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El ‘desatino’ de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes

Actualizado el 30 de septiembre de 2013 a las 12:05 am

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El ‘desatino’ de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes

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En el 2002, el entonces diputado por el Partido Unidad Social Cristiana, Miguel Huezo Arias, presentó un proyecto para derogar el artículo 7.º de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses, nº 6.750, norma que obliga a reservar, a las instituciones públicas, un porcentaje de los presupuestos destinados a la construcción o remodelación de edificios, para adquirir obras de arte.

Según el diputado, la adquisición de obras plásticas era una disposición obsoleta, un obstáculo a las actividades productivas, mermaba la inversión en infraestructura pública y era contraria a la política de reducción del gasto público del gobierno de Abel Pacheco. La propuesta no prosperó, pero la reducción del gasto público sí, pues algunas instituciones estatales suspendieron la compra de obras de arte, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

¿Cómo surgió esa ley (“desatino” cometido por los antecesores de los actuales diputados, según un periodista de La Nación )?

Promotor de las artes. Entre 1950 y 1978 se desarrolló el llamado “Estado benefactor” o “intervencionista”, que procuró cambios económicos, políticos, sociales y culturales, así como una presencia estatal más significativa y acrecentada en dichos ámbitos.

Dentro de ese marco, a partir de 1959, el Estado comenzó a promulgar leyes y decretos ejecutivos relacionados con la cultura. En forma sistemática y coherente, se constituyó un tejido legal que se convirtió en el armazón que configuraría una política cultural por los próximos 50 años. El Estado se situó como promotor y mecenas de las artes, y así impulsó el desarrollo cultural de Costa Rica como no se dio en el resto de Centroamérica.

Las políticas culturales permitieron crear varias instituciones, a las cuales se les proveyó de edificaciones donde instalarse, y se les aseguró su permanencia por medio de presupuestos o impuestos.

Las iniciativas que se impulsaban desde un marco legal llevaban implícitas el dar a conocer a los artistas, abrirles espacios para desarrollar su labor, configurarles una reputación y formar un público que acogería la producción artística.

Los jerarcas de las diversas instituciones públicas –ya fueran de carácter cultural o no– acataron, en mayor o menor medida, las normativas promulgadas. Esto suscitó un gradual crecimiento del quehacer artístico del país: aumentaron los números de los artistas, de los museos, las galerías, las exposiciones, los certámenes y las colecciones, y se desarrolló un mercado del arte.

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Recursos valiosos. Dentro de ese engranaje, las leyes 5.176 (antecedente de la 6.750), 6.091 (creó el Museo de Arte Costarricense) y 6.750 encauzaron y apremiaron a las instituciones públicas a convertirse en coleccionistas de arte.

De esa manera, el Estado se volvió el coleccionista de arte más destacado del país.

Tres instituciones públicas conformaron un patrimonio sobresaliente: la CCSS, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS). Tanta fue su disposición hacia el ámbito del coleccionismo que las dos últimas crearon sus propios museos. Además, están las colecciones del Museo de Arte Costarricense, y del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.

En las cinco instituciones, el patrimonio económico que ha reunido el país es sustancial y puede apreciarse como una muy acertada inversión financiera, pues son bienes que no se deprecian, sino que, por el contrario, se revalorizan con el transcurso del tiempo.

Además, dichos bienes artísticos son recursos que pueden generar réditos estimables, como, por ejemplo, en relación con el turismo cultural. Aparte de esta perspectiva económica, se debe apuntar y destacar enfáticamente su valor patrimonial y sus implicaciones de identidad para los costarricenses.

Importante continuidad. Para un país subdesarrollado como Costa Rica, la intervención sistemática del Estado ha sido determinante en el desarrollo de la cultura. Desde el Estado se idearon, desarrollaron y pusieron en práctica políticas culturales que condujeron a fortalecer una estructura orientada a apoyar el desenvolvimiento de la cultura.

Esa actitud fue y será fundamental, pues, por razones económicas y de tradición histórica, es más difícil que el sector privado promueva actividades culturales en forma continua y a largo plazo. Sin la disposición estatal por definir una política cultural, el desenvolvimiento de la cultura del país hubiera sido muy restringido.

En las últimas décadas, los esfuerzos por limitar la intervención estatal en los diferentes ámbitos han logrado tener repercusiones, tal como se ha mani-festado en la reducción o la suspensión de la compra de obras de arte.

A pesar de estas vicisitudes, aun hoy se sigue percibiendo la proyección del Estado y su resistencia a abandonar por completo su papel de mecenas de las artes. En los próximos meses, con el resultado de la impugnación de la ley 6.750, el desenlace de esta postura se determinará en forma más evidente (o dramática) para las artes visuales y, en general, para el quehacer cultural del país.

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