que tienen leyes restrictivas en cuanto al aborto, leyes que los líderes africanos deberían considerar reformar, ya que es un asunto de sentido común y de justicia social.

Un punto principal de enfoque debe ser la protección de quienes son más vulnerables: las mujeres adolescentes. Más de un tercio de las niñas africanas contraen matrimonio antes de los 18 años, lo cual pone en peligro su salud, trunca su educación y reduce sus aspiraciones para el futuro. También son más propensas a morir de complicaciones relacionadas con el parto, en comparación con mujeres que tienen más años, y son más propensas a sufrir abusos. Aunque la mayoría de los Estados africanos prohíben los matrimonios precoces o forzados, el cumplimiento de dichas leyes es débil.

Las niñas africanas también tienen una vulnerabilidad desproporcionada respecto a contraer el VIH. Aproximadamente, el 90% de las mujeres embarazadas y niños que tienen VIH en todo el mundo viven en África, y, a pesar de las recientes reducciones notables en las tasas de transmisión del VIH, las adolescentes siguen teniendo más del doble de probabilidades que los varones de la misma edad en cuanto a ser portadoras del virus. Sin embargo, apenas un tercio de los jóvenes africanos saben cómo prevenir el VIH, una razón más para proporcionar educación sexual, integral y urgente.

Otra epidemia que ataca a las mujeres africanas es la violencia, que, con demasiada frecuencia, es perpetrada con impunidad. La violencia sexual se utiliza como táctica de guerra. No obstante, la violencia sexual también es una característica inquietante de la vida familiar: 37% de las mujeres africanas informan haber sido víctimas de abuso por parte su pareja. En el caso de la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, dicho tipo de violencia es aprobado culturalmente. Debemos cambiar las leyes, los sistemas judiciales y las actitudes que exoneran a los autores, y proporcionar ayuda a las víctimas.

Las actitudes pueden cambiar. Por ejemplo, la anticoncepción en el pasado fue un tema polémico. Hoy en día, la mayoría de los líderes africanos la aceptan como una inversión importante, rentable y que forma parte de las estrategias de desarrollo económico de sus países. La planificación familiar básica en 16 países del África subsahariana podría ahorrar más de $1.000 millones, solo tomando en cuenta los ahorros en costos de educación. El número de muertes maternas podría reducirse en un tercio, lo cual ahorraría millones (en los países en desarrollo, en general, los ahorros relativos a la salud de las madres y de los recién nacidos podrían llegar a $5.700 millones). Sin embargo, la triste realidad es que, a pesar del apoyo de diversos socios y donantes en el ámbito del desarrollo, la ayuda para la atención de la salud reproductiva y la planificación familiar se redujo a la mitad en la última década.

Los beneficios multiplicadores de poner fin a la discriminación legal, económica y de género son muy amplios. Tener mujeres más sanas, más ricas y mejor educadas tiende a producir familias más sanas, más ricas y con mejor educación, pues las mujeres típicamente invierten una mayor proporción de sus ingresos, en comparación con los hombres, en el bienestar de sus hijos. Ya que se prevé que la población del continente se duplicará para el año 2050, este es el mejor momento para invertir en las mujeres y las niñas. Este es un argumento tanto económico como ético.

Joaquim Chissano, expresidente de Mozambique, copreside el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). © Project Syndicate.

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